Zaragoza, Ver.- El presidente municipal de Zaragoza, Miguel Grajales Martínez, es señalado por reporteros de presuntamente utilizar la fuerza pública para sacarlos e impedirles el acceso a las instalaciones del Ayuntamiento desde el 1° de enero, tras asumir el cargo.
De acuerdo con comunicadores agraviados, el presidente municipal (de Morena) argumenta que el Ayuntamiento es propiedad privada y que por ello ordena a la Policía Municipal echarlos de las instalaciones. La primera en ser agredida fue la reportera Maricarmen Rosas, el 1° de enero, dijeron.
Desde ese entonces, señalan, no han podido realizar entrevistas entre los funcionarios municipales, además de que el 14 de febrero, durante el evento de bodas colectivas, preventivos sacaron a fotógrafos y reporteros.
En esa ocasión, según los comunicadores, el presidente municipal Miguel Grajales Martínez ordenó a elementos de la Policía Municipal sacarlos "sin ningún problema"; la indicación se cumplió, ante el asombro de los comunicadores.
Desde ese día, los reporteros no pueden entrar al ayuntamiento, pues hay policías que custodian las entradas y salidas para evitar incluso que intenten acercarse, según por tratarse de un inmueble privado, de acuerdo con lo informado.
CEAPP procede por restricción a la libertad de expresión
Al respecto, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) emitió un comunicado en el que señala que inició un procedimiento de medidas de atención por una probable restricción ilegítima a la libertad de expresión en agravio de comunicadores en Zaragoza, municipio ubicado en el sur de la entidad, según el expediente MA/001/2022.
Adicionalmente, de acuerdo con lo informado, la CEAPP pudo documentar que en fechas anteriores e incluso el 15 de febrero tampoco se permitió el ingreso de periodistas al Palacio Municipal.
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También notificó un requerimiento de información al Ayuntamiento de Zaragoza y dicha autoridad municipal cuenta con 5 días hábiles para fundar y motivar las razones por las cuales han restringido el acceso y han hecho uso de la fuerza pública para retirar a los periodistas de instalaciones en las que desarrollan sus actividades servidores públicos.
