Veracruz, Ver.- El alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli dijo desconocer la demanda que existe en su contra por negarse a reinstalar a un grupo de extrabajadores municipales que fue decretada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
“No sé de dónde salió eso, no tengo la menor idea, no tengo nada que decir porque es totalmente falso, no he visto la nota ni exactamente de qué se trata, supongo que son problemas laborales que tienen muchísimos años antes del 2012 o 2013 no sé”, aseguró el edil.
De acuerdo al munícipe boqueño tampoco le han notificado de la orden de arresto administrativo que le dictó la autoridad laboral a él y a la síndica única, Lizeth León Huesca, por incumplimiento de un laudo correspondiente al 2019.
Morelli comentó que los temas de índole laboral se atienden desde el área jurídica del municipio por lo que insiste que desconoce la queja de este grupo de trabajadores.
“Los temas laborales son temas que se atienden del área jurídica. Son temas que vienen de administraciones anteriores y que tienen su proceso normal, pero no tienen ningún otro tema más allá”, sostuvo la primera autoridad municipal.
Sin embargo es de mencionar que en esta semana, un tribunal federal negó el amparo que solicitara el munícipe y la síndica de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli y Lizeth León Huesca, contra una orden de arresto administrativo por la negativa de reinstalar un grupo de trabajadores, misma que fue decretada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Conforme a los establecido en el expediente 65/2020 del Juzgado Tercero de Distrito, los ediles debían reinstalar a los trabajadores que fueron despedidos del área del Juzgado Municipal y lo cual quedó resuelto en un laudo del 2019.
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictó como medida de apremio el arresto administrativo, dado el incumplimiento del mismo.
Para evitar dicha medida, ambos servidores públicos recurrieron a las instancias federales y de inicio consiguieron una suspensión provisional.
Sin embargo, el Juez revisó a fondo el expediente y decidió que la suspensión definitiva no procedía, dadas las faltas en las que incurrieron los ediles.
En caso de ser arrestados, los ediles serían presentados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para dar cumplimiento a la resolución emitida desde el 2019.
