/ viernes 2 de julio de 2021

CNDH denuncia que se violaron derechos de mujer encarcelada por aborto en Oluta

Determina que la forma en el que se ha llevado el caso de Diana Patricia representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia

La acusación por homicidio que la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo a Diana Patricia “N”, la mujer que sufrió un aborto en Oluta el 29 de mayo pasado, denota la falta de perspectiva de género en la investigación realizada además de que acusa la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontánea, así lo señalaron aseguraron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) a través de un comunicado conjunto.

En el texto, ambas entidades determinaron que la forma en el que se ha llevado el caso de Diana Patricia representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía. “Tanto la CNDH como la CEDHV consideran que la estigmatización y la criminalización de las mujeres que abortan, se agrava cuando subyacen situaciones de violencia familiar, condiciones de pobreza y de origen étnico, y son consecuencia de leyes que limitan y violentan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, señala el texto.

Ambos organismos autónomos expusieron que es imprescindible que el Poder Judicial aplique los principios de interpretación conforme y pro persona en todos los casos relacionados con el delito de aborto que se encuentren bajo su conocimiento, además de garantizar que los expedientes y carpetas de investigación se indaguen y resuelvan con la debida diligencia, perspectiva de género y en un plazo razonable.

Y es que, expusieron que, en el caso de Diana Patricia, la mujer fue encarcelada desde el pasado 29 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, enfrentando un juicio por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo.

“Su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia”, insistieron.

Finalmente, la CNDH y la CEDHV, exhortaron al estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios.

Asimismo, se pronunciaron por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencias y estigmas.

Y es que, recordaron que el estado de Veracruz actualmente cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, toda vez que en la entidad federativa “subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres”

La acusación por homicidio que la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo a Diana Patricia “N”, la mujer que sufrió un aborto en Oluta el 29 de mayo pasado, denota la falta de perspectiva de género en la investigación realizada además de que acusa la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontánea, así lo señalaron aseguraron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) a través de un comunicado conjunto.

En el texto, ambas entidades determinaron que la forma en el que se ha llevado el caso de Diana Patricia representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía. “Tanto la CNDH como la CEDHV consideran que la estigmatización y la criminalización de las mujeres que abortan, se agrava cuando subyacen situaciones de violencia familiar, condiciones de pobreza y de origen étnico, y son consecuencia de leyes que limitan y violentan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, señala el texto.

Ambos organismos autónomos expusieron que es imprescindible que el Poder Judicial aplique los principios de interpretación conforme y pro persona en todos los casos relacionados con el delito de aborto que se encuentren bajo su conocimiento, además de garantizar que los expedientes y carpetas de investigación se indaguen y resuelvan con la debida diligencia, perspectiva de género y en un plazo razonable.

Y es que, expusieron que, en el caso de Diana Patricia, la mujer fue encarcelada desde el pasado 29 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, enfrentando un juicio por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo.

“Su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia”, insistieron.

Finalmente, la CNDH y la CEDHV, exhortaron al estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios.

Asimismo, se pronunciaron por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencias y estigmas.

Y es que, recordaron que el estado de Veracruz actualmente cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, toda vez que en la entidad federativa “subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres”

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