Xalapa, Ver.- La corrupción es una práctica común que se vive desde hace muchos años en centros penitenciarios de Veracruz, donde 90% de la población privada de la libertad se resiste a presentar una queja o denuncia al respecto, principalmente por temor o represalias.
Dentro del análisis sobre las condiciones de los centros penitenciarios en Veracruz, integrado en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016), elaborado por el INEGI, se estima que 70.8% de los pagos ilegales para obtener un servicio, bien, beneficio o permisos al interior de un centro penitenciario fueron entregados a custodios, y 25.9% de los pagos fueron dados a los internos.
Se tiene el estimado de que 39.4% de los reclusos pagó por aparatos eléctricos, 37.1% pagó por pase de lista, 31.5% pagó por tener acceso a un teléfono, 31.3% pagó por cambiar de celda y 30.1% dio dinero para tener agua potable.
De acuerdo con datos publicados en el Sistema Infomex Veracruz, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado en 2017 registró un total de 6 mil 449 personas privadas de la libertad, distribuidas en los 17 centros penitenciarios estatales; menos, en comparación con los registrados en 2010, cuando la población ascendía a 7 mil 95 reclusos.
Entre 2010 y 2017 los centros penitenciarios donde ha aumentado la población son los ubicados en los municipios de Pánuco, Ozuluama, Tantoyuca, Poza Rica, Papantla, Misantla, Jalacingo y Cosamaloapan.
En ese mismo periodo los Ceresos en los que se registró una disminución de la población interna fueron los de Tuxpan, Huayacocotla, Misantla, Pacho Viejo, Amatlán, Zongolica, Veracruz, Acayucan y Coatzacoalcos.
El robo, homicidio y violación fueron los principales delitos cometidos por la población interna en los centros penitenciarios en el periodo 2011-2015; posteriormente, en 2016 fueron los delitos de homicidio, robo y pederastia, y en 2017 los principales delitos registrados fueron el homicidio, secuestro y pederastia.
LOS PENDIENTES EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
Las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación e incluso cogobierno, denunciados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son una constante en los centros penitenciarios estatales, y han sido motivo de recomendaciones dirigidas a autoridades del gobierno de Veracruz.
Dentro de la síntesis de la Recomendación General No. 30/2017 sobre condiciones de gobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana, por parte de la CNDH, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de mayo de 2017 se incluyó un “Informe Especial de esta Comisión Nacional sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, de 2015”.
Aquí se dio a conocer que en estados como Veracruz “se tuvo conocimiento de internas que ejercen control sobre otras, así como la realización propias de la autoridad, tales como la asignación de estancias, la vigilancia, mantenimiento del orden, la aplicación de sanciones disciplinarias, la distribución de alimentos, las tareas de limpieza, la organización de actividades laborales, educativas o deportivas, el acceso al servicio médico, la visita familiar e íntima, así como el uso de teléfonos públicos, entre otros”.
A parte de recomendar la ejecución de un programa de monitoreo permanente para verificar el estado que guarda la seguridad y las condiciones de gobernabilidad de todos los centros penitenciarios, la CNDH pidió destinar en forma suficiente y etiquetada el presupuesto otorgado al sistema penitenciario de cada entidad federativa para hacer frente a las necesidades de los centros de reclusión, con apoyo y seguimiento de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
Sin embargo, el Informe Ejecutivo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública —elaborado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (Sefiplan), en coordinación con el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana— publicado en julio de 2017, detalló “la existencia de un modelo de presupuesto incrementalista, en donde los ejecutores se enfocan principalmente en el control del gasto, más que la pertinencia del programa o su contribución a los objetivos estratégicos estatales y nacionales”.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) como recurso federal transferido a las haciendas públicas estatales tiene, entre otras características, el destino exclusivo para la construcción, mejoramiento o ampliación de centros penitenciarios y de menores infractores.
Durante el ejercicio fiscal 2016, el presupuesto aprobado para Veracruz fue de 298 millones 775 mil 885 pesos, sin embargo sólo se ejerció la cantidad de 166 millones 448 mil 723 pesos y 22 centavos.
Para el ejercicio fiscal 2017, el FASP fue de 383 millones 964 mil 414 pesos y para el presente año asciende a 307 millones 898 mil 090 pesos.
Dentro de los proyectos identificados para el estado de Veracruz, por parte de la Federación, se encuentra pendiente la conclusión del complejo penitenciario federal de Papantla, mismo que tendrá las características de alta seguridad, con el cual se pretende disminuir la falta de espacios que se tiene para resguardar a las personas privadas de libertad del fuero federal.
