A fin de lograr un castigo para quienes cometan agresiones contra intrigantes de la comunidad LGBT+ desde el Congreso local de propuso la creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos de odio y discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad y/o expresión sexo genérica.
El diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a fin de que este organismo cuente con un área de atención especializada para los crimines y agresiones de odio.
Al subir a tribuna indicó que entre 2015 y hasta el 17 de octubre del año en curso la Coalición Estatal LGBTTTIQ+ ha registrado 140 casos de crímenes de odio.
Refirió que el año 2019 fue el que registró el mayor número de casos en contra de integrantes de la comunidad LGBT+.
Indicó que del total de los casos de agresión el 44.5% corresponde a mujeres trans, mientras que el 40.7% a hombres homosexuales o bi.
En cuanto a la distribución geográfica, dijo, Veracruz se sigue manteniendo a la cabeza de la lista, seguida por Chihuahua, Estado de México, Tamaulipas y la Ciudad de México.
"Debemos adoptar legislación contra los crímenes de odio o crímenes por prejuicio, a través de enmiendas a la legislación existente o a través de la emisión de nuevas leyes, con el fin de identificar, juzgar y sancionar la violencia por prejuicio contra las personas por su orientación sexual, identidad de género, y diversidad corporal", expuso.
Indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un Protocolo de actuación para el personal de la PGR en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, cuya finalidad es salvaguardar los derechos inherentes a toda persona, garantizando un trato igualitario y el respeto a su intimidad, atendiendo a sus necesidades de expresión de género; sin embargo, este no se aplica.
En la propuesta se indica que la Fiscalía gozará de autonomía técnica y de gestión para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que, debido a su contexto, a juicio del fiscal, amerite su creación, incluyendo aquellos sobre violencia sexual y crimen de odio en razón de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales.
Asimismo, contará con el personal operativo, directivo, administrativo y auxiliar, capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones, encaminadas a atender los hechos que el Código Penal considera como delitos de crímenes de odio en razón de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales.
Para el desarrollo de sus funciones, la Fiscalía, se auxiliará de la Policía Ministerial, así como de los Servicios Periciales que, en su caso, deberán dar trámite y desahogo en la investigación de un hecho probable delictivo, al peritaje solicitado en el término que al efecto establezca el Ministerio Público y que resulte acorde con la complejidad del peritaje a realizar.
La creación y aplicación de los protocolos correspondientes serán bajo el marco normativo del código penal federal y estatal vigente.
Entre las atribuciones de la Fiscalía se encuentran: Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos que la ley considera como delitos en materia de su competencia; diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los delitos de violencia contra la población LGBT+; instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas tendentes a combatir los delitos de violencia contra la población LGBT+; y fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de cooperación y colaboración con las autoridades de los órdenes y niveles de gobierno respectivos para el debido cumplimiento de sus funciones.
Además, diseñará e implementará proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de delitos de violencia contra la población, contará con fiscales, peritos, policías de investigación y demás personal que le sean adscritos por conducto de la Subdirección de Recursos Humanos, para la atención de los asuntos de su competencia, sobre los que ejercerá mando o directo en los términos señalados en la Ley.
