Ante la propagación del término “minería sostenible”, el investigador y activista Jorge Tadeo Vargas apunta que no es posible hablar de sustentabilidad cuando la minería es el megaproyecto más devastador de la biodiversidad y de manera irreversible, así como detonador de impactos en la salud humana.
Ante lo que denomina “crisis socioambiental muy severa”, apunta que “el modelo extractivo debe ser prohibido a la voz de ya”. “Cualquier tipo de ley o de reforma que se esté pensando siempre va a ser en beneficio del modelo extractivo; hay que ir más allá y buscar otras formas de vivir, de producir y de consumir que no tengan que ver con un modelo que nos está matando”, expresó.
- Te puede interesar: Tras 37 años de viacrucis, Ecologista Universal ya tiene relevo en su lucha
En charla de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad-UV llamó a recordar que la minería amenaza el 38 por ciento de las últimas extensiones de bosques primarios del mundo y que deforesta millones de hectáreas, pulveriza montañas y elimina para siempre hábitats de flora y fauna, incluso endémica o en peligro de extinción.
“Hablar de sostenibilidad es una mentira. En las minas a cielo abierto, principalmente las metálicas y de piedras calizas, solo vemos cómo van dejando paisajes desoladores; donde antes había áreas verdes ahora solo vemos agujeros enormes”, manifestó. Con las minas a cielo abierto y el uso de nueva tecnología, apunta, hay menos extracción pero más pulverización y tierras destruidas.
Al ahondar en el tema de los suelos, cuestiona cómo hablar de sustentabilidad cuando cada centímetro de suelo fértil necesita de 300 a mil 200 años para transformarse por las acciones físicas, químicas y biológicas sobre la roca madre.
El objetivo de las empresas y sus “protectores”, sostiene, es impedir la acción contra los proyectos mineros por medio del hostigamiento, el miedo, la demanda penal y la criminalización.
Llama a no olvidar que durante las fases de exploración, explotación y beneficio, la industria minera produce además enormes cantidades de desechos sólidos y líquidos que abandona con otros daños irreparables.
La minería a cielo abierto genera un promedio de 50 veces más desechos que la minería subterránea
En datos estatales, hasta el 18 de noviembre, solo en la zona costera central de Veracruz los pobladores de Actopan y Alto Lucero lograron la suspensión definitiva de cuatro de las 24 concesiones mineras concedidas por la Secretaría de Economía.
¿Qué enfermedades provoca la minería a cielo abierto?
Además de hablar de la contaminación de agua, aire y suelo nombró los efectos sobre la salud humana, tanto en pobladores de comunidades cercanas a las minas como de los propios trabajadores. Neumoconiosis, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, saturnismo, hidrargirismo y diversas enfermedades respiratorias son solo algunos de los efectos sobre la salud a causa de las minas de carbón, plomo, titanio, mercurio, cobalto y piedras preciosas, puntualizó.
El investigador del Observatorio de Emergencias Socio-Ecológicas (Odese) explica que en la actividad minera se producen gases y ruidos que provocan muchos otros tipos de enfermedades, además de eliminar plantas medicinales de la región.
Los contaminantes llegan a las personas por la piel, los ojos, la respiración de polvos, la alimentación de plantas y animales contaminados, así como por el consumo de agua también contaminada, indica.
Por el ruido, quienes viven cerca de las minerías tienen afectaciones en la salud mental; el impacto se da en el estado de ánimo y hay mayor propensión a depresión, miedo y desolación.
Señala que cuando estas enfermedades y otras físicas se presentan entre los trabajadores, las empresas los despiden sin información de sus análisis médicos y sin indemnización. Manifiesta también que la actividad minera trae aparejados los desplazamientos forzados y algo de lo que poco se habla: el impacto en la identidad cultural y en los pueblos originarios. “La minería acarrea siempre división, confrontación y conflictos comunitarios y familiares, así como destrucción de los valores y costumbres”.
¿Por qué México tiene una mala legislación sobre la minería?
Pese a los daños socioambientales que generan los modelos extractivos, México tiene una de las peores legislaciones mineras del mundo, señala la investigadora Beatriz Olivera. En conversatorio virtual organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (CoSustentaUV) llamó a poner fin al “modelo basado en la acumulación por desposesión a través de mecanismos de despojo legalizado”.
Mientras se da el cierre paulatino, convoca a no olvidar que en el país se otorgan concesiones a las grandes empresas del ramo que pueden extenderse hasta un siglo, a cambio de una contribución fiscal mínima.
La codirectora de Energía, Género y Ambiente (Engenera AC) señala la importancia de modificar la Ley Minera que en 2022 cumple 30 años como una ley de corte neoliberal que se hizo pensada para favorecer el libre mercado con América del Norte. Indica que tiene que haber cambios a los artículo, 6º, 7º y 19º, así como a la Ley General de Aguas para que se priorice el consumo humano de este bien común en detrimento del acceso que tienen las empresa mineras.
Califica como fundamental el hecho de transparentar la información, pues el artículo 7º establece como confidenciales los datos sobre producción, beneficio y destino de los minerales. Tampoco se puede saber información sobre la geología de los yacimientos y reservas del mineral, y menos los estados económicos y contables de las empresas mineras.
Señala que también se requiere modificar el artículo 46 de la Ley para proteger las Áreas Naturales, con el fin de incrementar la carga fiscal de las empresas mineras, como el caso de Zacatecas, que ya impuso impuestos ecológicos.
Beatriz Olivera manifiesta además que se debe crear un registro nacional de beneficiarios reales de las empresas mineras en México para transparentar la información y crear periodos de “enfriamiento” aplicados a funcionarios públicos del sector minero. Considera que estas figuras tienen que hacer su declaración de intereses en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de identificar potenciales conflictos de interés.
Se pronuncia a favor de una política de declaración de intereses de funcionarios públicos y de garantizar el derecho al consentimiento previo libre e informado de pueblos indígenas.
