El gobernador de Estado, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que al quedar firme en el Código Penal del Estado el artículo 371 Quinquies, los elementos policiales del estado seguirán protegidos ante las amenazas o agresiones de parte de los detenidos, por lo que no es necesario que envíe una nueva iniciativa relacionada con el delito de ultrajes a la autoridad al Congreso local.

“Queda vigente la reforma anterior, plenamente vigente, firme, con todos los efectos jurídicos legales. Queda protegida la población y los elementos que van a seguir patrullando”, dijo.

En conferencia de prensa, indicó que la Fiscalía General del Estado contarán con este artículo para poder solicitar una sanción en contra de quien cometa el delito y pueda ser presentado ante un Juez. Puntualizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no invalidó todos los artículos discutidos, pues la declaración de inconstitucionalidad fue parcial y por lo tanto sólo quedarán sin efectos el artículo 331 y la segunda fracción del artículo 371. Mientras que, dijo, quedan vigentes el artículo 371 Quinquies, el resto de las fracciones del artículo 371 y el artículo 222 Bis completo.

“De la argumentación de los ministros queda claro que la redacción del primer párrafo del artículo 331, que proviene de la reforma del 2003 aprobada por el PRI, el PAN y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, es inconstitucional; y que las agravantes agregadas en la reforma del 2021 y establecidas en las fracciones del artículo quedan sin efecto al quitárseles la definición del primer párrafo”, expuso.

El artículo 371 Quinquies a la letra dice: Se impondrán de siete a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 Unidades de Medida y Actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte.

Ante ello, el mandatario estatal comentó que se ha querido mentir a la sociedad atribuyendo a su administración una falsa imagen de estar contra las libertades, cuando el párrafo cuestionado es autoría del PRI y del PAN.

“Quedó claro que nuestras modificaciones van dirigidas contra los delincuentes que agreden violentamente a la policía y tales delitos quedaron salvados por otro artículo, el 371 Quinquies; y esto, al quedar vigente y validado por la Suprema Corte, ya no se requiere ningún cambio adicional al Código Penal de Veracruz”, argumentó.

Aseguró que las reformas que afectaban los derechos humanos fueron aquellas que se hicieron al Código Penal antes del inicio de su administración.

}“Finalmente, se les cayó el teatrito y quedaron desenmascarados quienes impulsaron la reforma del 2003, y hoy querían pasarnos la bolita mediante una estrategia de mentiras para ocultar sus verdaderas intenciones: liberar a sus compinches que tanto dañaron a la sociedad y hoy están en la cárcel”, agregó

Gobernador, sin intenciones de dejar en libertad a detenidos: Abogado

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez no tiene intención de dejar en libertad a las más de mil personas que han sido detenidas por presuntamente cometer el delito de ultrajes a la autoridad, señaló el abogado Arturo Nicolás Baltazar.

En conferencia de prensa, indicó que se espera que el Ejecutivo respete el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la declaración de inconstitucionalidad de este delito.

Recordó que una vez que el Congreso local sea notificado de la declaración de invalidez por parte de la Corte, se tiene que publicar en la Gaceta Oficial del Estado la derogación del artículo 331 y a partir de ese momento los abogados presentarán solicitudes de sobreseimiento para que las personas encarceladas y procesadas por dicho delito, obtengan su libertad.

"Se habrá de hacer público y nosotros estaremos atentos, de hecho, la próxima semana estamos formando una comisión para ir a la Corte para verificar cómo va este procedimiento y para exigir que se dé cumplimiento inmediato", expuso.

Manifestó que una vez que se vayan interponiendo las solicitudes de liberación, irán informando a la población cómo va el proceso.

Refirió que basándose en otras acciones de inconstitucionalidad interpuestas esto podría tardar de una semana a 15 días para que la Corte notifique a la Legislatura, toda vez que se tiene que hacer el engrose de la sesión, y de ahí se podría iniciar con el proceso de liberación.