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Demanda IP ley de mejora regulatoria

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó al Presidente de la República que envíe al Congreso de la Unión la propuesta de Ley General de Mejora Regulatoria “con carácter de Iniciativa Preferente”, a fin de que el Poder Legislativo atienda con inmediatez la implementación de la Reforma Constitucional sobre este tema.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, recordó que el pasado 5 de febrero, en el marco del centenario de la Constitución, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de Mejora Regulatoria, misma que señala un término perentorio de 180 días para que el Congreso de la Unión emita la Ley General de Mejora Regulatoria. Este plazo vence el próximo 7 de agosto.

“Es el momento de que los actores políticos entiendan la urgente necesidad de una mejora regulatoria integral que permita mejorar la competitividad, incrementar la productividad, fomentar la inversión y disminuir las prácticas de corrupción”, acentuó el dirigente.

“Por ello -añadió-, ante el próximo vencimiento del plazo establecido para la emisión de la Ley General de Mejora Regulatoria y el inminente incumplimiento del Congreso de la Unión de sus deberes constitucionales, desde la Coparmex solicitamos al Presidente de la República, que haciendo uso de su facultad constitucional envíe al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, con el carácter de Iniciativa Preferente, la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria, de tal forma que el Poder Legislativo atienda con inmediatez la implementación de la Reforma Constitucional”.

De acuerdo el líder, dicha Ley General de Mejora Regulatoria deberá de contener, cuando menos, elementos tales como: 

“Primero, un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios; segundo, la creación de un Observatorio Ciudadano de la Mejora Regulatoria; tercero, la implementación de un mecanismo de atención eficaz y expedito a la queja ciudadana; cuarto, un Padrón nacional de verificadores; quinto, la homologación de criterios de verificación; sexto, un informe previo de regulaciones a modificar; y séptimo, un expediente único en todo el país para la realización de trámites, entre otros”.

Se requiere de voluntad política y visión de Estado para hacer que la reforma constitucional en materia regulatoria y su ley general, sea una de las herramientas fundamentales para detonar el desarrollo y el bienestar del país, dijo De Hoyos Walther.