/ miércoles 28 de abril de 2021

A 9 años del asesinato de Regina Martínez, exigen que se reabra el caso

Con una manifestación en la plaza Lerdo, periodistas de la entidad exigieron a las autoridades estatales y federales reabrir el caso

Periodistas de la entidad exigieron a las autoridades estatales y federales reabrir el caso de la periodista Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012 en su domicilio, ubicado en la capital veracruzana.

Con una manifestación se recordó que se tienen 9 años de impunidad y 5 meses de silencio, dado que aunque en noviembre del año pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a reabrir el caso y resolverlo, a la fecha no ha cumplido.

“El 19 de noviembre de 2020 en la conferencia matutina el Presidente asumió el compromiso de abrir el expediente y esclarecer el homicidio, aseguró que conocía a la periodista, quien lo acompañó en sus giras por Veracruz y que era incorruptible, hizo el compromiso de resolver el caso, lo cual no ha cumplido”, señalaron.

Reunidos en la plaza Sebastián Lerdo, denominada también Regina Martínez, exhibieron que desde que el caso se abrió ha existido un desorden, además de que la falta de seriedad del Ministerio Público ha quedado evidenciada con las supuestas investigaciones realizadas.

“Las autoridades dicen que cuando José Adrián, conocido como El Jarocho, sea detenido se cerrará el caso del homicidio, con lo que se firmaría la hipótesis planteada desde que la periodista fue encontrada en su domicilio: que se trataba de un crimen pasional, sin investigar su actividad periodística”, dijeron.

Señalaron que no ha existido una investigación seria, pese al paso de cuatro fiscales de diferentes partidos políticos a los cuales no les importa dar con el autor intelectual y material del crimen.

Mencionaron que, además de que es necesario que el Presidente cumpla con su promesa y reabra el caso, desde el Gobierno del Estado se realicen las acciones pertinentes.

En ese sentido, destacaron que ni la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, ni el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez han mostrado disposición en resolver el caso de la periodista.

“El Gobernador no ha solicitado que el caso se reabra o bien que sea atraído por la Fiscalía General de la República para que sea resuelto y sea enviado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), son años de silencio, de exigencias, de espera y no se ha mostrado el más mínimo interés en que el caso sea resuelto con investigaciones serias que incluyan el trabajo periodístico de nuestra compañera”, agregaron.

Fue en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa cuando Regina Martínez murió asesinada en su casa, el 28 de abril de 2012.

Tras ello, se abrió una investigación en la que la Fiscalía General del Estado señaló que el móvil del asesinato fue un robo y existió la negativa de seguir la línea de investigación que aclararía si el homicidio estuvo relacionado con el trabajo de la periodista, sus reportajes o notas.

El expediente quedó detenido con la detención y sentencia de uno de los dos presuntos responsables del homicidio de la corresponsal de Procedo, Jorge Antonio “N”, conocido como El Silva.

Preso desde 2013, el hombre ha sostenido su inocencia y la versión de que inicialmente se dijo copartícipe obligado mediante tortura. Esta versión ha sido señalada por su abogada, Diana Coq, la única que lo visita en prisión, donde permanece aislado.

Periodistas de la entidad exigieron a las autoridades estatales y federales reabrir el caso de la periodista Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012 en su domicilio, ubicado en la capital veracruzana.

Con una manifestación se recordó que se tienen 9 años de impunidad y 5 meses de silencio, dado que aunque en noviembre del año pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a reabrir el caso y resolverlo, a la fecha no ha cumplido.

“El 19 de noviembre de 2020 en la conferencia matutina el Presidente asumió el compromiso de abrir el expediente y esclarecer el homicidio, aseguró que conocía a la periodista, quien lo acompañó en sus giras por Veracruz y que era incorruptible, hizo el compromiso de resolver el caso, lo cual no ha cumplido”, señalaron.

Reunidos en la plaza Sebastián Lerdo, denominada también Regina Martínez, exhibieron que desde que el caso se abrió ha existido un desorden, además de que la falta de seriedad del Ministerio Público ha quedado evidenciada con las supuestas investigaciones realizadas.

“Las autoridades dicen que cuando José Adrián, conocido como El Jarocho, sea detenido se cerrará el caso del homicidio, con lo que se firmaría la hipótesis planteada desde que la periodista fue encontrada en su domicilio: que se trataba de un crimen pasional, sin investigar su actividad periodística”, dijeron.

Señalaron que no ha existido una investigación seria, pese al paso de cuatro fiscales de diferentes partidos políticos a los cuales no les importa dar con el autor intelectual y material del crimen.

Mencionaron que, además de que es necesario que el Presidente cumpla con su promesa y reabra el caso, desde el Gobierno del Estado se realicen las acciones pertinentes.

En ese sentido, destacaron que ni la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, ni el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez han mostrado disposición en resolver el caso de la periodista.

“El Gobernador no ha solicitado que el caso se reabra o bien que sea atraído por la Fiscalía General de la República para que sea resuelto y sea enviado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), son años de silencio, de exigencias, de espera y no se ha mostrado el más mínimo interés en que el caso sea resuelto con investigaciones serias que incluyan el trabajo periodístico de nuestra compañera”, agregaron.

Fue en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa cuando Regina Martínez murió asesinada en su casa, el 28 de abril de 2012.

Tras ello, se abrió una investigación en la que la Fiscalía General del Estado señaló que el móvil del asesinato fue un robo y existió la negativa de seguir la línea de investigación que aclararía si el homicidio estuvo relacionado con el trabajo de la periodista, sus reportajes o notas.

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Preso desde 2013, el hombre ha sostenido su inocencia y la versión de que inicialmente se dijo copartícipe obligado mediante tortura. Esta versión ha sido señalada por su abogada, Diana Coq, la única que lo visita en prisión, donde permanece aislado.

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