Xalapa, Ver.- La candidata virtual a la diputación federal por el distrito de Zongolica por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sabina Martínez Pinto, interpuso un Procedimiento Especial Sancionador ante la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política en razón de género.
Y es que, aunque desde enero solicitó licencia, sin goce de sueldo, ante la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para poder asumir la candidatura, a la fecha se le ha negado y con ello, obstaculizando sus derechos políticos electorales.
El Procedimiento Especial Sancionador es contra la subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana Sarahí Peña Galaviz, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
“El abogado me decía que este tipo de temas, de acuerdo a la ley electoral y las reformas que han habido ya son delitos graves, y que todas aquellas personas que tengan conocimiento, de alguna manera son responsables por omisión”, añadió.
Después de ello, en su trabajo, al que sigue acudiendo para no hacerse acreedora a algún acta administrativa, le notificaron que es inviable otorgarle la licencia por razones de operatividad.
“Por el tema de la emergencia por Covid-19 que estamos viviendo, creo que es un argumento muy absurdo porque yo no desarrollo una tarea sustancial dentro de la Secretaría, tiene año y medio que no me han dado alguna actividad a realizar, entonces creo que vaya o no vaya no impacta en la institución”, dijo.
Recordó que el 31 de enero, el PRD aprobó la lista de las candidaturas en los distritos donde ellos encabezarían la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Sin embargo, recordó que desde el 22 de enero, antes de que saliera la lista, solicitó su licencia sin goce de sueldo a la subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“Son 15 días hábiles para que te den respuesta, no se me dio respuesta, el 29 de enero mandé otro oficio en alcance para solicitar una respuesta y tampoco se me dio. Busqué y fue a pedir una audiencia con el secretario la semana pasada y lo que me comentaron, su secretaria particular es que no había en su agenda tiempo disponible para la audiencia, que siguiera insistiendo”, recordó.
Ante la negativa, recurrió con un abogado para explorar las posibilidades a seguir por lo que interpuso el Procedimiento Especial Sancionador.
Precisó que dado que el 6 de junio, es la elección 90 días antes tendría que retirarse del cargo, por lo que el plazo se vence mañana sábado 6 de marzo.
“Pero la ley también dice que aquellas personas que tengan presupuesto o personal a su cargo, pero yo no tengo ni presupuesto ni personal a mi cargo, ellos son los que tienen que justificar porque podría prestarse a un mal uso del cargo que están desempeñando”, lo que no es su caso.
Esta situación ha merecido el pronunciamiento de agrupaciones feministas denunciando violencia política por razón de género por lo que, analiza ir acompañada por algunas de ellas el próximo lunes ante el Organismo Público Local Electoral a interponer el mismo recurso de inconformidad.
