En Veracruz, el 19.1 por ciento de la población vive en situación de discapacidad; a pesar del alto porcentaje, la inclusión aún es materia pendiente, coinciden personas en esta condición, familiares y activistas, quienes mantienen la fe y esperanza pero ven lentos los avances en el presente y a futuro.
Una mirada panorámica arroja una entidad sin transporte adaptado y sin un solo intérprete en Lengua de Señas Mexicana (LSM) en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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Además, hay un solo perito-intérprete en el Poder Judicial para garantizar a las personas con discapacidad auditiva el acceso a la justicia; no hay precedente en escaleras automáticas en calles empinadas ni carteles en sistemas alternativos de comunicación.
Los mencionados son solo algunos de los problemas existentes, los cuales, aseguran entrevistados, empezarán a resolverse cuando haya suma de voluntades de los tres órganos de gobierno y la sociedad también se involucre en el respeto a los derechos humanos y la generación de oportunidades.
“No basta con legislar y generar políticas públicas, es fundamental que los gobiernos sean inclusivos, que en todas las secretarías y dependencias se cuente con la participación de personas en situación de discapacidad”, expresa Karina Martínez Vera, directora del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral AC.
RETOS DEL HOY Y DEL FUTURO
Los activistas sociales Jorge Flores y Miguel Alejandro Mora, ambos con discapacidad motriz adquirida, así como Aarón Madrigal, con lesión medular, enfatizan la necesidad de servicio de transporte adaptado, rampas y aceras anchas para desplazarse, ya sea con muletas o con sillas de ruedas. Manifiestan son tres los retos principales en el estado.
David Alejandro Torres López, maestro en Necesidades Educativas Especiales, explica estos tres aspectos para mejorar la calidad de vida de quienes diariamente se enfrentan a distintos obstáculos.
El primero son los físicos y de transporte. En segundo lugar coloca lo económico, pues se requiere la creación de oportunidades laborales y edificios accesibles donde se privilegie el silencio y los colores claros con luz natural para no afectar a las personas con dificultades sensoriales.
El tercer aspecto es el social, con la generación de programas de inclusión a los espacios públicos que deben ser previamente adaptados, así como otros servicios de entretenimiento para todas las edades.
Nora Llerena González y Araceli Gutiérrez Rodríguez, madres de jóvenes con Síndrome de Down, exponen su deseo de ver que sus hijos sean tratados con dignidad y respeto por todas las personas.
También que cuenten con lo necesario para desarrollar y poner en práctica sus habilidades y puedan así generar ingresos para su subsistencia, en un entorno social seguro —para que no se aprovechen de ellos—, lo cual no significa que sean tratados como niños.
“Se debe cambiar la idea de paternalismo, porque la gente ve a una persona en situación de discapacidad como alguien a quien tiene que proteger, más que dejarla ser. Esa es una barrera que como mamá siempre veo”, expresa Nora Llerena.
LO EDUCATIVO
La educación inclusiva se tiene que dejar de ver como una metodología o como un valor porque es un derecho humano, declara Rosaura Demuner, directora de Crece: autismo y discapacidad intelectual AC.
Evidencia hay escuelas de educación especial en la entidad que ofrecen distintos talleres pero no cuentan con el equipo necesario; además, no fomentan los deportes ni las artes, que considera fundamentales para el desarrollo pleno.
La apuesta, dice, es lograr escuelas regulares con chicos en condición de discapacidad donde haya equipos interdisciplinarios compuestos por psicólogo, terapeuta, especialista en lenguaje o trabajador social capaz de brindar un apoyo real.
INSERCIÓN LABORAL
En lo laboral, Laura Guzzi, titular de la Supervisión Educación Especial de Banderilla, menciona que no solo es capacitarlos sino buscarles trabajo y hacerles entender a los empresarios que pueden dejar sus miedos atrás.
“Hay dos desafíos principales, que los padres ‘los suelten’ y vencer el desconocimiento y miedo de las empresas privadas. Creen que se trata de personas que requieren cuidados cuando en realidad son productivas. Tienen las mismas obligaciones que las demás y solo se hacen algunas adecuaciones”.
En ese sentido, el defensor de los derechos humanos y activista Jorge Hervias enfatiza que se deba ahondar en cómo se les nombra, porque desde allí ya se les pone una etiqueta.
Miguel Ángel Preciado López se refiere a las personas con discapacidad auditiva, quienes, dice, encuentran vulnerados sus derechos porque la sociedad los excluye. ¿Qué pasaría si el mundo fuera al revés, en total silencio?
Puntualiza que ser mujer u hombre en situación de discapacidad auditiva, sorda o sordo, es un tema de corresponsabilidad entre sociedad, gobierno e iniciativa privada.
“Debemos involucrarnos, ser más empáticos con los demás y lograr su participación plena en la sociedad, porque es una discapacidad invisible y quienes viven en esta circunstancia terminan siendo extranjeros en su propio país”.
