Al cierre de 2022 Veracruz se ubicó como una de las diez entidades con mayor población de mujeres desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con el reciente diagnóstico de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).
El Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PNBP), publicado por la CNB, detalla que las diez entidades con mayor población de mujeres desaparecidas o no localizadas son México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Yucatán y Veracruz.
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¿Qué causas provocan desigualdad y violencia?
El análisis refiere que las condiciones de desigualdad en la que viven las mujeres por motivos de violencias o discriminación en razón de su género se agudizan en estas entidades. En tanto que la desaparición puede ocurrir como una consecuencia de estas condiciones o con motivo de ellas. Además, apunta, debido al triple rol que asumen las mujeres, al ser víctimas de desaparición suelen dejar en condiciones de orfandad o abandono a sus dependientes económicos o de cuidado.
Dentro de los impactos diferenciados, el programa nacional destaca que el sufrimiento de las mujeres afectadas por desapariciones forzadas puede agravarse como consecuencia de actos de violencia sexual, embarazos no deseados, los efectos destructivos de la desaparición forzada en las familias, traumas psicológicos, dificultades económicas y obstáculos jurídicos que afectan en particular a las mujeres.
También, la CNB alerta que las mujeres cuyos familiares son objeto de una desaparición forzada pueden encontrarse en una posición vulnerable.
En el periodo de 2020 a 2022, la CNB observa que el 63.9 por ciento de las mujeres son desaparecidas entre los 12 y los 24 años de edad, mientras que para ese mismo rango de edad son desaparecidos el 29.4 por ciento de los hombres.
Bajo este contexto, se encuentran también en particular vulnerabilidad las personas LGBTTTIQA+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual y +), “de tal suerte que las acciones de búsqueda y localización de este grupo de población pueden verse influenciada por sesgos y estereotipos de género que les resten efectividad o sentido de urgencia”.
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Otro grupo en situación de particular vulnerabilidad ante la problemática de desaparición son las personas migrantes, debido a las condiciones de violencia, inseguridad y precarización a las que están expuestas en su tránsito por México.
“Los grupos del crimen organizado se han convertido en actores clave detrás del fenómeno específico de las personas migrantes desaparecidas”, reconoce el informe nacional.
¿Cuál es la crisis forense?
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El programa nacional afirma que desde el Estado mexicano se ha reconocido la crisis en materia de desaparición y en materia forense. Menciona que, según el informe del Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística AC, se considera que existen 38 mil 891 cuerpos y un número desconocido de fragmentos óseos sin identificar en el país.
Esta investigación –que comprende el periodo de 2006 a 2019– refleja que la mayor cantidad de cuerpos sin identificar se encuentran en el Estado de México, la Ciudad de México y Baja California, seguido de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Puebla.
En el caso de Veracruz, se documenta un total de mil 144 cuerpos sin identificar: 339 corresponden a hombres, 41 mujeres y 764 fueron clasificados “sin dato”.
La CNB precisa que no existe una cifra cierta del número de personas fallecidas sin identificar en el país, aunque se estima que son más de 52 mil, en fosas comunes, instalaciones de los Servicios Médico Forenses (SMF), universidades y centros de resguardo forense.
Para febrero de 2023, existían reportadas como desaparecidas y no localizadas más de 111 mil personas por diversos delitos y se estimaba para fines de 2021 que, al menos 52 mil cuerpos no identificados se encuentran en instalaciones forenses o en fosas comunes, dentro de los que pudieran encontrarse personas reportadas como desaparecidas.
El Programa Nacional concluye que la falta de infraestructura, la escasez de personal especializado, los recursos limitados, así como la falta de criterios homologados para la conservación de cuerpos y restos, aunado a la insuficiencia de cementerios forenses, ha resultado en una sobrecarga de los servicios médicos forenses y periciales del país.
También subraya la falta de coordinación interinstitucional efectiva para garantizar la respuesta inmediata de las autoridades frente a la solicitud de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
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“La persecución penal no atiende el fenómeno delictivo como elemento clave para garantizar la no repetición”, afirma.
Otros problemas adyacentes a la problemática de desaparición son la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la inseguridad, advierten.
