Falta de transparencia, disparidad en las cifras de aplicación de los recursos, gastos excesivos en algunos rubros y asignaciones de contratos de forma directa para la realización de obras son parte de las observaciones que se han hecho por algunos ediles del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, a cargo del morenista Víctor Manuel Carranza Rosaldo.
La síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Yazmín Martínez Irigoyen, dio a conocer que de acuerdo con el análisis que ha realizado de las cuentas, existen múltiples irregularidades en el uso y aplicación de los recursos municipales.
Acusó que en rubros como materiales y suministros, servicios generales, cuenta de diversos, convenciones y obra pública, existen inconsistencias.
“No se respeta el artículo 45 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en el que se establece que la comisión de Hacienda y Patrimonio se integra por el síndico y un regidor, quienes se encargarán de revisar los estados financieros mensuales, así como la Cuenta Pública anual que deberá presentar la Tesorería, pero eso no aplica porque no se nos considera para aplicar los recursos”, dijo.
Indicó que, además, se le impide firmar las órdenes de pago dentro de los mismos estados financieros, proceso del que debería estar a cargo.
Nos los presentan (los informes) el mismo día con unas gráficas de manera generalizada y no se especifica el presupuesto de manera detallada, dado que el mismo día se pasa al Cabildo para su aprobación, además no se permite que se puedan revisar de manera minuciosa los estados de cuenta.
Refirió que existe opacidad en la entrega y generación de información, ya que el día en que se va a hacer la entrega de un reporte relacionado con el uso de presupuesto únicamente se les otorgan cuadernillos con gráficas y cantidades generalizadas.
“Pretenden que se les aprueben los gastos ejercidos, pero no se especifica en cada partida cómo se enfocó el presupuesto, cuando se busca que se apruebe en Cabildo el reporte, éste se entrega dos horas antes de la sesión y sin datos específicos que permitan hacer un análisis del mismo”, comentó.
Destacó que en los procesos de obra éstas se han entregado, en su mayoría, bajo adjudicaciones directas y no por licitaciones.
Recordó que desde el primer semestre de 2018 ha entregado al Congreso local y al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) los reportes con las observaciones del uso de recursos.
“Toda la información, desde mediados de 2018, la he entregado al Orfis; al contralor del municipio como primera instancia auditora se les hizo conocer la información, he solicitado los datos completos, pero presidencia no me la entrega. Confío en el Orfis y en el Congreso, creo que en su momento habrá una respuesta apegada en legalidad y transparencia, es lo que se tiene que llevar a cabo en cada administración municipal, se requiere que haya transparencia, dado que se trata de recursos cuya aplicación debe quedar clara a los ciudadanos”, expresó.
VIOLENCIA POLÍTICA
La síndica consideró que ante las acusaciones que ha hecho sobre el uso irregular de recursos iniciaron los actos de acoso e intimidación en su contra por parte del alcalde.
“Desde que empecé, a mediados de 2018, a presentar las observaciones y a exigir que exista transparencia y manejo sano de los recursos sanos fue que iniciaron estas acusaciones”, manifestó.
Recordó que al presentar un juicio de protección de derechos políticos electorales la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le otorgó algunas acciones de protección.
Destacó que entre las medidas otorgadas por los magistrados de la Sala se encuentran la vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, se le informó a la Fiscalía General del Estado, órgano que debe darle seguimiento al acto de violencia política en razón de género que ejerce el alcalde en su contra y el OPLE tiene conocimiento de los hechos, con el fin de considerarlo en caso de que el alcalde quisiera volver a participar en algún proceso electoral.
El pasado 25 de marzo la Sala Regional brindó medidas de protección a la síndica por violencia política en razón de género que ejerció el alcalde Víctor Carranza en su contra.
Los magistrados resolvieron el juicio ciudadano 92/2020 promovido por Martínez Irigoyen.
Los magistrados analizaron la acusación de omisión de dictar medidas de protección a favor de la síndica.
“Se propone ordenar a la autoridad responsable atender las solicitudes de medidas de protección en los términos establecidos por el marco jurídico, que regula la atención de los asuntos en los que se plantean hechos constitutivos de violencia política en razón de género”, fue la resolución de los magistrados.
USO DE RECURSOS
A través de un documento que la síndica hizo llegar a Diario de Xalapa, correspondiente al análisis de los estados financieros del mes de abril del año en curso, se especifican algunas acciones que, conforme a su criterio, son irregulares respecto al uso de recursos.
En el mismo se indica que en cuentas por pagar existe un registro por el orden de los 348 millones 178 mil 935.03 pesos.
En el rubro de impuestos y retenciones por pagar se especifica la cantidad de 103 millones 14 mil 224.74 pesos, siendo que “se desconoce a qué terceros institucionales se les debe enterar estas retenciones porque no se informa de manera puntual”.
Refiere que en el rubro de Materiales y Suministros al corte del mes de marzo de este año el monto ejercido es de 6 millones 32 mil 032.76 pesos; sin embargo, se tiene un acumulado de 24 millones 280 mil 522.19 pesos.
Conforme al reporte, las partidas con mayor gasto son: materiales y útiles de oficina con 298 mil 056.92 pesos; material de limpieza con 466 mil 705.38 pesos; alimentos extraordinarios con 807 mil 247. 28 pesos; refacciones, accesorios y herramientas con 523 mil 477.08 pesos; material de mantenimiento y maquinaria con 529 mil 239.90 pesos; sustancias químicas con 196 mil 788.20 pesos; servicio médico, medicinas y equipo con 254 mil 231.10 pesos, y consumibles de oficina con 147 mil 614.93 pesos.
De lo anterior se destaca que la partida de alimentos extraordinarios, que tuvo un costo de 807 mil 247. 28 pesos durante el mes de marzo es un concepto que no está contemplado en los servicios a los que se refiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado.
En lo que corresponde al rubro de servicios generales se presenta un gasto mensual de 11 millones 455 mil 464.67 pesos, pero se presenta un acumulado según el estado financiero por el orden de los 86 millones 221 mil 372.44 pesos.
Las partidas con mayor gasto son: arrendamiento con equipo de transporte, por 837 mil 513.03 pesos; conservación y mantenimiento de equipo mobiliario, por 210 mil 952.03 pesos; conservación y mantenimiento de vehículos, por 172 mil 754.53 pesos; conservación y mantenimiento de maquinaria, por 217 mil 795.49 pesos; impresiones y publicaciones, por 2 millones 867 mil 893.17 pesos; congresos y convenciones, por 2 millones 189 mil 082.08 pesos; diversos, por un millón 292 mil 526.01 pesos, y servicios profesionales por un millón 124 mil 287.95 pesos.
En el rubro de ayudas, subsidios y transferencias se determina que el gasto mensual es de 3 millones 275 mil 702.51 pesos y el acumulado es por 38 millones 819 mil 118.45 pesos.
En ayudas sociales a personas se destinaron 589 mil 469.18 pesos; en ayudas sociales a instituciones 2 millones 574 mil 856.01 pesos, y en convenios 107 mil pesos. Para obras sociales se destinaron 8 millones 686 mil 314.52 pesos, “a la fecha no se ha presentado a la sindicatura contrato alguno con relación al gasto ejercido durante el presente ejercicio fiscal”.
