/ martes 16 de febrero de 2021

Durante 2020, ni la mitad de homicidios de mujeres fueron judicializados

Fiscalía tiene rezago heredado de administraciones pasadas


Menos de la mitad de los asesinatos y feminicidios cometidos durante 2020 fueron judicializados por la Fiscalía General del Estado.

Al comparecer ante los diputados locales, la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, dio a conocer que el año pasado se abrieron 182 carpetas de investigación por asesinatos de mujeres, de las cuales 84 fueron feminicidios, 97 homicidios dolosos y uno por secuestro.

Durante su discurso, como parte de su segundo año frente al organismo procurador de justicia, mencionó que de las 182 carpetas de investigación, sólo 73 se han judicializado.

En su mensaje dado a los diputados locales destacó que por esta causa se obtuvieron sentencias condenatorias en promedio con una pena de hasta de 40 años.

Aprovechó para solicitar a las mujeres presentar las denuncias correspondientes al ser víctimas de violencia, “cuando exista un indicio de violencia, no hay que esperar a que el problema crezca, al grado de poner en riesgo la vida”.

Al presentar datos, comentó que en el año 2020 la Fiscalía en total inició 86 mil 571 Carpetas de Investigación, logrando determinar un total de 69 mil 30 que representan un incremento del 102%, respecto al mismo periodo del año 2019.

La investigación permitió incrementar en un 21.4% la detención de posibles responsables de la comisión de delitos; lo que generó un 24.8% la productividad en audiencias.

Las vinculaciones a proceso se incrementaron en un 40.9% y las sentencias condenatorias aumentaron un 50.6%.

Hernández Giadáns aseveró que se ha logrado un descenso del 11.7% en la incidencia general, respecto a los delitos de alto impacto.

El homicidio doloso y las extorsiones disminuyeron en un 10%, el delito de secuestro en un 59%, el feminicidio en un 19.2%, y el robo de vehículo automotor en un 21.3%.

Reconoció que persiste rezago heredado de administraciones anteriores en la resolución de carpetas iniciadas con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y con el sistema penal tradicional.

Pese a ello, puntualizó que existen avances para eliminar los pendientes, pues a la fecha se ha logrado abatir el 52% del rezago del Sistema Penal Acusatorio y un 80% en el Sistema Inquisitivo Penal.

Respecto a los registros de las carpetas, comentó que se solventó al 100 por ciento el rezago de administraciones pasadas y se realizaron las promociones de actualización pertinentes ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, dio a conocer que en materia de gestión administrativa se aplicó la homologación salarial de mil 294 servidores públicos, lo que significó una inversión de 56 millones de pesos beneficiando a 437 fiscales, 550 policías, 266 peritos y 41 fiscales facilitadores.

Se regularizó la situación laboral de 247 servidores públicos con más de 20 años de servicio y la entrega de estímulos económicos a 237 servidores públicos por años de servicio.

Destacó que se implementó una política de cero tolerancia al rezago en comprobaciones en gasto corriente y en fondo revolvente.

Anteriormente, dijo, persistían pasivos en diversos rubros como: SAR, IMSS, IPE, proveedores, obra pública y de retención y contribuciones a pagar. En la gestión actual se han atendido los rezagos y se suscribió un convenio con el IPE para el pago de contribuciones patronales.


Menos de la mitad de los asesinatos y feminicidios cometidos durante 2020 fueron judicializados por la Fiscalía General del Estado.

Al comparecer ante los diputados locales, la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, dio a conocer que el año pasado se abrieron 182 carpetas de investigación por asesinatos de mujeres, de las cuales 84 fueron feminicidios, 97 homicidios dolosos y uno por secuestro.

Durante su discurso, como parte de su segundo año frente al organismo procurador de justicia, mencionó que de las 182 carpetas de investigación, sólo 73 se han judicializado.

En su mensaje dado a los diputados locales destacó que por esta causa se obtuvieron sentencias condenatorias en promedio con una pena de hasta de 40 años.

Aprovechó para solicitar a las mujeres presentar las denuncias correspondientes al ser víctimas de violencia, “cuando exista un indicio de violencia, no hay que esperar a que el problema crezca, al grado de poner en riesgo la vida”.

Al presentar datos, comentó que en el año 2020 la Fiscalía en total inició 86 mil 571 Carpetas de Investigación, logrando determinar un total de 69 mil 30 que representan un incremento del 102%, respecto al mismo periodo del año 2019.

La investigación permitió incrementar en un 21.4% la detención de posibles responsables de la comisión de delitos; lo que generó un 24.8% la productividad en audiencias.

Las vinculaciones a proceso se incrementaron en un 40.9% y las sentencias condenatorias aumentaron un 50.6%.

Hernández Giadáns aseveró que se ha logrado un descenso del 11.7% en la incidencia general, respecto a los delitos de alto impacto.

El homicidio doloso y las extorsiones disminuyeron en un 10%, el delito de secuestro en un 59%, el feminicidio en un 19.2%, y el robo de vehículo automotor en un 21.3%.

Reconoció que persiste rezago heredado de administraciones anteriores en la resolución de carpetas iniciadas con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y con el sistema penal tradicional.

Pese a ello, puntualizó que existen avances para eliminar los pendientes, pues a la fecha se ha logrado abatir el 52% del rezago del Sistema Penal Acusatorio y un 80% en el Sistema Inquisitivo Penal.

Respecto a los registros de las carpetas, comentó que se solventó al 100 por ciento el rezago de administraciones pasadas y se realizaron las promociones de actualización pertinentes ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, dio a conocer que en materia de gestión administrativa se aplicó la homologación salarial de mil 294 servidores públicos, lo que significó una inversión de 56 millones de pesos beneficiando a 437 fiscales, 550 policías, 266 peritos y 41 fiscales facilitadores.

Se regularizó la situación laboral de 247 servidores públicos con más de 20 años de servicio y la entrega de estímulos económicos a 237 servidores públicos por años de servicio.

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