Xalapa, Ver.-Se prevé que el próximo domingo se realice una sesión extraordinaria en el Congreso local, a fin de emitir el Dictamen con el que se buscará derogar el delito de ultrajes a la autoridad, del cual, a la fecha, la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la actual Legislatura tiene cuatro propuestas y dos solicitudes que le permiten emitir un acuerdo.
Este día, la Diputación Permanente del Congreso local sesionó y citó a una nueva sesión en la que, según lo dado a conocer por algunos legisladores, se pretende llamar a una extraordinaria, la cual tiene como fecha próxima el domingo 27 de febrero.
La derogación de este delito ha causado controversia. Grupos de abogados han solicitado que se derogue y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una recomendación en la que se pide al Estado que este delito sea eliminado del Código Penal del Estado.
La CNDH determinó que policías del Estado violaron los derechos humanos de seis jóvenes que fueron detenidos en la plaza El Tejar en Xalapa, por lo que estuvieron recluidos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, por más de tres meses.
Además, ordenó indemnizar a los jóvenes, un curso de capacitación a policías y ministeriales y al Estado le pidió derogar el delito de ultrajes a la autoridad
En tanto, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, consideró que la derogación de este delito podría abrir la puerta a los presuntos delincuentes presos en Veracruz, además de que significaría un negocio para algunos abogados que defenderían a quienes cometan el mismo.
Previo a la reforma al artículo 331 del Código Penal, aprobada en marzo pasado, se establecía que este delito sería castigado con una pena de seis meses a dos años como máximo, ya que se consideraba un delito menor.
Sin embargo, actualmente en el segundo párrafo de dicho artículo que se busca abrogar se establece que: Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a 40 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
Asimismo, se indica que dicha sanción se aplicará al responsable del delito en cualquiera de los supuestos siguientes: Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja
Iniciativas presentadas
En la sesión de este día el diputado de Morena, Luis Antonio Luna Rosales, presentó una iniciativa para reformar la fracción II y derogar la fracción IV del artículo 331 del Código Penal del Estado.
Con la reforma propuesta por el legislador se contempla que este delito sea aplicado en caso de que el delito se realice por medio de cualquier tipo de violencia física contra la víctima.
Y que se derogue la aplicación del mismo cuando “se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja”.
Asimismo, en los artículos transitorios contempla que los procedimientos iniciados antes de la vigencia del decreto continúen su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al momento de ser iniciados.
Mientras que las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado firme.
Las solicitudes previas
La primera iniciativa de reforma fue presentada el pasado 9 de diciembre el diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, quien argumentó que la reforma que se realizó a dicho artículo ha provocado abusos de las autoridades que, con los mínimos elementos jurídicos de prueba, ponen a disposición de la autoridad respectiva a ciudadanos indefensos que como único medio de prueba al que pueden acceder es su palabra.
Al subir a tribuna, manifestó que la parte acusadora, que en este caso es la autoridad, así como la parte investigadora y el juzgador son instancias que pueden llegar a tener interpretaciones al libre albedrío, lo que pone al acusado prácticamente en indefensión al pasar por tres instancias distintas.
Ese mismo día ingresó al pleno del Congreso local una petición firmada por abogados representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados de Veracruz en el mismo sentido.
Además, el pasado 14 de diciembre el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y en Defensa de los Derechos Humanos envío una solicitud al Congreso local para modificar la medida cautelar aplicada por el delito de ultrajes a la autoridad.
El grupo legislativo del PAN también presentó una iniciativa de decreto para derogar este delito, mismo que, de acuerdo al diputado Jaime de la Garza, en el estado se han registrado quejas de violación de derechos humanos y se mantiene en la cárcel a más de 2 mil 500 personas.
“Como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares, la redacción de los delitos mencionados es contraria al principio de certeza, que debe caracterizar a las normas jurídicas, especialmente en materia penal. Estos delitos, abarcan múltiples opciones sobre situaciones de realización incierta; además, el término “amenazar” o “agredir” da lugar a interpretaciones confusas, ambiguas y vagas, lo que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica” explicó.
A todo ello, se le suma el exhorto que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, envió al Congreso local para modificar el delito de ultrajes a la autoridad.
Tras aceptar la recomendación de la CNDH, el Gobernador remitió al Congreso local la iniciativa con la que se busca derogar este delito que, a propuesta del mismo Ejecutivo, fue modificado en marzo de 2020.
En la exposición de motivos se dio a conocer que, desde el 21 de diciembre del 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivado del expediente CNDH/2021/10689/Q emitió la recomendación 146/2021, en el que le pidió tomar acciones.
Mediante el accionar del proceso legislativo en el Estado, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del código penal para el estado, a fin de prevenir nuevas violaciones o derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esta entidad federativa", señala la iniciativa.
Con la propuesta de García Jiménez se busca eliminar en la totalidad el delito, que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el documento el Gobernador señaló que se dejará un vacío legal para tipificar las agresiones hacia los policías y elementos de seguridad pública al momento de hacer su deber.
"Es prudente señalar que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos humanos solicita la derogación del artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz; no obstante, el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los delitos graves y la prisión preventiva oficiosa en caso de que un delito se realice con medios violentos como armas y explosivos, por lo que se advierte que se dejaría un vacío legal para tipificar la conducta de agresión con medios violentos hacia servidores públicos, en específico a policías y elementos de seguridad en el cumplimiento de su deber", expone.
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Asimismo, indica que el hecho se realiza en cumplimiento a la recomendación de la CNDH.
"Con el fin de salvaguardar los derechos humanos en la entidad y atender el punto recomendatorio sexto se propone este proyecto, a fin de dar cumplimiento a la recomendación aceptada de manera total y en todos sus términos", detalla.
