/ martes 30 de junio de 2020

Edel Álvarez y Charleston se van y a Gladys no la quieren como magistrada

Cuatro fueron propuestos por Fidel Herrera Beltrán y obtuvieron su nombramiento como magistrados en 2010

El próximo 30 de julio vence el nombramiento por diez años de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, Fernando Arturo Charleston Salinas, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y Víctor Manuel César Rincón. Por ley todos tendrían la posibilidad de reelegirse por un periodo de cinco años más; sin embargo, sólo César Rincón podría lograr este beneficio.

El Artículo 59 de la Constitución Política de Veracruz es clara al señalar que los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del gobernador del Estado.

Los cuatro fueron propuestos por el entonces mandatario estatal Fidel Herrera Beltrán y obtuvieron su nombramiento como magistrados por los integrantes de la LXI Legislatura el 30 de julio de 2010.

La ley establece el procedimiento para la ratificación de los magistrados en un período no mayor a seis meses, previo a la conclusión del cargo de diez años para el que fue nombrado, el Consejo de la Judicatura analizará su actuación y desempeño y con ello emitirá un dictamen técnico, que podrá ser favorable o no favorable, respecto de su ratificación.

El dictamen técnico, así como el expediente de cada uno de los magistrados, serán enviados al Congreso del Estado para su estudio en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de que se inició el procedimiento de ratificación.

En el documento se integra la información estadística del número y tipo de asuntos atendidos; estadística del tipo de recursos interpuestos ante la justicia federal en cuanto a sus resoluciones y sus resultados; quejas administrativas interpuestas y las resoluciones de las mismas, en su caso.

Los magistrados tienen la oportunidad de realizar una autoevaluación por escrito, expresando las razones por las cuales considera ser merecedor a la ratificación, misma que se agrega al dictamen al ser presentada por lo menos un mes antes de la fecha en que se deba remitir el dictamen correspondiente al Congreso del Estado.

El magistrado que finaliza el primer período en el cargo goza de presunción de aptitud para la ratificación y no tendrá la obligación de demostrar que es idóneo, pues al no haber sido cesado y llegar al final de su encargo se presume como apto y bastará con que no existan motivos que demeriten la actuación del magistrado para poder pronunciar un dictamen favorable.

Pese a ello los magistrados Edel Álvarez Peña, que se encuentra como visitador, y Fernando Charleston Salinas, que ocupa actualmente la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, no solicitaron su ratificación, por lo que a partir de este primero de julio dejarán los cargos que ejercieron.

Mientras que en el caso de la magistrada visitadora Gladys Pérez Maldonado, el dictamen para la ratificación que fue enviado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, al Congreso local va en sentido negativo, pero con la posibilidad de ampararse en caso de que tenga la intención de estar en el cargo por cinco años más.

El dictamen de la magistrada presidenta del Poder Judicial va en el sentido de ratificar por un periodo de cinco años más al magistrado César Rincón, quien actualmente es director de la Escuela Judicial del TSJE.

El próximo 30 de julio vence el nombramiento por diez años de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, Fernando Arturo Charleston Salinas, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y Víctor Manuel César Rincón. Por ley todos tendrían la posibilidad de reelegirse por un periodo de cinco años más; sin embargo, sólo César Rincón podría lograr este beneficio.

El Artículo 59 de la Constitución Política de Veracruz es clara al señalar que los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del gobernador del Estado.

Los cuatro fueron propuestos por el entonces mandatario estatal Fidel Herrera Beltrán y obtuvieron su nombramiento como magistrados por los integrantes de la LXI Legislatura el 30 de julio de 2010.

La ley establece el procedimiento para la ratificación de los magistrados en un período no mayor a seis meses, previo a la conclusión del cargo de diez años para el que fue nombrado, el Consejo de la Judicatura analizará su actuación y desempeño y con ello emitirá un dictamen técnico, que podrá ser favorable o no favorable, respecto de su ratificación.

El dictamen técnico, así como el expediente de cada uno de los magistrados, serán enviados al Congreso del Estado para su estudio en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de que se inició el procedimiento de ratificación.

En el documento se integra la información estadística del número y tipo de asuntos atendidos; estadística del tipo de recursos interpuestos ante la justicia federal en cuanto a sus resoluciones y sus resultados; quejas administrativas interpuestas y las resoluciones de las mismas, en su caso.

Los magistrados tienen la oportunidad de realizar una autoevaluación por escrito, expresando las razones por las cuales considera ser merecedor a la ratificación, misma que se agrega al dictamen al ser presentada por lo menos un mes antes de la fecha en que se deba remitir el dictamen correspondiente al Congreso del Estado.

El magistrado que finaliza el primer período en el cargo goza de presunción de aptitud para la ratificación y no tendrá la obligación de demostrar que es idóneo, pues al no haber sido cesado y llegar al final de su encargo se presume como apto y bastará con que no existan motivos que demeriten la actuación del magistrado para poder pronunciar un dictamen favorable.

Pese a ello los magistrados Edel Álvarez Peña, que se encuentra como visitador, y Fernando Charleston Salinas, que ocupa actualmente la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, no solicitaron su ratificación, por lo que a partir de este primero de julio dejarán los cargos que ejercieron.

Mientras que en el caso de la magistrada visitadora Gladys Pérez Maldonado, el dictamen para la ratificación que fue enviado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, al Congreso local va en sentido negativo, pero con la posibilidad de ampararse en caso de que tenga la intención de estar en el cargo por cinco años más.

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