/ miércoles 29 de agosto de 2018

Yo, ¿especialista en aeropuertos?

A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de hacer en avioneta o en avión algunos vuelos nacionales y otros internacionales. He llegado o salido —o ambas cosas— de grandes aeropuertos de Canadá, Estados Unidos, Europa, del Caribe y Sudamérica. Desde luego podría mencionar algunas cosas de ellos: su belleza, comodidad, la señalización para facilitar al viajero su tránsito, sus restoranes y tiendas; pero mi ignorancia es absoluta sobre los aspectos técnicos de su edificación, costos, financiación y demás elementos que en su momento, sirvieron para tomar la decisión que se construyeran donde están y no en otro lado. De todos los mexicanos según leí hace poco, 70% nunca ha viajado en avión; el otro 30% lo ha hecho esporádicamente. Entonces, construir un aeropuerto en un lugar u otro debe ser una decisión política pero no caprichosa, sino escuchando y ponderando la opinión de los técnicos y a quienes van a arriesgar su dinero en una obra de la magnitud del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. El futuro presidente de este país ya anunció formalmente (Reforma, 27/8/18) que va a someter a consulta pública si el nuevo aeropuerto se hace en Texcoco o en Santa Lucía, y que él no va a inclinar la balanza, que va a actuar con imparcialidad, que no va a influir. Veamos. En primer lugar debe apuntarse que esta consulta carece de todo fundamento constitucional y legal. Y por cuanto a que no va a inclinar la balanza, ya todo mundo sabe que su opinión es cancelar la obra de Texcoco en proceso, y en la que por cierto se ha invertido a la fecha 60 mil millones de pesos que no es poca cosa. El 53% de los votos emitidos el 1 de julio anterior fueron para AMLO, y eso lo obliga a partir de diciembre próximo, a tomar las mejores decisiones que al país convengan. Claro, con el apoyo de quienes más saben en cada área de la administración pública. Éste es un privilegio, pero también una obligación irrenunciable. El presidente no puede renunciar a tomar las decisiones que legalmente le corresponden; tampoco trasladar la responsabilidad “al pueblo” que como yo, nada sabemos de los aspectos técnicos y financieros de un aeropuerto. ¿Acaso sería ético y lógico que un neurocirujano sometiera a votación de la colonia donde vive un paciente, para que la mayoría decida si lo opera o no de un tumor cerebral?

Yo no saldré a votar sobre este asunto por dos razones: mi ignorancia sobre lo planteado, y porque de antemano se conoce la decisión de AMLO.


A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de hacer en avioneta o en avión algunos vuelos nacionales y otros internacionales. He llegado o salido —o ambas cosas— de grandes aeropuertos de Canadá, Estados Unidos, Europa, del Caribe y Sudamérica. Desde luego podría mencionar algunas cosas de ellos: su belleza, comodidad, la señalización para facilitar al viajero su tránsito, sus restoranes y tiendas; pero mi ignorancia es absoluta sobre los aspectos técnicos de su edificación, costos, financiación y demás elementos que en su momento, sirvieron para tomar la decisión que se construyeran donde están y no en otro lado. De todos los mexicanos según leí hace poco, 70% nunca ha viajado en avión; el otro 30% lo ha hecho esporádicamente. Entonces, construir un aeropuerto en un lugar u otro debe ser una decisión política pero no caprichosa, sino escuchando y ponderando la opinión de los técnicos y a quienes van a arriesgar su dinero en una obra de la magnitud del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. El futuro presidente de este país ya anunció formalmente (Reforma, 27/8/18) que va a someter a consulta pública si el nuevo aeropuerto se hace en Texcoco o en Santa Lucía, y que él no va a inclinar la balanza, que va a actuar con imparcialidad, que no va a influir. Veamos. En primer lugar debe apuntarse que esta consulta carece de todo fundamento constitucional y legal. Y por cuanto a que no va a inclinar la balanza, ya todo mundo sabe que su opinión es cancelar la obra de Texcoco en proceso, y en la que por cierto se ha invertido a la fecha 60 mil millones de pesos que no es poca cosa. El 53% de los votos emitidos el 1 de julio anterior fueron para AMLO, y eso lo obliga a partir de diciembre próximo, a tomar las mejores decisiones que al país convengan. Claro, con el apoyo de quienes más saben en cada área de la administración pública. Éste es un privilegio, pero también una obligación irrenunciable. El presidente no puede renunciar a tomar las decisiones que legalmente le corresponden; tampoco trasladar la responsabilidad “al pueblo” que como yo, nada sabemos de los aspectos técnicos y financieros de un aeropuerto. ¿Acaso sería ético y lógico que un neurocirujano sometiera a votación de la colonia donde vive un paciente, para que la mayoría decida si lo opera o no de un tumor cerebral?

Yo no saldré a votar sobre este asunto por dos razones: mi ignorancia sobre lo planteado, y porque de antemano se conoce la decisión de AMLO.