/ viernes 21 de agosto de 2020

En defensa de magistrados con amparos, buscarán echar abajo nombramientos otorgados por Congreso local

La magistrada Concepción Flores Saviaga dijo que dichos nombramientos se realizaron fuera de la ley

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Concepción Flores Saviaga, dio a conocer que sí se recurrirá a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo los nombramientos y las adscripciones de tres de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local el pasado 30 de julio.

En conferencia de prensa indicó que dichos nombramientos se realizaron fuera de la ley, ya que los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, que fueron destituidos por haber cumplido 70 años de edad, cuentan con amparos federales en los que se establece que deben ser restituido en el cargo.

Mientras que la magistrada Gladys Pérez Maldonado cuenta con un recurso federal con el que se impide que otra persona sea colocada en el cargo que ocupaba, previo a ser destituida por el Congreso local.

En ese sentido, la magistrada explicó que lo procedente sería que el Congreso local realizara una sesión en la que se revocara la determinación de incluir entre las vacancias los tres cargos de mencionados magistrados.

“Lo que procede es que, si legalmente el Congreso y el señor Gobernador quieren rectificar el error en el que incurrieron y no hacer presión política para no destituir a los compañeros es hacer una sesión del Congreso para revocar la determinación de incluir a las personas como vacantes”, expuso.

Ante ello, pidió a los magistrados que participaron en las sesiones del pleno del Tribunal el 13 de julio y 5 de agosto a firmar el documento con el que se presentará la controversia constitucional ante la Suprema Corte.

“Hago la convocatoria a los que estuvieron en la sesión a que no incurran en la irresponsabilidad y omisión de no hacer la controversia. A partir del 5 de agosto nos dimos a la tarea de integrar una comisión de la elaboración de la controversia y ya le presentamos el proyecto a la señora presidenta porque, en primer término, de acuerdo a la ley, ella representa al pleno, pero no es definitivo que si ella no la presenta no podamos hacer nada”, expresó.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Concepción Flores Saviaga, dio a conocer que sí se recurrirá a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo los nombramientos y las adscripciones de tres de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local el pasado 30 de julio.

En conferencia de prensa indicó que dichos nombramientos se realizaron fuera de la ley, ya que los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, que fueron destituidos por haber cumplido 70 años de edad, cuentan con amparos federales en los que se establece que deben ser restituido en el cargo.

Mientras que la magistrada Gladys Pérez Maldonado cuenta con un recurso federal con el que se impide que otra persona sea colocada en el cargo que ocupaba, previo a ser destituida por el Congreso local.

En ese sentido, la magistrada explicó que lo procedente sería que el Congreso local realizara una sesión en la que se revocara la determinación de incluir entre las vacancias los tres cargos de mencionados magistrados.

“Lo que procede es que, si legalmente el Congreso y el señor Gobernador quieren rectificar el error en el que incurrieron y no hacer presión política para no destituir a los compañeros es hacer una sesión del Congreso para revocar la determinación de incluir a las personas como vacantes”, expuso.

Ante ello, pidió a los magistrados que participaron en las sesiones del pleno del Tribunal el 13 de julio y 5 de agosto a firmar el documento con el que se presentará la controversia constitucional ante la Suprema Corte.

“Hago la convocatoria a los que estuvieron en la sesión a que no incurran en la irresponsabilidad y omisión de no hacer la controversia. A partir del 5 de agosto nos dimos a la tarea de integrar una comisión de la elaboración de la controversia y ya le presentamos el proyecto a la señora presidenta porque, en primer término, de acuerdo a la ley, ella representa al pleno, pero no es definitivo que si ella no la presenta no podamos hacer nada”, expresó.

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