/ sábado 8 de junio de 2019

Empresas piden obras y pagos

Piden participar en el programa de adquisiciones y obra pública, bajo condiciones especiales

De 110 empresas con adeudos, afiliadas a la organización Empresas SOS, sólo 24 ha recibido pagos en esta administración. Se ha liquidado sólo el 40% de lo comprometido, advirtió el empresario Jesús Castañeda Nevárez.

Entrevistado ayer señaló que solicitan que se considere a las empresas afiliadas a esa asociación, para ser invitadas a participar en el programa de adquisiciones y obra pública, bajo condiciones especiales, dado el agravio que han sufrido por parte del gobierno.

Indicó que ayudaría que puedan tener una reunión de trabajo con los representantes gubernamentales para aclarar puntos y ver la forma en que se pueda acelerar el proceso.

Dijo que hay casos de dictámenes positivos en la Sefiplan, pero los pagos correspondientes aún no se consiguen, sin que tengan una explicación de ello.

Remarcó que han recibido pagos sólo 24 empresas de 110 y con un monto que no llega al 40% de lo prometido.

Castañeda Nevárez comentó que hace exactamente un mes, el 24 de abril, se firmó una minuta de trabajo con representantes de la Subsecretaría de Gobierno y la Sefiplan, en la que tuvieron varios acuerdos, entre los que destacan la asignación de doce millones al 30 de abril y tres más al 6 de mayo, para sumar 15 millones de pesos para efectuar pagos o abonos a las empresas que tuvieran dictamen positivo.

A la fecha son 25 las empresas que han recibido un abonito, lo que representa la cuarta parte del total del listado de Empresas SOS, pero el monto pagado no llega a los 7 millones de pesos de los 15 millones comprometidos.

Agregó que tienen algunos casos emblemáticos que representan la mayor vergüenza para el gobierno por no haber dado respuesta a un pago de 33 mil pesos, a pesar de que varios funcionarios han asumido su compromiso de que se pagará.

Expuso que el tema de los dictámenes ha sido demasiado lento y han detectado un exagerado temor de los funcionarios de las Unidades

Administrativas y de los Órganos Internos de Control, respecto a la responsabilidad que sobre ellos recae en caso de un dictamen mal determinado.

Remarcó que se ha exagerado el criterio de aplicación de lo dispuesto en el Código Financiero. En el Artículo 182 se señala que al tratarse de operaciones con cargo a partidas de dos o más ejercicios presupuestales, se desglosarán los montos que correspondan a cada uno de ellos.

Dijo que en el caso de que las unidades presupuestales requieran efectuar erogaciones por concepto de adeudos provenientes de ejercicios anteriores, los pagos se harán conforme a los montos establecidos con cargo a las partidas de gasto que correspondan y estén previstas en el presupuesto vigente, sin que su pago implique la asignación de recursos adicionales, siempre que se cumplan las reglas establecidas en la Ley de Disciplina.

Explicó que la procedencia de los pagos señalados en los párrafos anteriores será verificada por los órganos de control de las unidades presupuestales.

Ante todas las situaciones que impiden el pago, dijo que proponen que se considere el verdadero sentido de lo establecido en el Artículo 182 del Código Financiero. Que se establezcan criterios que hagan flexible el proceso de Verificación considerando la posible falta de documentos que por el desorden de la administración Duarte – Yunes pudiera obstaculizar en perjuicio de las empresas. Y que en los casos en que no se tenga la documentación completa se permita al empresario volver a entregarla, porque son las autoridades quien han sido desorganizados con la información que se les entregó.

I Debe emitirse un documento con los puntos base de la verificación que dé certidumbre

II Que se establezca un compromiso de pago bajo calendario

De 110 empresas con adeudos, afiliadas a la organización Empresas SOS, sólo 24 ha recibido pagos en esta administración. Se ha liquidado sólo el 40% de lo comprometido, advirtió el empresario Jesús Castañeda Nevárez.

Entrevistado ayer señaló que solicitan que se considere a las empresas afiliadas a esa asociación, para ser invitadas a participar en el programa de adquisiciones y obra pública, bajo condiciones especiales, dado el agravio que han sufrido por parte del gobierno.

Indicó que ayudaría que puedan tener una reunión de trabajo con los representantes gubernamentales para aclarar puntos y ver la forma en que se pueda acelerar el proceso.

Dijo que hay casos de dictámenes positivos en la Sefiplan, pero los pagos correspondientes aún no se consiguen, sin que tengan una explicación de ello.

Remarcó que han recibido pagos sólo 24 empresas de 110 y con un monto que no llega al 40% de lo prometido.

Castañeda Nevárez comentó que hace exactamente un mes, el 24 de abril, se firmó una minuta de trabajo con representantes de la Subsecretaría de Gobierno y la Sefiplan, en la que tuvieron varios acuerdos, entre los que destacan la asignación de doce millones al 30 de abril y tres más al 6 de mayo, para sumar 15 millones de pesos para efectuar pagos o abonos a las empresas que tuvieran dictamen positivo.

A la fecha son 25 las empresas que han recibido un abonito, lo que representa la cuarta parte del total del listado de Empresas SOS, pero el monto pagado no llega a los 7 millones de pesos de los 15 millones comprometidos.

Agregó que tienen algunos casos emblemáticos que representan la mayor vergüenza para el gobierno por no haber dado respuesta a un pago de 33 mil pesos, a pesar de que varios funcionarios han asumido su compromiso de que se pagará.

Expuso que el tema de los dictámenes ha sido demasiado lento y han detectado un exagerado temor de los funcionarios de las Unidades

Administrativas y de los Órganos Internos de Control, respecto a la responsabilidad que sobre ellos recae en caso de un dictamen mal determinado.

Remarcó que se ha exagerado el criterio de aplicación de lo dispuesto en el Código Financiero. En el Artículo 182 se señala que al tratarse de operaciones con cargo a partidas de dos o más ejercicios presupuestales, se desglosarán los montos que correspondan a cada uno de ellos.

Dijo que en el caso de que las unidades presupuestales requieran efectuar erogaciones por concepto de adeudos provenientes de ejercicios anteriores, los pagos se harán conforme a los montos establecidos con cargo a las partidas de gasto que correspondan y estén previstas en el presupuesto vigente, sin que su pago implique la asignación de recursos adicionales, siempre que se cumplan las reglas establecidas en la Ley de Disciplina.

Explicó que la procedencia de los pagos señalados en los párrafos anteriores será verificada por los órganos de control de las unidades presupuestales.

Ante todas las situaciones que impiden el pago, dijo que proponen que se considere el verdadero sentido de lo establecido en el Artículo 182 del Código Financiero. Que se establezcan criterios que hagan flexible el proceso de Verificación considerando la posible falta de documentos que por el desorden de la administración Duarte – Yunes pudiera obstaculizar en perjuicio de las empresas. Y que en los casos en que no se tenga la documentación completa se permita al empresario volver a entregarla, porque son las autoridades quien han sido desorganizados con la información que se les entregó.

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