/ miércoles 11 de agosto de 2021

Dictan nueva orden de aprehensión contra Rogelio “N”

Se le acusa de presunto abuso de autoridad en contra de la función pública

La madrugada de este miércoles el exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, fue notificado de una nueva orden de aprehensión en su contra, la cual se relaciona con presunto abuso de autoridad en contra de la función pública.

En días pasados, el Juez Séptimo de Distrito en Veracruz determinó que la prisión preventiva que se le aplicó desde marzo pasado fue excesiva e injustificada, por lo que la Jueza Alejandra Barrientos Castellano tendría que realizar una audiencia en la que se le permitiera continuar su proceso en libertad.

El Juez federal resolvió el Juicio de Amparo 121/2021 y determinó que la Jueza no justificó correctamente la medida cautelar de prisión preventiva de ocho meses, misma que le fue dictada en marzo pasado como parte del proceso penal 50/2021.

Sin embargo, este día, alrededor de las 03:00 horas fue notificado de la nueva orden de aprehensión que tiene en su contra, por lo que deberá permanecer en prisión preventiva en el penal de La Toma, en Amatlán, hasta que se resuelva su situación actual.

El abogado del exservidor público, Jesús Velázquez Flores, dio a conocer que la orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía General del Estado y girada por un Juez de Xalapa.

Explicó que en esta se le imputa el presunto delito de abuso de autoridad en contra de la función pública, por lo que se considera que se trata de actos que supuestamente habría cometido mientras fue Secretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

En su opinión, la orden de aprehensión fue elaborada al vapor, ya que en los tres años de la administración estatal actual no se le había notificado de que existiera un procedimiento en su contra.

“En los tres años nunca había sido notificado de que hubiera un procedimiento en su contra, pareciera indicar que fue hecha al vapor y a consecuencia de que había ganado el amparo, la idea es que siga en la cárcel, que siga siendo el preso político, nunca se supo que existía un procedimiento porque no se tenía”, expuso.

El abogado recordó que al haber obtenido el amparo federal, Rogelio “N” debía continuar su proceso en libertad; sin embargo, la Jueza encargada no había emitido una fecha para la realización de la audiencia en la que se daría cumplimiento al mismo.

Ante ello, dijo, se deberán realizar nuevas acciones legales que permitan lograr que el exservidor público logre la libertad.

“Estamos analizando esta nueva orden de aprehensión para establecer los recursos que vamos a aplicar porque él ya tenía el amparo de la ley federal, pero ahora debemos enfrentarnos a este nuevo procedimiento”, agregó.

Rogelio “N” fue detenido el 13 de marzo del año en curso por el presunto delito de ultrajes a la autoridad, luego de que un elemento de la Policía Ministerial lo acusara de rasgarle una camiseta de 330 pesos, así como “provocarle miedo y daño psicológico”.

Por estos hechos la Juez de Control, Alejandra Barrientos Castellanos, le impuso prisión preventiva de ocho meses, aunque el delito no amerita prisión preventiva oficiosa.

Tras ello, el Juez federal consideró que la prisión preventiva que se le aplicó fue excesiva e injustificada, por lo que la Juez tenía que emitir una fecha para celebrar una audiencia y otorgarle el beneficio de continuar su procedimiento en libertad.

La madrugada de este miércoles el exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, fue notificado de una nueva orden de aprehensión en su contra, la cual se relaciona con presunto abuso de autoridad en contra de la función pública.

En días pasados, el Juez Séptimo de Distrito en Veracruz determinó que la prisión preventiva que se le aplicó desde marzo pasado fue excesiva e injustificada, por lo que la Jueza Alejandra Barrientos Castellano tendría que realizar una audiencia en la que se le permitiera continuar su proceso en libertad.

El Juez federal resolvió el Juicio de Amparo 121/2021 y determinó que la Jueza no justificó correctamente la medida cautelar de prisión preventiva de ocho meses, misma que le fue dictada en marzo pasado como parte del proceso penal 50/2021.

Sin embargo, este día, alrededor de las 03:00 horas fue notificado de la nueva orden de aprehensión que tiene en su contra, por lo que deberá permanecer en prisión preventiva en el penal de La Toma, en Amatlán, hasta que se resuelva su situación actual.

El abogado del exservidor público, Jesús Velázquez Flores, dio a conocer que la orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía General del Estado y girada por un Juez de Xalapa.

Explicó que en esta se le imputa el presunto delito de abuso de autoridad en contra de la función pública, por lo que se considera que se trata de actos que supuestamente habría cometido mientras fue Secretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

En su opinión, la orden de aprehensión fue elaborada al vapor, ya que en los tres años de la administración estatal actual no se le había notificado de que existiera un procedimiento en su contra.

“En los tres años nunca había sido notificado de que hubiera un procedimiento en su contra, pareciera indicar que fue hecha al vapor y a consecuencia de que había ganado el amparo, la idea es que siga en la cárcel, que siga siendo el preso político, nunca se supo que existía un procedimiento porque no se tenía”, expuso.

El abogado recordó que al haber obtenido el amparo federal, Rogelio “N” debía continuar su proceso en libertad; sin embargo, la Jueza encargada no había emitido una fecha para la realización de la audiencia en la que se daría cumplimiento al mismo.

Ante ello, dijo, se deberán realizar nuevas acciones legales que permitan lograr que el exservidor público logre la libertad.

“Estamos analizando esta nueva orden de aprehensión para establecer los recursos que vamos a aplicar porque él ya tenía el amparo de la ley federal, pero ahora debemos enfrentarnos a este nuevo procedimiento”, agregó.

Rogelio “N” fue detenido el 13 de marzo del año en curso por el presunto delito de ultrajes a la autoridad, luego de que un elemento de la Policía Ministerial lo acusara de rasgarle una camiseta de 330 pesos, así como “provocarle miedo y daño psicológico”.

Por estos hechos la Juez de Control, Alejandra Barrientos Castellanos, le impuso prisión preventiva de ocho meses, aunque el delito no amerita prisión preventiva oficiosa.

Tras ello, el Juez federal consideró que la prisión preventiva que se le aplicó fue excesiva e injustificada, por lo que la Juez tenía que emitir una fecha para celebrar una audiencia y otorgarle el beneficio de continuar su procedimiento en libertad.

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