La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, Concepción Flores Saviaga, afirma que, en muy poco tiempo, los poderes ejecutivo y legislativo, han mantenido una presión constante y sistemática a la institución judicial, lo que les ha llevado a presenciar una evidente intromisión e invasión de facultades a su esfera competencial como poder constitucional, quedando “tristemente rebasados por otros poderes que no tienen atribuciones para impartir justicia”.
En un mensaje en sus redes sociales recuerda que hace poco más de un año, Magistradas y Magistrados, en uso de su facultad conferida por ministerio de ley, removieron de su encargo a la otrora Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez Huerta, por actos y omisiones que demostraron su conducción ilegal.
Explica que es de conocimiento público, que dicha remoción del cargo de la Presidenta Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, fue producto de sus actos ilegales y omisiones traducidas a escándalos financieros por la incorrecta administración de los recursos públicos de este Poder Judicial local.
“Siendo así, que ante irreverentes acciones para nuestra honorable institución judicial, decidimos removerla de la Presidencia, con el deseo de que, quien resultase representante, llevara a buen puerto los destinos del Honorable Poder Judicial del Estado, siendo que, con este halo de esperanza, el 23 de octubre del inolvidable año 2020, integrantes del entonces Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuvimos a bien nombrar a la actual titular de la Presidencia del Poder Judicial del Estado Isabel Inés Romero”.
Señala que confiaba con contar con un Poder Judicial íntegro, transparente y comprometido con la justicia, pero todo quedó en mera expectativa, ya que en muy poco tiempo, los poderes ejecutivo y legislativo, han mantenido una presión constante y sistemática a nuestra institución judicial.
Refiere que, desde diciembre del año 2020, mediante una solicitud formal que realizó en conjunto con demás magistradas y magistrados integrantes del entonces Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se le solicitó y posteriormente se le reiteró a la actual Presidenta que, tuviera a bien convocar a sesión extraordinaria de ese órgano colegiado, para analizar y discutir la situación financiera del Poder Judicial local.
Detalla que, entre otras cosas, se pidió revisar la información relativa a los ejercicios presupuestales de los años 2020 y 2021; así, como la cuenta de los resultados obtenidos por el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia durante los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020; los informes individuales del Órgano de Fiscalización Superior y la posible implicación de servidores públicos del Poder Judicial del Estado, con el fin de solicitar a la Fiscalía General del Estado, la situación que guardan las denuncias que han sido presentadas como hecho notorio en razón de lo antes expuesto.
Sin embargo, remarca que hasta la fecha no ha existido respuesta alguna por parte de la Titular del poder judicial, a pesar de las múltiples reiteraciones a dichas solicitudes de información.
Añade que, en una democracia, el poder político tiene un peso de suma importancia para ejecutar acciones conjuntas de determinado gobierno; sin embargo, al igual que otros profesionales del Derecho y particularmente, “al igual que muchas personas que a diario convivimos con la justicia y su impartición, sabemos lo temeroso que puede ser cuando a quienes imparten justicia se les somete para que prevalezcan las voluntades ajenas a sus atribuciones y sobre todo que dichas voluntades externas se encuentren por encima de lo que establece la ley”.
Critica que, lamentablemente, Veracruz es referencia nacional en temas alusivos a la ausencia de justicia como resultado de instituciones que no cubren las expectativas de los justiciables y se refirió al cierre de juzgados locales a lo largo de la geografía veracruzana con la escueta justificación de que no eran productivo.
“Cuando a la luz de los ojos de justiciables y litigantes, lo que se requiere es mayor presencia de infraestructura que imparta justicia a los más de ocho millones de veracruzanas y veracruzanos. De igual forma, acabamos de atravesar por una aberrante crisis financiera de nueva cuenta, ante un déficit de cerca de 500 millones de pesos”.
Refiere que a pesar de que, la Presidencia del propio tribunal y el titular del poder ejecutivo estatal, han desviado la atención pública en acciones de supuesta austeridad, omiten que, de acuerdo al artículo 60 último párrafo de la Constitución Política local, el presupuesto al Poder Judicial podrá ser mayor pero no menor al dos por ciento del total del presupuesto general del Estado, acto que no ocurrió en el presente ejercicio presupuestal, convalidándose con ello, la intromisión de otros poderes al Poder Judicial del Estado, por encima de la ley suprema local.
A pesar de lo anteriormente expuesto, subraya que con la participación de las y los profesionales del Derecho, desde académicos, estudiantes, investigadores, jueces y la sociedad civil organizada, se está a tiempo de reivindicar la fortaleza de la institución judicial, haciendo valer la autonomía constitucional de la que goza el Poder Judicial del Estado y así cumplir con la encomienda de impartir justicia en favor de los ciudadanos veracruzanos con el compromiso de cumplir a cabalidad con lo mandatado por nuestras normas jurídicas.
“A mis homólogos magistradas y magistrados, así como a los jueces de Veracruz, les exhorto a que la honestidad y la justicia, sean los valores humanos que orienten nuestra importante labor en beneficio de Veracruz y que la instauración del Estado de Derecho sea nuestra misión permanente”.
