Cuatro días después del acuerdo que aprobó la Diputación Permanente del Congreso local para separar temporalmente de la Fiscalía General del Estado a Jorge Winckler —quien actualmente anda a salto de mata y con un amparo federal bajo el brazo temeroso de ser aprehendido—, su antecesor Luis Ángel Bravo Contreras le mandó el siguiente mensaje por WhatsApp al abogado yunista: “Créeme que lo que te está pasando me duele por tu familia. El daño que me hiciste ya lo perdoné. Te incluyo en mis oraciones. Lo que hicieron tú y Yunes no tuvo madre, pero los perdono.”
Un mensaje parecido le envió también a Marcos Even Torres, el fiscal anticorrupción. “Nada más quería que sepas que estás incluido en mis oraciones. Lo que hicieron conmigo no tuvo madre. Pero te juro que los perdono. Que Dios los llene de fortaleza y sabiduría”, le escribió Bravo.
Quién sabe de qué esté enterado el exfiscal duartista —quien fue detenido en junio de 2018 y en mayo pasado fue amparado para que continúe su proceso en libertad—, pero de algo grave debió percatarse para que ahora se conduela de la situación que actualmente enfrentan sus victimarios.
Y es que nada bueno se presagia para Winckler y Even Torres ante la evidente debacle del grupo yunista que de manera arbitraria y mediante coacción los había llevado y sostenido en la Fiscalía, desde donde presionaron y persiguieron a los adversarios políticos que podrían interponerse al proyecto sucesorio del exmandatario Miguel Ángel Yunes Linares que pretendía imponer a su primogénito en la gubernatura.
Este domingo, por ejemplo, este mismo grupo recibió otro contundente golpe político con la derrota de su candidato Pepe Mancha Alarcón en la elección interna del PAN, resultado que obviamente repercutirá también en el control del grupo legislativo del partido blanquiazul en el Congreso del estado y que desde la Legislatura anterior está en manos del diputado Sergio Hernández, otro de sus peones.
Ayer, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, declaró que la CEDH interpuso dos denuncias en contra de servidores públicos que violaron los derechos humanos de manera grave durante la pasada administración.
La titular de la CEDH no dio detalles sobre estos casos, pero desde mayo de este año ya había dado a conocer una investigación sobre tortura contra Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales de la FGE, por lo que el abogado defensor del exfuncionario, Jorge Reyes Peralta, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del exgobernador Yunes Linares, del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, y de los fiscales Luis Eduardo Coronel y Marcos Even Torres.