Dados los conflictos internos registrados en el Ayuntamiento de Coetzala tras el fallecimiento del presidente municipal, Gerardo Tirso Apale, el alcalde suplente, Joaquín Fortino Cocotle Damián, solicitó al Congreso local una auditoría financiera y de obra pública correspondiente al periodo en el que ha estado a cargo de la administración municipal.
A través de la correspondencia el edil suplente solicitó que “Se practique una auditoría financiera y a la obra pública en su Ayuntamiento, por lo que lleva este periodo de 2020”.
El pasado 7 de julio el Cabildo del Ayuntamiento de Coetzala notificó al Congreso local del fallecimiento del presidente municipal, Gerardo Tirso Apale, a causa del Covid-19, por lo que se aprobó que se llamará al suplente, Joaquín Fortino Cocotle Damián, para que asumiera la presidencia municipal por lo que resta del periodo 2018-2021.
Tras ello, surgieron algunos conflictos internos que provocaron que el 12 de agosto la síndica María Josefina Gallardo Hernández; la regidora Brenda Flores Apale; así como por los agentes municipales de la comunidad de Coetzapotitla, Ciro Tehuatle Damián, y San Antonio, Leonardo José Martínez Apale, solicitaran al Legislativo juicio político contra el suplente.
En el documento entregado por los solicitantes se pidió que se aplicará dicho procedimiento en contra del edil por considerar que sus actos, a partir de que asumió el cargo, han sido irregulares.
Al respecto, la regidora Brenda Flores Apale, dio a conocer que el edil ha cometido varios atropellos, ya que actúa de forma unilateral desconociendo al Cabildo, además de cometer violencia política de género.
Indicó que a su llegada intentó despedir al tesorero, a la secretaria del Ayuntamiento, al contralor, al director de Obras Públicas y a algunos empleados de las demás áreas, lo que afectaría de forma directa las finanzas del Ayuntamiento ante los laudos que pudieran generarse por despidos injustificados.
Manifestó que tanto ella como la síndica recurrieron al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) para solicitar la protección de sus derechos político-electorales, ya que el edil supuestamente ha ejercido violencia de género en su contra.
Días después, el 19 de agosto, desde el Congreso local se dio a conocer que el presidente municipal, la síndica y la regidora se reunieron con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rubén Ríos Uribe, para establecer acuerdos de trabajo.
El legislador dijo confiar en que los servidores públicos estarían comprometidos con su trabajo y “para que exista legalidad constitucional a favor de nuestra gente se tiene que dejar atrás las diferencias”.
Además, se acordó que se mantendría el diálogo respetuoso y constante, siempre dentro del marco legal vigente.
Te recomendamos el podcast ⬇️
