Basta con leer los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política Federal, para comprender el origen popular de la soberanía nacional. El primer precepto dice: “Todo Poder Público” dimana del pueblo y se instituye para su beneficio (jamás para perjudicar al pueblo). Luego entonces existe un mal entendido en quien pretende “desunir y confrontar los Poderes de la Unión”, porque atenta contra la decisión soberana del pueblo.
México es una República representativa, democrática, laica y federal; definición contenida en el artículo 40 constitucional. Los Estados y Municipios son partes que componen el estado mexicano y por estar unidos en una Federación, el respeto entre poderes y con los otros órdenes de gobierno, resulta fundamental para mantener la unidad nacional.
Los Poderes del Estado y los órdenes de gobierno, constituyen la República cuya vida institucional se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se colige que los depositarios de los Tres Poderes de la Unión, se deben respeto y están obligados a trabajar cada uno en la esfera de su competencia, sin intromisión y sin atropello o confrontación, que ponga en riesgo el equilibrio constitucional entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
No basta el arraigo popular, el liderazgo, el poder sobre las masas, que representan treinta y un millones de votos; en un país de ciento treinta millones de habitantes. Eso no es suficiente para pasar por encima del mandato constitucional. Menos para pensar que México se ha convertido en el país de un solo hombre, por más que sus intenciones fueran para despojar a los ricos y resarcir a los pobres, mediante una justicia redistributiva de la riqueza.
Primero fue la confrontación del titular del Poder Ejecutivo, por la designación de los “súper delegados” en las entidades federativas, quienes al controlar el dinero de las partidas federales a estados y municipios, mermarían las potestades políticas de gobernadores y alcaldes, convirtiendo el régimen federal en centralista, con violación del Pacto Federal vigente desde 1824.
Ahora es la confrontación que se da con el Poder Judicial de la Federación, representado por los ministros, magistrados y jueces que imparten la justicia en juzgados y tribunales federales y en la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diálogo y concertación podrían evitar que las pasiones se desborden y finalmente pierda la gobernabilidad democrática.
