Coatzacoalcos, Ver.- Por incumplimiento en el pago de una obrapública, el Tribunal Contencioso Administrativo impuso sanción de100 días de salario mínimo a ediles. Les reitera que si hayincumplimiento del dictamen vendrá la destitución del tesoreromunicipal y tendrían que presentarse a la Fiscalía Especializadapor hechos de corrupción, en caso de no enmendarirregularidades.
Los Fondos de Infraestructura Social Municipal permiten, deacuerdo con la legislación, el cumplimiento de determinacionesjudiciales, puntualizan magistrados del Tribunal ContenciosoAdministrativo ante la acción del alcalde Joaquín Caballero deenajenar el patrimonio del municipio para cubrir adeudos.
En el Toca 29/2016, los magistrados Leonardo Cruz Casas, JoséLuis Ocampo López y Emma Rodríguez Cañada de Palacios emitieronuna nueva resolución en torno al incumplimiento de pago delayuntamiento de Coatzacoalcos sobre una obra de infraestructurarealizada y concluida desde hace tres años.
El desacato al incumplimiento de pago los hizo acreedores a unasanción administrativa de 100 días de salario mínimo, quedeberá hacer efectiva la oficina de Hacienda del Estado, según ladeterminación judicial.
Los magistrados reiteran al edil y su comuna en pleno lanecesidad de cubrir el pago de la obra pública solicitada,indicándole que un nuevo desacato traería consigo la destitucióndel tesorero municipal, Alfonso Morales Bustamante, así como lavisita a la Fiscalía Especializada por Hechos de Corrupción ycometidos por los servidores públicos en turno.
El ayuntamiento de Coatzacoalcos adeuda 3 millones 185 mil 709pesos con 81 centavos desde hace tres años a la empresa Pluvialesdel Golfo, representada por Marco Antonio Madrazo Carreón, pero elgobierno municipal se ha rehusado a hacer efectivo el pagoaduciendo la falta de recursos.
Al respecto, los magistrados le recuerdan que los Recursos delFondo Social Municipal son participaciones que pueden serutilizadas para la satisfacción de sus requerimientos deconformidad con el artículo 37 de la ley de coordinaciónfiscal.
Los magistrados le precisan que en ese sentido el gobiernomunicipal no requiere pedir autorización al Congreso del Estadopara tomar esos recursos, pero haciendo los ajustescorrespondientes con sus comisiones municipales de Hacienda.
Concluyen los magistrados del Tribunal ContenciosoAdministrativo que no hay justificación legal para que el gobiernomunicipal argumente falta de disponibilidad de recursos para nocumplir la sentencia.
