/ viernes 25 de septiembre de 2020

Desde el Congreso buscan intervenir en el funcionamiento interno del Poder Judicial

Las iniciativas contemplan que el Poder Judicial de Veracruz esté obligado a presentar una versión pública de todas sus sentencias

Xalapa, Ver.- Nuevamente los diputados del Congreso local buscan intervenir en el funcionamiento interno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al presentar dos iniciativas con las cuales de pretenden modificar acciones de competencia del organismo.

Las iniciativas contemplan que el Poder Judicial de Veracruz esté obligado a presentar una versión pública de todas sus sentencias, y garantizar experiencia y profesionalismo en el desempeño de quienes tienen señaladas atribuciones de máxima importancia en el funcionamiento del Tribunal.

La primera iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Adriana Paola Linares Capitanachi, relacionada con una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz para que el Poder Judicial de Veracruz esté obligado a presentar una versión pública de todas sus sentencias.

La reforma atendería al mandato del Congreso de la Unión, cuyas modificaciones a Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública señalan un plazo de 180 días para que los Congresos de las entidades federativas homologuen las Leyes locales con la misma.

De acuerdo a la redacción actual de la Ley, el Poder Judicial debe presentar una versión pública de sus sentencias sólo en los casos que las considere “de interés público”, clasificación que recae en el propio criterio del sujeto obligado y que está abierta a una interpretación subjetiva.

Sin embargo, con la reforma a la fracción primera del artículo 18 de la legislación local se obligaría a publicar todas las sentencias.

En la propuesta se destacó que en algunos órganos del Poder Judicial ha prevalecido, hasta ahora, la práctica voluntaria de publicar todas las sentencias. Sin embargo, la reforma es necesaria porque la medida ya no será voluntaria, sino obligatoria y por lo tanto será extensiva a todos los órganos jurisdiccionales.

La segunda propuesta fue presentada por el grupo legislativo PRI-PVEM y se relaciona con reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a fin de ponderar la necesidad de garantizar experiencia y profesionalismo en el desempeño de quienes tienen señaladas atribuciones de máxima importancia en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

La reforma al Artículo 17 de la ley precisa entre las atribuciones del pleno del Tribunal Superior de Justicia consistente en nombrar, mediante votación secreta, a dos magistradas o magistrados para que formen parte del Consejo de la Judicatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 95 de la misma ley.

Proponen, además, actualizar que cada una de las Salas cuente con una secretaria o secretario de Acuerdos, quien deberá reunir los mismos requisitos que para ser magistrada o magistrado, así como haber asistido y aprobado el curso de capacitación autorizado por el Consejo de la Judicatura. A su vez, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia contará con una secretaria o secretario General de Acuerdos.

En lo que respecta a las atribuciones del presidente del Tribunal se plantea que se le faculte tramitar los asuntos de la competencia del Pleno hasta ponerlos en estado de resolución.

Asimismo, se determina que para los efectos de la imposición de las sanciones disciplinarias, el procedimiento señalado en el Artículo 171 incluiría que, cuando se trate del personal del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de éste, previa audiencia del acusado dictará su resolución y, en su caso, impondrá la sanción respectiva.

Xalapa, Ver.- Nuevamente los diputados del Congreso local buscan intervenir en el funcionamiento interno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al presentar dos iniciativas con las cuales de pretenden modificar acciones de competencia del organismo.

Las iniciativas contemplan que el Poder Judicial de Veracruz esté obligado a presentar una versión pública de todas sus sentencias, y garantizar experiencia y profesionalismo en el desempeño de quienes tienen señaladas atribuciones de máxima importancia en el funcionamiento del Tribunal.

La primera iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Adriana Paola Linares Capitanachi, relacionada con una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz para que el Poder Judicial de Veracruz esté obligado a presentar una versión pública de todas sus sentencias.

La reforma atendería al mandato del Congreso de la Unión, cuyas modificaciones a Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública señalan un plazo de 180 días para que los Congresos de las entidades federativas homologuen las Leyes locales con la misma.

De acuerdo a la redacción actual de la Ley, el Poder Judicial debe presentar una versión pública de sus sentencias sólo en los casos que las considere “de interés público”, clasificación que recae en el propio criterio del sujeto obligado y que está abierta a una interpretación subjetiva.

Sin embargo, con la reforma a la fracción primera del artículo 18 de la legislación local se obligaría a publicar todas las sentencias.

En la propuesta se destacó que en algunos órganos del Poder Judicial ha prevalecido, hasta ahora, la práctica voluntaria de publicar todas las sentencias. Sin embargo, la reforma es necesaria porque la medida ya no será voluntaria, sino obligatoria y por lo tanto será extensiva a todos los órganos jurisdiccionales.

La segunda propuesta fue presentada por el grupo legislativo PRI-PVEM y se relaciona con reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a fin de ponderar la necesidad de garantizar experiencia y profesionalismo en el desempeño de quienes tienen señaladas atribuciones de máxima importancia en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

La reforma al Artículo 17 de la ley precisa entre las atribuciones del pleno del Tribunal Superior de Justicia consistente en nombrar, mediante votación secreta, a dos magistradas o magistrados para que formen parte del Consejo de la Judicatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 95 de la misma ley.

Proponen, además, actualizar que cada una de las Salas cuente con una secretaria o secretario de Acuerdos, quien deberá reunir los mismos requisitos que para ser magistrada o magistrado, así como haber asistido y aprobado el curso de capacitación autorizado por el Consejo de la Judicatura. A su vez, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia contará con una secretaria o secretario General de Acuerdos.

En lo que respecta a las atribuciones del presidente del Tribunal se plantea que se le faculte tramitar los asuntos de la competencia del Pleno hasta ponerlos en estado de resolución.

Asimismo, se determina que para los efectos de la imposición de las sanciones disciplinarias, el procedimiento señalado en el Artículo 171 incluiría que, cuando se trate del personal del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de éste, previa audiencia del acusado dictará su resolución y, en su caso, impondrá la sanción respectiva.

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