El Congreso del Estado está obligado a cumplir con la ley y dictaminar la procedencia del juicio político en contra del fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, afirmó Vicente Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo.
Los diputados deben buscar las pruebas idóneas y suficientes y una vez declarada la procedencia transmitirla al Tribunal Superior de Justicia del estado en donde el presidente de ese Poder y sus integrantes compartirán la obligación de concluir favorablemente la fundada exigencia de la mayoría de los veracruzanos: destituir del cargo al fiscal.
El dirigente partidista expresó que la ciudadanía sabe bien que el fiscal general no ha realizado bien la función que se le encomendó y que ha cree que su función es la de defender o cubrir las fallas de la anterior administración.
En otro tema, refirió que el PT exige la emisión de una declaración clara y amplia del presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, del por qué existió subejercicio de los recursos destinados a la capital del estado cuando la misma se encuentra inmersa en problemas de inseguridad y en un subdesarrollo de todo tipo, principalmente en lo que se refiere a los servicios y obras públicas que padece.
“Es totalmente inaceptable que el cuerpo edilicio no haya observado en tiempo y forma la existencia de recursos federales en sus arcas, es responsabilidad de todos ellos la devolución de dicho dinero a la federación”, aseveró.