El 60 por ciento de los municipios veracruzanos fueron menos transparentes en 2021, en comparación con los resultados obtenidos hace dos años, según la tercera edición de la Métrica de Gobierno Abierto, publicada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
De 15 municipios veracruzanos evaluados, el 40 por ciento obtuvo un mejor desempeño en comparación con el promedio estatal que fue 0.45, entre los cuales destacan Xalapa con un calificación de 0.75, Veracruz (0.74), Córdoba (0.69), Tuxpan (0.57), Ixtaczoquitlán (0.53) y Medellín de Bravo (0.52).
Mientras que el 60 por ciento de los gobiernos municipales fue calificado con peor desempeño, al registrar una calificación por debajo de la media estatal, entre ellos el ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez con una puntuación de 0.45, Coatepec (0.41), Boca del Río (0.4), Citlaltépetl (0.38), Camarón de Tejeda (0.27), Chiconamel (0.22), Zozocolco de Hidalgo (0.2), Mecatlán (0.07) y Colipa (0.05).
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La Métrica de Gobierno Abierto es una medición de la apertura gubernamental en las instituciones públicas del país desde una óptica ciudadana, es decir se basa en la experiencia que tiene una persona cuando busca conocer qué hacen sus gobiernos (federal, estatal y municipal), el poder legislativo y judicial, organismos autónomos, sindicatos y universidades públicas, a través de solicitudes de información o la búsqueda de información del gobierno en internet.
El Índice de Gobierno Abierto (IGA) considera que hay apertura gubernamental cuando existe transparencia y participación. Para la tercera edición 2021, se estableció que el IGA en México es de 0.48 (en una escala de 0 a 1, donde 1 es indicativo de un gobierno totalmente transparente y abierto a la participación ciudadana, y 0 de un gobierno sin apertura).
Los resultados del estudio –que inició en 2017 y se publica cada dos años– concluyeron que la entidad veracruzana, con una calificación general de 0.45, se encuentra por debajo del promedio nacional del Índice de Gobierno Abierto (que es de 0.48), al registrar una caída en el nivel de acceso a la información desde la perspectiva gubernamental y óptica ciudadana, en transparencia proactiva y participación ciudadana.
En la Métrica de Gobierno Abierto 2021, el estado de Veracruz se posicionó en el lugar 26 con respecto a las demás entidades federativas.
De 43 sujetos obligados que fueron seleccionados para esta medición, los que resultaron mejor evaluados fueron la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con una puntuación de 0.77, seguida por el Ayuntamiento de Xalapa (0.75) , la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y el Ayuntamiento de Veracruz con una puntuación de 0.74, respectivamente.
También destaca el DIF Estatal con una calificación de 0.72, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (0.71), el Ayuntamiento de Córdoba (0.69), la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) calificada con 0.68 y la Contraloría General del Estado (CGE) con 0.66 de puntuación.
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Las dependencias de gobierno que registraron notables disminuciones en su calificación de 2021, en comparación con la Métrica 2019, fueron el partido político Morena en Veracruz, al pasar de 0.7 a 0.23 de calificación, con 0.47 puntos menos; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que cayó de 0.77 a 0.37 de calificación; y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), de 0.84 pasó a 0.47 en la última medición.
Esta caída en la medición indica que las instituciones de gobierno son menos transparentes, además de que persisten los obstáculos para que la ciudadanía participe e incida en las decisiones públicas.
Cabe mencionar que la dimensión de transparencia analiza si el gobierno hace pública la información sobre sus decisiones y acciones; la facilidad con la que la ciudadanía puede tener acceso a ella y, finalmente, si dicha información, dada su relevancia y la oportunidad con la que se publica, le permite tomar decisiones.
Uno de los hallazgos en la evaluación realizada a Veracruz, es el tiempo que se debe esperar por la respuesta a una solicitud de información: en la entidad veracruzana, una persona suele esperar 15.8 días en promedio.
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En Guanajuato, por ejemplo, solo tardan 6.39 días en promedio para responder a las solicitudes de información, a pesar de que es una de las entidades que registra la cifra más alta de solicitudes (78 mil 464 solicitudes recibidas en un año); mientras que Veracruz, durante el 2021, recibió 7 mil 805 solicitudes de información.
Los expertos determinaron que la caída en el nivel de transparencia y apertura gubernamental se debe, además de prácticas recurrentes de los gobiernos e instituciones públicas, a factores coyunturales como el periodo de elecciones y los efectos de la pandemia por Covid-19.
Al respecto, el IVAI (Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) consideró que aún con eventos coyunturales, no se modifica el hecho de que las personas experimentaron dificultades para ejercer a plenitud su derecho.
El organismo autónomo explicó que durante los meses más críticos de la pandemia, los gobierno optaron por la modalidad de trabajo virtual. Por ejemplo, el primer intento para entablar contacto con los sujetos obligados fue el envío de un correo electrónico o un mensaje a través del buzón o chat disponibles en sus sitios web.
“Obtener una respuesta por este medio no debía representar mayor complicación, en especial en un contexto en el que se privilegiaba el trabajo en línea, sin embargo, solo 156 sujetos obligados de los 1365 que componen la muestra respondieron este método de contacto”, detalla en su réplica a los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2021.
Entre los sujetos obligados que atendieron las solicitudes de información bajo estos medios fueron el DIF Estatal, la Sedecop, la Contraloría General del Estado, los municipios de Córdoba y Veracruz, así como el Partido Acción Nacional (PAN).
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El estudio apunta que un gobierno abierto es aquel cuyas acciones pueden ser fácilmente conocidas por la ciudadanía y que, además, cuenta con mecanismos para incluirla en el ejercicio y diseño de sus actividades.
Los resultados nacionales ubican al estado de Guanajuato como la entidad más transparente en el país, tanto en la dimensión de transparencia como en la de participación ciudadana.
