Con una trayectoria en la función pública marcada por escándalos y acusaciones de corrupción y a punto de concluir su periodo como Consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez fue suspendida de sus funciones en tanto solventa una investigación relacionada con enriquecimiento ilícito.
El hecho periodístico que se dio a conocer este miércoles, me llevó a recordar el librito “Patas arriba. La escuela del mundo al revés”, de Eduardo Galeano, quien abre así la obra: “Hace ciento treinta años, después de visitar el país de las maravillas Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con asomarse a la ventana”.
El ejemplo es claro: una comisionada de una institución que se dedica a promover la transparencia de las instituciones que a su vez no es transparente y que se niega a presentar su Declaración Patrimonial, porque en su carrera dentro de la función pública habría logrado acumular casas y terrenos en Coatepec y Baja California Sur.
No cabe duda que vivimos en el mundo del “oxímoron”, por utilizar esta figura retórica del lenguaje en donde dos términos se contraponen, como “democracia dirigida”, “fuego helado”, “luz oscura”, “transparencia opaca”.
En el caso de la comisionada Yolli García, fue el mismo Órgano Interno de Control del IVAI el que impuso esta medida cautelar, ya que la señora se negó a entregar su Declaración Patrimonial, tal y como lo mandata la ley, argumentando que ya había cumplido esa obligación ante el Congreso del Estado de Veracruz, hace seis años, cuando asumió el cargo.
Por ello, el Órgano Interno de Control, dentro del expediente OIC/IMC/001/2020, del 12 de marzo de 2020, señala que luego de la investigación que realizara el doctor Alfonso Velásquez Trejo, se determinó ante el Titular de la Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación del Órgano Interno de Control del IVAI, la responsabilidad administrativa de la maestra Yolli García Álvarez, por lo que se solicitó la imposición de la medida cautelar de “suspensión temporal”.
La Consejera del IVAI —y aspirante a Consejera del Instituto Nacional Electoral— tendrá que responder el por qué ha querido ocultar su Declaración Patrimonial actual, ya que en la investigación se le descubrieron al menos cinco propiedades: una casa y tres terrenos en la localidad La Orduña, en el municipio de Coatepec; y una casa en el estado de Baja California Sur.
La investigación interna detectó que en agosto del 2019, presuntamente la consejera del IVAI compró la casa marcada con el número 7 de la calle Liquidámbar en Residencial La Orduña, en Coatepec.
Al mismo tiempo, en ese municipio adquirió los lotes 3 y 4 de la Manzana 8 de la calle Eucalipto esquina Fresno Parque San Andrés; y uno más en la Privada del Ajonjolí en Camino a La Orduña.
En su patrimonio figura también una casa que compró en La Paz, Baja
California Sur, en diciembre de 2014, unos meses después de su llegada al
Consejo General del IVAI, cuya operación quedó inscrita en el Registro Público
de la Propiedad de ese estado, en el instrumento 435 vol. 289.
En esa entidad posee cuando menos otra residencia desde el 2009, inscrita en el instrumento 994 vol. 312.
En su defensa, la comisionada buscó un amparo federal, sin embargo, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz le negó la suspensión provisional, con lo que la servidora pública pretendía revertir o dejar sin efecto la medida cautelar que impuso el Órgano Interno de Control del IVAI.
De acuerdo con el expediente 185/2020, la comisionada fue notificada del acuerdo en el que le niegan la suspensión provisional del amparo que interpuso desde el pasado 13 de marzo.
Ahí mismo se indica que los actos reclamados son: “La imposición de la medida cautelar consistente en la suspensión temporal como servidora que venía desempeñándose como Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”.
Además, del expediente se desprende que fijaron dos fechas de audiencia, el 30 de marzo y 27 de abril, para analizar de fondo la demanda de amparo.
La funcionaria tendrá que aclarar ampliamente este proceso administrativo en el que está involucrada, porque su actuación pone en entredicho a la institución encargada de transparentar el desempeño de la función pública. Ya veremos.
Nos vemos LOS JUEVES
valeramk@hotmail.com
