ZARAGOZA, Ver.– El presidente municipal de Zaragoza, Miguel Grajales Martínez, es señalado por reporteros de presuntamente utilizar la fuerza pública para sacarlos e impedirles el acceso a las instalaciones del Ayuntamiento desde el 1º de enero, tras asumir el cargo.
De acuerdo con comunicadores agraviados, el presidente municipal (de Morena) argumenta que el Ayuntamiento es propiedad privada y que por ello ordena a la Policía Municipal echarlos de las instalaciones. La primera en ser agredida fue la reportera Maricarmen Rosas, el 1º de enero, dijeron.
Desde ese entonces, señalan, no han podido realizar entrevistas entre los funcionarios municipales, además de que el 14 de febrero, durante el evento de bodas colectivas, preventivos sacaron a fotógrafos y reporteros.
En esa ocasión, según los comunicadores, el presidente municipal Miguel Grajales Martínez ordenó a elementos de la Policía Municipal sacarlos "sin ningún problema"; la indicación se cumplió, ante el asombro de los comunicadores.
Desde ese día, los reporteros no pueden entrar al ayuntamiento, pues hay policías que custodian las entradas y salidas para evitar incluso que intenten acercarse, según por tratarse de un inmueble privado, de acuerdo con lo informado.
CEAPP inicia procedimiento por restricción a la libertad de expresión
Al respecto, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) emitió un comunicado en el que señala que inició un procedimiento de medidas de atención por una probable restricción ilegítima a la libertad de expresión en agravio de comunicadores en Zaragoza, municipio ubicado en el sur de la entidad, según el expediente MA/001/2022.
Adicionalmente, de acuerdo con lo informado, la CEAPP pudo documentar que en fechas anteriores e incluso el 15 de febrero tampoco se permitió el ingreso de periodistas al Palacio Municipal.
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También notificó un requerimiento de información al Ayuntamiento de Zaragoza y dicha autoridad municipal cuenta con 5 días hábiles para fundar y motivar las razones por las cuales han restringido el acceso y han hecho uso de la fuerza pública para retirar a los periodistas de instalaciones en las que desarrollan sus actividades servidores públicos.