Las crisis presupuestales de las universidades radica en que en las últimas décadas han crecido en su plantilla laboral para satisfacer la demanda estudiantil así como en unidades académicas en distintas regiones de los estados y ello no en todos los casos ha sido reconocido en los convenios tripartitas que se firman entre las universidades y los gobiernos estatales y federal, afirmó Javier Mendoza Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones de la UNAM.
El académico manifestó que también las universidades tienen presiones financieras y que la más importante de ellas en la mayoría de las instituciones de educación superior tiene que ver con los sistemas de pensiones y jubilaciones. Momentos antes de dictar la conferencia “Presupuesto 2019 para la educación superior” en el auditorio de la Fesapauv, recordó que existe una crisis económica en varias de las universidades públicas del país.
“El año pasado, un grupo de nueve universidades públicas estatales recibieron recursos para poder cerrar el ejercicio fiscal. El reto que se plantea ahora para estas nueve universidades y en general para todas las universidades públicas estatales es lograr un esquema de financiamiento que sea sustentable con visión de largo plazo; es decir, hay presiones de gasto de distinto tipo que tienen las instituciones y ello requiere de una serie de revisiones para que no lleguen al final del año como ha sido en los últimos años con insuficiencias presupuestales para cumplir con las obligaciones de sus trabajadores”, dijo.
Manifestó que uno de los problemas que tienen las universidades es que en los últimos años han crecido en promedio en un cuatro por ciento al año y que esto ha implicado que para poder satisfacer la demanda de la nueva población estudiantil y la operación de nuevas unidades académicas que se establecieron en diferentes regiones en los estados, tuvieron que recurrir a la contratación de personal académico y administrativo que no en todos los casos ha sido reconocida en los convenios tripartitas que se firman entre las universidades y los gobiernos estatales y federal.
“También existe una presión financiera, que es la más importante en la mayoría de las universidades, que se deriva de los regímenes de pensiones y jubilaciones de las instituciones; es decir, los estudios actuariales que se han practicado desde el año 2001 en el ámbito de las universidades públicas estatales ha identificado un enorme déficit actuarial que no se puede sustentar en el tiempo, de ahí que se hayan realizado reformas en la mayoría de las universidades a los sistemas de pensiones aumentando los años de edad, los años de antigüedad y el establecimiento de un salario regulador así como otras diferentes medidas para las nuevas generaciones de trabajadores con la finalidad de ir reduciendo el déficit”, afirmó.
Con respecto de la Universidad Veracruzana, Javier Mendoza Rojas refirió que la casa de estudios local no tiene problemas en lo que se refiere al sistema de pensiones, reconoció que el IPE sí tiene problemas financieros pero que ello es un problema del estado y no de la UV. “La UV se sumó en un primer momento a las nueve universidades con crisis presupuestal porque el adeudo que tenía era de índole gubernamental; es decir que la administración de Javier Duarte no hizo los pagos que debía hacer al Sistema de Administración Tributaria”, dijo.
La UV no es la responsable de esta situación, sostuvo, sino la administración gubernamental que no entregó los recursos correspondientes al SAT y por ello en este momento la Secretaría de Hacienda se los reclama a la UV, pero en resumen “la UV presenta una situación distinta a la del resto de las universidades porque fuera de este punto la UV tienen finanzas suficientes para su operación en los siguientes años”.
