/ viernes 26 de julio de 2019

Disminuyen las detenciones en Veracruz; presos en cárceles, a la baja

De 22 mil 197 carpetas de investigación iniciadas, en el primer trimestre de 2019 aprehendieron a 989 personas, 135 menos que en el mismo periodo de 2018

Hasta el pasado 31 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó un total de 22 mil 197 carpetas de investigación iniciadas que tuvo como resultado 989 personas detenidas en Veracruz, lo que representa una disminución de 12% en comparación con la cifra registrada en el primer trimestre de 2018, que fue de mil 124 detenciones.

Mientras que en 2017, para un total de 87 mil 568 causas penales, se detuvo a 3 mil 989 personas; en 2018, de 89 mil 213 carpetas de investigación iniciadas, se realizaron 4 mil 388 detenciones, de acuerdo con la plataforma del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

También indica que para el actual periodo, de 989 detenciones, 952 fueron en flagrancia y 37 con orden de aprehensión. En el periodo enero-marzo de este año, del total de la causas penales iniciadas, 95.7% (21 mil 243 carpetas de investigación) se realizaron sin detenidos, lo cual sugiere, según especialistas de México Evalúa, una mayor proclividad por parte de las fiscalías para judicializar asuntos que le implica obligaciones y responsabilidades distintas a las que se adquieren con casos que inician con una detención en flagrancia.

Asimismo, el número de víctimas u ofendidos reportados para este periodo, que fue de 24 mil 710, superaron el total de las carpetas de investigación iniciadas (22 mil 197).

Del total de víctimas, 44.2% fueron mujeres (10 mil 922), 45.2% de los afectados fueron hombres (11 mil 181) y 10.6% (2 mil 607) se clasificaron como “otros”.

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

La plataforma nacional registra que de 273 imputados —personas que presuntamente cometieron un acto delictivo—, a los que se les dictó auto de vinculación a proceso o que se encontraban en espera de la audiencia de vinculación relacionados con las carpetas de investigación iniciadas en este periodo, fueron 260 presuntos culpables a los que les impusieron medida cautelar: 111 con prisión preventiva oficiosa (40.7%), 27 con prisión preventiva no oficiosa (9.9%), 122 con otra medida cautelar (44.7%) y 13 sin medida cautelar (4.8%).

Cabe destacar que la determinación de la Prisión Preventiva Oficiosa como medida cautelar es considerada “como un indicador del desempeño de los defensores públicos, pues su papel es prevenir que los imputados sean privados de la libertad durante el proceso penal, por lo que una mayor determinación de prisión preventiva sugiere que los defensores no están cumpliendo con las expectativas de sus defendidos”, refiere México Evalúa.

Con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que entró en vigor en todo el país el 19 junio de 2016, se regularon las normas para la aplicación de prisión preventiva, ejecución de penas y medidas de seguridad, así como la forma en que se resuelven las controversias.

Uno de los puntos destacados del nuevo sistema de justicia penal fue la eliminación de la prisión preventiva automática de los detenidos, bajo el principio de presunción de inocencia; dicha medida cautelar sólo debía limitarse a delitos muy graves, con datos que probaran la comisión del delito, por el nivel de peligrosidad del presunto culpable o “cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio”.

Posteriormente, el 12 de abril de 2019 fue publicada la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se amplía el catálogo de delitos que amerita la Prisión Preventiva Oficiosa que comprende un total de 20 delitos, de las cuales destacan el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo a casa-habitación, trata de personas, secuestro, entre otras.

Al respecto, en Veracruz se ha registrado la disminución de presuntos culpables con prisión preventiva oficiosa: en 2017, a 675 imputados les dictaron dicha medida cautelar; en 2018, hubo 866 personas; y en 2019, con corte al 31 de marzo, la FGE impuso esta medida a 111 imputados.

En 2017, las entidades con mayor prisión preventiva oficiosa fueron Estado de México, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Guerrero, Querétaro, Campeche, Aguascalientes y Jalisco.

Mientras que en 2018, la lista la encabezaron el Estado de México, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Campeche, Guanajuato y Jalisco.

Hasta marzo de 2019, las entidades donde se registraron mayores aplicaciones de esta medida cautelar fueron el Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Quintana Roo, Veracruz, Aguascalientes y Campeche.

Cabe señalar que a nivel nacional existe el debate en torno de la prisión preventiva oficiosa, pues es considerada como violatoria de los derechos fundamentales. Los argumentos en contra de esta medida cautelar refieren que al privar de su libertad a una persona acusada de un delito sin existir una sentencia que la declare culpable, rompe con el principio de igualdad, porque ésta no puede defenderse igual que una persona libre.

Con la nueva lista de delitos graves, defensores de derechos humanos consideran que la prisión preventiva oficiosa se convierte “en una regla y no en la excepción”.

MENOS RECLUSOS

Aunque, por una parte, las cifras indican que 111 personas fueron encarceladas de forma preventiva, internadas bajo proceso penal pero sin sentencia que confirmara si son culpables o no, al final también se revela que durante el primer trimestre de este año, en los centros penitenciarios estatales no se registraron personas privadas de la libertad (PPL) que estén siendo procesadas o cumpliendo su condena.

Dicha disminución de PPL fue de 100%, comparado con los registros de 2018 en los que hubo un total de 5 mil 446 personas internadas esperando su sentencia y 7 mil 562 cumpliendo su condena.

Mientras que en 2017, la cifra de personas procesadas fue de 2 mil 467 y 4 mil 170 estaban cumpliendo su condena en alguno de los 17 centros penitenciarios estatales.

La cifra a la baja de personas presas en las cárceles también se explica por la disminución de personas encarceladas de manera preventiva que ha tenido un descenso en la entidad: en 2017 se tuvo un total de 675 imputados con prisión preventiva oficiosa, en 2018 fue de 866 y para 2019, 111 personas.

Asimismo, para el primer trimestre de 2019, en Veracruz se reportaron 11 imputados con sentencia condenatoria.

OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Para México Evalúa, la disminución de detenciones ilegales no depende únicamente de la capacidad de los defensores públicos para argumentarlos ni de los jueces para resolver al respecto cada caso, sino de fortalecer a los ministerios públicos para elevar los estándares y así obligar también a los policías a apegarse a los protocolos de actuación.

Finalmente, destaca que es importante que las instituciones operadoras del sistema de justicia penal, tanto policías como fiscalías o procuradurías estatales, comprendan que todas las acciones realizadas durante el proceso penal tienen un impacto en los momentos procesales posteriores y, sobre todo, en la operación del sistema de justicia en su conjunto.

Hasta el pasado 31 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó un total de 22 mil 197 carpetas de investigación iniciadas que tuvo como resultado 989 personas detenidas en Veracruz, lo que representa una disminución de 12% en comparación con la cifra registrada en el primer trimestre de 2018, que fue de mil 124 detenciones.

Mientras que en 2017, para un total de 87 mil 568 causas penales, se detuvo a 3 mil 989 personas; en 2018, de 89 mil 213 carpetas de investigación iniciadas, se realizaron 4 mil 388 detenciones, de acuerdo con la plataforma del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

También indica que para el actual periodo, de 989 detenciones, 952 fueron en flagrancia y 37 con orden de aprehensión. En el periodo enero-marzo de este año, del total de la causas penales iniciadas, 95.7% (21 mil 243 carpetas de investigación) se realizaron sin detenidos, lo cual sugiere, según especialistas de México Evalúa, una mayor proclividad por parte de las fiscalías para judicializar asuntos que le implica obligaciones y responsabilidades distintas a las que se adquieren con casos que inician con una detención en flagrancia.

Asimismo, el número de víctimas u ofendidos reportados para este periodo, que fue de 24 mil 710, superaron el total de las carpetas de investigación iniciadas (22 mil 197).

Del total de víctimas, 44.2% fueron mujeres (10 mil 922), 45.2% de los afectados fueron hombres (11 mil 181) y 10.6% (2 mil 607) se clasificaron como “otros”.

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

La plataforma nacional registra que de 273 imputados —personas que presuntamente cometieron un acto delictivo—, a los que se les dictó auto de vinculación a proceso o que se encontraban en espera de la audiencia de vinculación relacionados con las carpetas de investigación iniciadas en este periodo, fueron 260 presuntos culpables a los que les impusieron medida cautelar: 111 con prisión preventiva oficiosa (40.7%), 27 con prisión preventiva no oficiosa (9.9%), 122 con otra medida cautelar (44.7%) y 13 sin medida cautelar (4.8%).

Cabe destacar que la determinación de la Prisión Preventiva Oficiosa como medida cautelar es considerada “como un indicador del desempeño de los defensores públicos, pues su papel es prevenir que los imputados sean privados de la libertad durante el proceso penal, por lo que una mayor determinación de prisión preventiva sugiere que los defensores no están cumpliendo con las expectativas de sus defendidos”, refiere México Evalúa.

Con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que entró en vigor en todo el país el 19 junio de 2016, se regularon las normas para la aplicación de prisión preventiva, ejecución de penas y medidas de seguridad, así como la forma en que se resuelven las controversias.

Uno de los puntos destacados del nuevo sistema de justicia penal fue la eliminación de la prisión preventiva automática de los detenidos, bajo el principio de presunción de inocencia; dicha medida cautelar sólo debía limitarse a delitos muy graves, con datos que probaran la comisión del delito, por el nivel de peligrosidad del presunto culpable o “cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio”.

Posteriormente, el 12 de abril de 2019 fue publicada la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se amplía el catálogo de delitos que amerita la Prisión Preventiva Oficiosa que comprende un total de 20 delitos, de las cuales destacan el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo a casa-habitación, trata de personas, secuestro, entre otras.

Al respecto, en Veracruz se ha registrado la disminución de presuntos culpables con prisión preventiva oficiosa: en 2017, a 675 imputados les dictaron dicha medida cautelar; en 2018, hubo 866 personas; y en 2019, con corte al 31 de marzo, la FGE impuso esta medida a 111 imputados.

En 2017, las entidades con mayor prisión preventiva oficiosa fueron Estado de México, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Guerrero, Querétaro, Campeche, Aguascalientes y Jalisco.

Mientras que en 2018, la lista la encabezaron el Estado de México, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Campeche, Guanajuato y Jalisco.

Hasta marzo de 2019, las entidades donde se registraron mayores aplicaciones de esta medida cautelar fueron el Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Quintana Roo, Veracruz, Aguascalientes y Campeche.

Cabe señalar que a nivel nacional existe el debate en torno de la prisión preventiva oficiosa, pues es considerada como violatoria de los derechos fundamentales. Los argumentos en contra de esta medida cautelar refieren que al privar de su libertad a una persona acusada de un delito sin existir una sentencia que la declare culpable, rompe con el principio de igualdad, porque ésta no puede defenderse igual que una persona libre.

Con la nueva lista de delitos graves, defensores de derechos humanos consideran que la prisión preventiva oficiosa se convierte “en una regla y no en la excepción”.

MENOS RECLUSOS

Aunque, por una parte, las cifras indican que 111 personas fueron encarceladas de forma preventiva, internadas bajo proceso penal pero sin sentencia que confirmara si son culpables o no, al final también se revela que durante el primer trimestre de este año, en los centros penitenciarios estatales no se registraron personas privadas de la libertad (PPL) que estén siendo procesadas o cumpliendo su condena.

Dicha disminución de PPL fue de 100%, comparado con los registros de 2018 en los que hubo un total de 5 mil 446 personas internadas esperando su sentencia y 7 mil 562 cumpliendo su condena.

Mientras que en 2017, la cifra de personas procesadas fue de 2 mil 467 y 4 mil 170 estaban cumpliendo su condena en alguno de los 17 centros penitenciarios estatales.

La cifra a la baja de personas presas en las cárceles también se explica por la disminución de personas encarceladas de manera preventiva que ha tenido un descenso en la entidad: en 2017 se tuvo un total de 675 imputados con prisión preventiva oficiosa, en 2018 fue de 866 y para 2019, 111 personas.

Asimismo, para el primer trimestre de 2019, en Veracruz se reportaron 11 imputados con sentencia condenatoria.

OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Para México Evalúa, la disminución de detenciones ilegales no depende únicamente de la capacidad de los defensores públicos para argumentarlos ni de los jueces para resolver al respecto cada caso, sino de fortalecer a los ministerios públicos para elevar los estándares y así obligar también a los policías a apegarse a los protocolos de actuación.

Finalmente, destaca que es importante que las instituciones operadoras del sistema de justicia penal, tanto policías como fiscalías o procuradurías estatales, comprendan que todas las acciones realizadas durante el proceso penal tienen un impacto en los momentos procesales posteriores y, sobre todo, en la operación del sistema de justicia en su conjunto.

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