/ viernes 29 de octubre de 2021

Indemnización a privados por reforma eléctrica sería pagada en siguiente administración

Expertos adviertes que los costos que generará la cancelación de contratos con privados serán pagados por el siguiente gobierno federal

Las indemnizaciones que deberá pagar el Gobierno de México a privados por cancelar los contratos que celebraron privados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la más reciente reforma eléctrica serán pagadas por la siguiente administración pública y no la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lucía Ojeda, socia de SAI Derecho & Economía, advirtió que el Estado mexicano enfrentará juicios nacionales y arbitrajes internacionales por parte de todos los que se sientan afectados por estos cambios en el sistema eléctrico, los cuales no se resolverán en el corto plazo.

Es una deuda que se le va a dejar al futuro impresionante porque efectivamente los paneles no son necesariamente inmediatos. Estaremos pensando que en tres o cuatro años a lo mejor tendrán indemnización (las empresas) lo que significa que no va a ser este gobierno el que lo va a pagar, sino que lo va a pagar el próximo gobierno”, comentó durante el Diálogo Abierto sobre la reforma Eléctrica organizado por la Coparmex.

Abundó que no sólo generarán adeudos por indemnizaciones por 44 mil millones de dólares como calculó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de resolverse a favor de los privados los litigios nacionales e internacionales, sino que se deberán de sumar todos los costos por representación legal en los que incurrirá el gobierno mexicano para defenderse legalmente.

Ojeda también explicó que los arbitrajes y litigios no sólo podrán ser solicitados por las empresas afectadas, sino que también pueden pedirlo los fondos y bancas que financiaron los proyectos de generación privados, al afectar los contratos y con ello su capacidad de pago, así como todos los inversionistas que se quieran sumar.

José Mario de la Garza, consejero delegado de Litigio Estratégico de Coparmex, señaló que a estos costos económicos se deben sumar las pérdidas de las empresas establecidas en México por no poder desarrollar sus modelos de negocios, que dijo “es otra cantidad que no está cuantificada”.

Además, estimó que también se añadirán costos por demandas de los trabajadores que posiblemente perderán su empleo por despidos de empresas que ya no puedan continuar en el mercado eléctrico nacional.

El CCE también estimó un boquete a las finanzas públicas y la economía nacional, donde el costo de producción total subiría 62 mil 100 millones de pesos anuales, en conjunto con el subsidio eléctrico los sobrecostos alcanzarían 1.4 billones de pesos.

Por su parte, el exconsejero presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Francisco Salazar Diez de Sollano, subrayó que la reforma eléctrica traerá cambios en el despacho de la electricidad, lo cual aumentará el costo de la adquisición de energía por alrededor de tres mil millones de dólares por año.

“Pero no es el único efecto que hay que considerar; otro impacto es en competitividad. Es un impacto directo porque como están estructuradas las tarifas tendría que ser asumido fundamentalmente por los usuarios industriales y comerciales”, comentó.

Explicó que el propio presidente de México se comprometió a no subir la tarifa doméstica por lo que en esta lógica serán la industria y el comercio quienes asuman el costo de los tres mil millones de dólares año con año, cuando anteriormente obtenían ahorros de entre 15 y 30 por ciento por generar su propia energía.

Agregó que el gobierno federal tendrá que invertir mayores recursos presupuestales para satisfacer el crecimiento de la demanda de generación que tendrá que ser cubierto por la CFE al privilegiar sus plantas en el despacho de la luz, lo cual dijo es un costo estimado en siete mil millones de dólares.

Sobre los litigios dijo que algunas estimaciones apuntan a los 800 mil millones de pesos y enfatizó que también habrá una caída en la recaudación derivada del incremento de los costos para la industria manufacturera.

“Habrá una disminución en la demanda, generará un impacto negativo, una reducción en utilidades también generará pérdida en la recaudación fiscal. Por todas partes veremos este tipo de impactos”, expresó.



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Las indemnizaciones que deberá pagar el Gobierno de México a privados por cancelar los contratos que celebraron privados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la más reciente reforma eléctrica serán pagadas por la siguiente administración pública y no la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lucía Ojeda, socia de SAI Derecho & Economía, advirtió que el Estado mexicano enfrentará juicios nacionales y arbitrajes internacionales por parte de todos los que se sientan afectados por estos cambios en el sistema eléctrico, los cuales no se resolverán en el corto plazo.

Es una deuda que se le va a dejar al futuro impresionante porque efectivamente los paneles no son necesariamente inmediatos. Estaremos pensando que en tres o cuatro años a lo mejor tendrán indemnización (las empresas) lo que significa que no va a ser este gobierno el que lo va a pagar, sino que lo va a pagar el próximo gobierno”, comentó durante el Diálogo Abierto sobre la reforma Eléctrica organizado por la Coparmex.

Abundó que no sólo generarán adeudos por indemnizaciones por 44 mil millones de dólares como calculó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de resolverse a favor de los privados los litigios nacionales e internacionales, sino que se deberán de sumar todos los costos por representación legal en los que incurrirá el gobierno mexicano para defenderse legalmente.

Ojeda también explicó que los arbitrajes y litigios no sólo podrán ser solicitados por las empresas afectadas, sino que también pueden pedirlo los fondos y bancas que financiaron los proyectos de generación privados, al afectar los contratos y con ello su capacidad de pago, así como todos los inversionistas que se quieran sumar.

José Mario de la Garza, consejero delegado de Litigio Estratégico de Coparmex, señaló que a estos costos económicos se deben sumar las pérdidas de las empresas establecidas en México por no poder desarrollar sus modelos de negocios, que dijo “es otra cantidad que no está cuantificada”.

Además, estimó que también se añadirán costos por demandas de los trabajadores que posiblemente perderán su empleo por despidos de empresas que ya no puedan continuar en el mercado eléctrico nacional.

El CCE también estimó un boquete a las finanzas públicas y la economía nacional, donde el costo de producción total subiría 62 mil 100 millones de pesos anuales, en conjunto con el subsidio eléctrico los sobrecostos alcanzarían 1.4 billones de pesos.

Por su parte, el exconsejero presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Francisco Salazar Diez de Sollano, subrayó que la reforma eléctrica traerá cambios en el despacho de la electricidad, lo cual aumentará el costo de la adquisición de energía por alrededor de tres mil millones de dólares por año.

“Pero no es el único efecto que hay que considerar; otro impacto es en competitividad. Es un impacto directo porque como están estructuradas las tarifas tendría que ser asumido fundamentalmente por los usuarios industriales y comerciales”, comentó.

Explicó que el propio presidente de México se comprometió a no subir la tarifa doméstica por lo que en esta lógica serán la industria y el comercio quienes asuman el costo de los tres mil millones de dólares año con año, cuando anteriormente obtenían ahorros de entre 15 y 30 por ciento por generar su propia energía.

Agregó que el gobierno federal tendrá que invertir mayores recursos presupuestales para satisfacer el crecimiento de la demanda de generación que tendrá que ser cubierto por la CFE al privilegiar sus plantas en el despacho de la luz, lo cual dijo es un costo estimado en siete mil millones de dólares.

Sobre los litigios dijo que algunas estimaciones apuntan a los 800 mil millones de pesos y enfatizó que también habrá una caída en la recaudación derivada del incremento de los costos para la industria manufacturera.

“Habrá una disminución en la demanda, generará un impacto negativo, una reducción en utilidades también generará pérdida en la recaudación fiscal. Por todas partes veremos este tipo de impactos”, expresó.



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