/ jueves 3 de mayo de 2018

Cambiarían el consejo directivo del IPE; entrarían jubilados

Así lo propone inicitiva; revisarían deuda

La creación de un Comité Financiero y un Comité de Vigilancia, una Fiscalía especializada para la revisión de la deuda que el Gobierno Estatal tiene con el IPE, un Consejo Directivo, modificar las bases para préstamos hipotecarios, cambiar de UMA a salarios mínimos la entrega de jubilaciones y realizar una inversión asertiva de los recursos se encuentran entre las estrategias de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar algunas disposiciones a la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz.

Dicha iniciativa fue presentada a representantes de más de 30 sindicatos de la entidad por los diputados integrantes de la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.



En una reunión realizada en el Congreso local, los legisladores presentaron a los representantes sindicales la propuesta que tiene por objetivo realizar modificaciones a la Ley actual del IPE, misma que además de considerar las opiniones de los jubilados, retomó la invalidación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó a los artículos 16, 19, 32 y tercero transitorio de mencionada Ley.

El borrador especifica que el Consejo Directivo del IPE se integrará por 15 miembros: el director del Instituto que será el presidente del Consejo Directivo, cinco representantes del Gobierno del Estado, un representante de los diputados del Congreso local, seis representantes de los organismos sindicales con representación estatal y dos representantes de las asociaciones de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto.

Entre las obligaciones del Consejo Directivo se encuentran: aprobar los planes, programas administrativos y financieros; revisar periódicamente el esquema de jubilación y pensiones; decidir la política financiera y administrativa del IPE; ordenar la publicación trimestral de los estados financieros; presentar un informe después de cada sesión; rendir un informe anual sobre el funcionamiento y patrimonio del Instituto; así como presentar al Comité de Vigilancia un informe anual sobre el estado que guardan las finanzas y los fondos.

La iniciativa además contempla que la creación de un Comité Financiero, mismo que deberá definir las políticas de inversión y operación de los recursos financieros del Instituto; rendir informes trimestrales sobre la reserva técnica; supervisar las acciones del gerente del mismo; actualizar el inventario de bienes inmuebles del Instituto; fijar las políticas de operación y administración de los bienes del Instituto, y elaborar al inicio de cada año un programa de inversión y política financiera.

La creación de un Comité Financiero y un Comité de Vigilancia, una Fiscalía especializada para la revisión de la deuda que el Gobierno Estatal tiene con el IPE, un Consejo Directivo, modificar las bases para préstamos hipotecarios, cambiar de UMA a salarios mínimos la entrega de jubilaciones y realizar una inversión asertiva de los recursos se encuentran entre las estrategias de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar algunas disposiciones a la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz.

Dicha iniciativa fue presentada a representantes de más de 30 sindicatos de la entidad por los diputados integrantes de la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.



En una reunión realizada en el Congreso local, los legisladores presentaron a los representantes sindicales la propuesta que tiene por objetivo realizar modificaciones a la Ley actual del IPE, misma que además de considerar las opiniones de los jubilados, retomó la invalidación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó a los artículos 16, 19, 32 y tercero transitorio de mencionada Ley.

El borrador especifica que el Consejo Directivo del IPE se integrará por 15 miembros: el director del Instituto que será el presidente del Consejo Directivo, cinco representantes del Gobierno del Estado, un representante de los diputados del Congreso local, seis representantes de los organismos sindicales con representación estatal y dos representantes de las asociaciones de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto.

Entre las obligaciones del Consejo Directivo se encuentran: aprobar los planes, programas administrativos y financieros; revisar periódicamente el esquema de jubilación y pensiones; decidir la política financiera y administrativa del IPE; ordenar la publicación trimestral de los estados financieros; presentar un informe después de cada sesión; rendir un informe anual sobre el funcionamiento y patrimonio del Instituto; así como presentar al Comité de Vigilancia un informe anual sobre el estado que guardan las finanzas y los fondos.

La iniciativa además contempla que la creación de un Comité Financiero, mismo que deberá definir las políticas de inversión y operación de los recursos financieros del Instituto; rendir informes trimestrales sobre la reserva técnica; supervisar las acciones del gerente del mismo; actualizar el inventario de bienes inmuebles del Instituto; fijar las políticas de operación y administración de los bienes del Instituto, y elaborar al inicio de cada año un programa de inversión y política financiera.

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