/ martes 30 de marzo de 2021

Docentes acuden a denuncias, amparos y quejas por descuentos vía nómina

José Luis Mendo Sobrevilla, representante del grupo, recordó que los docentes han recibido descuentos, algunos de ellos, sin haber requerido préstamos

Integrantes del grupo Fuerza Magisterial dieron a conocer que recurrieron a denuncias y quejas para lograr que exista la restitución de derechos hacia los docentes que reciben descuentos vía nómina y en algunos casos no se solicitaron préstamos.

Destacaron que en el caso de los préstamos que sí se solicitaron, los montos van de los 10 mil a los 300 mil, siendo que en estos últimos casos los docentes terminarían pagando hasta un millón de pesos.

En conferencia de prensa, anunciaron que se trata de tres denuncias que se presentaron en diciembre en contra de servidores públicos de la SEV, una denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y una demanda laboral.

En el caso de la SEV, se denunció al Secretario, Zenyazen Escobar García; la Oficial Mayor, Ariadna Aguilar Amaya; y el Director General de Nóminas, Clemente Landa, por presunto incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad. Ello, dado que, aseguraron, debían pagar el salario de los docentes como está establecido en la ley, pero se permitió que se aplicaran los descuentos.

Acompañados de sus abogados, manifestaron que también acudieron a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

José Luis Mendo Sobrevilla, representante del grupo, recordó que los docentes han recibido descuentos, algunos de ellos, sin haber requerido préstamos.

Destacó que algunos convenios no se realizaron en la presente administración, pero al haber tomado el cargo hace dos años, debieron reportar cualquier acto ilícito ante la Contraloría General del Estado.

"Si ganamos esos amparos, van a obligar tanto al Orfis como a la Fiscalía a investigar, con eso también se obligaría al Orfis a practicar la auditoría a la Dirección General de Nóminas de la SEV para investigar cuántos son los afectados y se realice la restitución del daño”, dijo.

Al respecto, el representante legal de Grupo Omerta, Miguel Matus Blanco, destacó que se lleva la defensa de alrededor de 200 maestros; sin embargo, dijo, son miles los afectados no sólo en la SEV, sino también en la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Instituto de Pensiones del Estado y el IMSS a nivel federal.

“Nosotros como defensa no buscamos evadir el pago de aquellos que reconocen haber solicitado los préstamos, pero en otros casos hay la presunción de que hubo falsificación de documentos y firmas, por eso estamos recurriendo a todas las acciones jurídicas posibles”, expuso.

En torno a la queja que interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puntualizó que ésta se encuentra en la etapa de solventación, "estamos agotando todas las vías legales jurídicas, tenemos la intención de entablar una demanda laboral para que se declare judicialmente la nulidad del acto para restituir los derechos de los trabajadores".

El abogado, en representación de los docentes, realizó un exhorto a los organismos y dependencias a las que recurrieron, a fin de que exista una garantía en los derechos humanos de los profesores y en los casos donde no hubo solicitud de préstamo se haga una devolución de los recursos.

Integrantes del grupo Fuerza Magisterial dieron a conocer que recurrieron a denuncias y quejas para lograr que exista la restitución de derechos hacia los docentes que reciben descuentos vía nómina y en algunos casos no se solicitaron préstamos.

Destacaron que en el caso de los préstamos que sí se solicitaron, los montos van de los 10 mil a los 300 mil, siendo que en estos últimos casos los docentes terminarían pagando hasta un millón de pesos.

En conferencia de prensa, anunciaron que se trata de tres denuncias que se presentaron en diciembre en contra de servidores públicos de la SEV, una denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y una demanda laboral.

En el caso de la SEV, se denunció al Secretario, Zenyazen Escobar García; la Oficial Mayor, Ariadna Aguilar Amaya; y el Director General de Nóminas, Clemente Landa, por presunto incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad. Ello, dado que, aseguraron, debían pagar el salario de los docentes como está establecido en la ley, pero se permitió que se aplicaran los descuentos.

Acompañados de sus abogados, manifestaron que también acudieron a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

José Luis Mendo Sobrevilla, representante del grupo, recordó que los docentes han recibido descuentos, algunos de ellos, sin haber requerido préstamos.

Destacó que algunos convenios no se realizaron en la presente administración, pero al haber tomado el cargo hace dos años, debieron reportar cualquier acto ilícito ante la Contraloría General del Estado.

"Si ganamos esos amparos, van a obligar tanto al Orfis como a la Fiscalía a investigar, con eso también se obligaría al Orfis a practicar la auditoría a la Dirección General de Nóminas de la SEV para investigar cuántos son los afectados y se realice la restitución del daño”, dijo.

Al respecto, el representante legal de Grupo Omerta, Miguel Matus Blanco, destacó que se lleva la defensa de alrededor de 200 maestros; sin embargo, dijo, son miles los afectados no sólo en la SEV, sino también en la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Instituto de Pensiones del Estado y el IMSS a nivel federal.

“Nosotros como defensa no buscamos evadir el pago de aquellos que reconocen haber solicitado los préstamos, pero en otros casos hay la presunción de que hubo falsificación de documentos y firmas, por eso estamos recurriendo a todas las acciones jurídicas posibles”, expuso.

En torno a la queja que interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puntualizó que ésta se encuentra en la etapa de solventación, "estamos agotando todas las vías legales jurídicas, tenemos la intención de entablar una demanda laboral para que se declare judicialmente la nulidad del acto para restituir los derechos de los trabajadores".

El abogado, en representación de los docentes, realizó un exhorto a los organismos y dependencias a las que recurrieron, a fin de que exista una garantía en los derechos humanos de los profesores y en los casos donde no hubo solicitud de préstamo se haga una devolución de los recursos.

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