Ciudad de México (Notimex).- El 80% de los ejecutivos de empresas mexicanas afirman que su protección contra la inseguridad cibernética está por encima del promedio y 42% considera que están entre “las compañías mejor preparadas” en comparación con sus competidores.
De acuerdo con una encuesta realizada por la firma de investigación y consultoría Ovum para la compañía de analítica de Silicon Valley, FICO, los proveedores de venta minorista y comercio electrónico fueron las que más confianza mostraron, ya que 47% afirmó que su compañía era una de las mejor preparadas.
Mientras que 41% dijo que su compañía estaba por encima del promedio, seguido de servicios financieros, con 40% que consideró que su compañía es una de las mejor preparadas y 47% que su empresa estaba por encima del promedio.
Los encuestados con menos confianza —o los más realistas— fueron los de la industria de telecomunicaciones y servicios de Tecnología de la Información (TI), donde 35% dijo que su compañía era una de las mejor preparadas, y sólo 24% que estaba por encima del promedio.
FICO destacó que a pesar de ese nivel de confianza, sólo 30% de las empresas están realizando evaluaciones más detalladas de sus riesgos de ciberseguridad.
“Nuestra encuesta muestra que los líderes en la mayoría de las compañías mexicanas consideran que su seguridad es mejor que la de sus competidores —pero no todos pueden ser el mejor—“, dijo Alexandre Graff, vicepresidente y director general de FICO para Latinoamérica y el Caribe.
Comentó que muchas empresas no cuentan con una buena manera de evaluar su seguridad ni conocen su grado de vulnerabilidad. "Sin eso, las compañías se sienten muy seguras, pero la ciberseguridad requiere una estrategia realista”.
Ovum llevó a cabo la encuesta para FICO a través de entrevistas telefónicas entre 500 ejecutivos, principalmente del área de TI, en compañías del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Alemania, India, Finlandia, Noruega, Suecia y Sudáfrica.
Los encuestados representaron a compañías de servicios financieros, telecomunicaciones, venta minorista y comercio electrónico, energía y servicios públicos.