/ martes 15 de junio de 2021

Alcalde y Síndica de Boca del Río podrían enfrentar arresto administrativo

Por la negativa hacia la reinstalación de un grupo de trabajadores, misma que fue decretada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Un tribunal federal negó el amparo que solicitaron el alcalde y síndica de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli y Lizeth León Huesca, contra una orden de arresto administrativo por la negativa hacia la reinstalación de un grupo de trabajadores, misma que fue decretada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Conforme a los establecido en el expediente 65/2020 del Juzgado Tercero de Distrito, los ediles debían reinstalar a los trabajadores que fueron despedidos del área del Juzgado Municipal y lo cual quedó resuelto en un laudo del 2019.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictó como medida de apremio el arresto administrativo, dado el incumplimiento del mismo.

Para evitar dicha medida, ambos servidores públicos recurrieron a las instancias federales y de inicio consiguieron una suspensión provisional.

Sin embargo, el Juez revisó a fondo el expediente y decidió que la suspensión definitiva no procedía, dadas las faltas en las que incurrieron los ediles.

En el expediente se pretendía evitar el arresto eventual que realizaría la Dirección de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, instancia a la cual pidió apoyo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para llevarlo a cabo.

En caso de ser arrestados, los ediles serían presentados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para dar cumplimiento a la resolución emitida desde el 2019.

Ante la resolución del Juez, además, los trabajadores deberán ser reinstalados en su cargo.

Un tribunal federal negó el amparo que solicitaron el alcalde y síndica de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli y Lizeth León Huesca, contra una orden de arresto administrativo por la negativa hacia la reinstalación de un grupo de trabajadores, misma que fue decretada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Conforme a los establecido en el expediente 65/2020 del Juzgado Tercero de Distrito, los ediles debían reinstalar a los trabajadores que fueron despedidos del área del Juzgado Municipal y lo cual quedó resuelto en un laudo del 2019.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictó como medida de apremio el arresto administrativo, dado el incumplimiento del mismo.

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