Xalapa, Ver.- Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado que presentaron la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de echar abajo los nombramientos y las adscripciones de tres de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local el pasado 30 de julio, esperan que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y obligue a las autoridades a cumplir con las acciones de ley.
Dicha controversia se generó porque dichos nombramientos se realizaron fuera de la ley, pues los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, que fueron destituidos por haber cumplido 70 años de edad, cuentan con amparos federales en los que se establece que deben ser restituido en el cargo.
Mientras que la magistrada Gladys Pérez Maldonado cuenta con un recurso federal con el que se impide que otra persona sea colocada en el cargo que ocupaba, previo a ser destituida por el Congreso Local.
Al respecto, la magistrada Concepción Flores Saviaga indicó que ante la posibilidad de que la Suprema Corte no le dé entrada al recurso porque se necesitaban cinco firmas y sólo se lograron cuatro, se pedirá a la Fiscalía que asuma la defensa del Poder Judicial.
Recordó que la magistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta, incumplió con el acuerdo del Pleno de presentar un recurso ante el nombramiento que dio el Congreso, por lo que magistrados locales buscaron presentar la acción de inconstitucionalidad, el plazo venció el pasado 21 de agosto.
“En el caso de las controversias la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía han tomado cartas en el asunto cuando se han violentado los estados de derecho en varios estados. La controversia que presentamos, no tenemos la certeza si se le va a dar entrada, pero esperamos que la pueda hacer suya la Fiscalía”, dijo.
Indicó que de forma directa como quejosos podrían solicitar que la Fiscalía atraiga el caso o bien esta autoridad podría atraerlo, dadas las circunstancias en las que se encuentra el Poder Judicial.
Mencionó que la controversia se presentó dentro del término legal establecido, pese a que algunos magistrados del pleno no la firmaron.
“Cuatro magistrados firmaron, pero se necesitaban cinco firmas, por eso se está esperando que la Suprema Corte de vista a la Fiscalía General de la República porque es garante de que puede generarse la controversia para que se le dé entrada”, expuso.
Manifestó que el Poder Judicial sigue operando en la ilegalidad, avalado por una persona que desconoce el trabajo y la operación de dicha soberanía.
Explicó que tras el nombramiento de los seis magistrados el propio Congreso ordenó la adscripción de cada uno de ellos, pero Martínez Huerta no respetó y asignó a las personas en base a su criterio, lo que también es ilegal.
Destacó que cinco de los seis magistrados ya están trabajando en sus áreas, ya que sólo en el caso de la Sala de lo Familiar se han negado a aceptar la adscripción del suplente del magistrado Roberto Dorantes.
