/ jueves 4 de abril de 2019

En tres años, casi 5 mil casos de abusos contra adultos mayores en Veracruz

Delitos patrimoniales, lesiones y amenazas, los más denunciados en el estado

Al cierre de 2017, Veracruz alcanzó el cuarto lugar nacional en quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de los adultos mayores de 60 años, mientras que en el periodo 2014-2016 este sector registró casi 5 mil víctimas del delito, según el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México 2019, la entidad veracruzana registró un incremento en las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las personas mayores.

Entre enero de 2014 y febrero de 2016, Veracruz ocupó el décimo lugar nacional con 54 quejas recibidas; posteriormente, en el periodo marzo de 2016 al 31 de diciembre de 2017, la entidad subió a la cuarta posición con un registro de 78 quejas presentadas ante laCNDH.

En 2017, las cinco entidades con mayor proporción de quejas recibidas en la CNDH fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, Veracruz y Oaxaca.

Entre marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, se registraron 2 mil 126 quejas en contra del IMSS, el ISSSTE, la Sedesol y el Infonavit, señaladas como responsables de los abusos en agravio de los adultos mayores en el país.

Los derechos presuntamente violados corresponden en su mayoría al de seguridad jurídica, con 43 por ciento; le siguen, la protección a la salud, con 38 por ciento; derecho a la legalidad, con 9 por ciento; al trato digno, en 6 por ciento y el derecho de petición, el 4 por ciento de las quejas recibidas.

Asimismo, durante 2015 y 2016 la CNDH emitió cuatro recomendaciones dirigidas al ISSSTE y al IMSS por indebida atención médica y pérdida de la vida de personas mayores en Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Veracruz.

Por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz sólo reportó una queja en contra del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Poza Rica, por vulnerar el derecho a la legalidad y seguridad pública de un adulto mayor.

VÍCTIMAS DEL DELITO

El organismo nacional también dio a conocer que durante el periodo comprendido entre enero de 2014 y febrero de 2016 la Fiscalía General del Estado (FGE) había acumulado un total de 4 mil 968 denuncias por presuntos delitos contra las personas mayores en Veracruz.

En el mismo periodo, 4 mil 984 adultos mayores veracruzanos fueron víctimas de delitos patrimoniales, lesiones y amenazas.

En el periodo enero de 2014 a febrero de 2016 en el país se sumaron 34 mil 200 denuncias presentadas ante instancias de procuración de justicia; sin embargo, la CNDH refiere que ninguna contó con un registro o concentrado estatal de las investigaciones que se realizan.

A pesar de que el organismo autónomo señala que los datos proporcionados por las instancias estatales son escasos, se reconoció como sujetos activos del delito a 2 mil 945 familiares de las personas mayores agraviadas.

Del total de denuncias, 57 por ciento fueron por delitos patrimoniales (entre los que figuran el despojo, robo a casa habitación, de vehículos, fraude, daños en propiedad privada, allanamiento de morada; 16 por ciento, corresponde a violencia familiar; las lesiones, representaron el 8 por ciento; amenazas, 5 por ciento; homicidio, 4 por ciento; y en menor porcentaje se registraron ilícitos como violación y abuso sexual; privación ilegal de la libertad, abandono de persona, omisión de cuidados, entre otros.

EL ADULTO MAYOR

En la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, cerca de 7 millones 745 mil563 hogares tenían como jefe de familia a una persona mayor de 60 años, condición que se presentó principalmente en el Estado de México (582 mil 066), la Ciudad de México (439 mil 153) y Veracruz (378 mil 224).

En este periodo, en el país había cerca de 10 personas de 65 años y más por cada 100 en edad laboral.

Las entidades con una notable dependencia por razón de vejez fueron la Ciudad de México y Oaxaca, seguidas de Veracruz, Zacatecas, Michoacán, San LuisPotosí, Guerrero y Morelos, que presentan una relación de 12 personas mayores por cada 100 jóvenes.

RECOMENDACIONES

La CNDH recomendó a los gobernadores y legisladores del país alentar y favorecer los procesos de armonización de la normatividad estatal vigente en materia de personas mayores, así como promover la vinculación entre instituciones, dependencias, organismos autónomos, academia y organizaciones de la sociedad civil para construir una oferta de capacitación en materia de derechos humanos de las personas mayores dirigida a todo su personal para prevenir violaciones a los mismos.

A los titulares de instancias de Procuración de Justicia pidió facilitarla colaboración con los Sistemas-DIF estatales y otras instancias competentes en la investigación de presuntos casos de violencia contra la población mayor; también posibilitar el intercambio de información respecto a las características particulares de las personas mayores y el trámite de las diligencias de su competencia, con la finalidad de que se puedan adoptar las medidas más adecuadas para su bienestar.

Al cierre de 2017, Veracruz alcanzó el cuarto lugar nacional en quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de los adultos mayores de 60 años, mientras que en el periodo 2014-2016 este sector registró casi 5 mil víctimas del delito, según el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México 2019, la entidad veracruzana registró un incremento en las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las personas mayores.

Entre enero de 2014 y febrero de 2016, Veracruz ocupó el décimo lugar nacional con 54 quejas recibidas; posteriormente, en el periodo marzo de 2016 al 31 de diciembre de 2017, la entidad subió a la cuarta posición con un registro de 78 quejas presentadas ante laCNDH.

En 2017, las cinco entidades con mayor proporción de quejas recibidas en la CNDH fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, Veracruz y Oaxaca.

Entre marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, se registraron 2 mil 126 quejas en contra del IMSS, el ISSSTE, la Sedesol y el Infonavit, señaladas como responsables de los abusos en agravio de los adultos mayores en el país.

Los derechos presuntamente violados corresponden en su mayoría al de seguridad jurídica, con 43 por ciento; le siguen, la protección a la salud, con 38 por ciento; derecho a la legalidad, con 9 por ciento; al trato digno, en 6 por ciento y el derecho de petición, el 4 por ciento de las quejas recibidas.

Asimismo, durante 2015 y 2016 la CNDH emitió cuatro recomendaciones dirigidas al ISSSTE y al IMSS por indebida atención médica y pérdida de la vida de personas mayores en Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Veracruz.

Por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz sólo reportó una queja en contra del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Poza Rica, por vulnerar el derecho a la legalidad y seguridad pública de un adulto mayor.

VÍCTIMAS DEL DELITO

El organismo nacional también dio a conocer que durante el periodo comprendido entre enero de 2014 y febrero de 2016 la Fiscalía General del Estado (FGE) había acumulado un total de 4 mil 968 denuncias por presuntos delitos contra las personas mayores en Veracruz.

En el mismo periodo, 4 mil 984 adultos mayores veracruzanos fueron víctimas de delitos patrimoniales, lesiones y amenazas.

En el periodo enero de 2014 a febrero de 2016 en el país se sumaron 34 mil 200 denuncias presentadas ante instancias de procuración de justicia; sin embargo, la CNDH refiere que ninguna contó con un registro o concentrado estatal de las investigaciones que se realizan.

A pesar de que el organismo autónomo señala que los datos proporcionados por las instancias estatales son escasos, se reconoció como sujetos activos del delito a 2 mil 945 familiares de las personas mayores agraviadas.

Del total de denuncias, 57 por ciento fueron por delitos patrimoniales (entre los que figuran el despojo, robo a casa habitación, de vehículos, fraude, daños en propiedad privada, allanamiento de morada; 16 por ciento, corresponde a violencia familiar; las lesiones, representaron el 8 por ciento; amenazas, 5 por ciento; homicidio, 4 por ciento; y en menor porcentaje se registraron ilícitos como violación y abuso sexual; privación ilegal de la libertad, abandono de persona, omisión de cuidados, entre otros.

EL ADULTO MAYOR

En la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, cerca de 7 millones 745 mil563 hogares tenían como jefe de familia a una persona mayor de 60 años, condición que se presentó principalmente en el Estado de México (582 mil 066), la Ciudad de México (439 mil 153) y Veracruz (378 mil 224).

En este periodo, en el país había cerca de 10 personas de 65 años y más por cada 100 en edad laboral.

Las entidades con una notable dependencia por razón de vejez fueron la Ciudad de México y Oaxaca, seguidas de Veracruz, Zacatecas, Michoacán, San LuisPotosí, Guerrero y Morelos, que presentan una relación de 12 personas mayores por cada 100 jóvenes.

RECOMENDACIONES

La CNDH recomendó a los gobernadores y legisladores del país alentar y favorecer los procesos de armonización de la normatividad estatal vigente en materia de personas mayores, así como promover la vinculación entre instituciones, dependencias, organismos autónomos, academia y organizaciones de la sociedad civil para construir una oferta de capacitación en materia de derechos humanos de las personas mayores dirigida a todo su personal para prevenir violaciones a los mismos.

A los titulares de instancias de Procuración de Justicia pidió facilitarla colaboración con los Sistemas-DIF estatales y otras instancias competentes en la investigación de presuntos casos de violencia contra la población mayor; también posibilitar el intercambio de información respecto a las características particulares de las personas mayores y el trámite de las diligencias de su competencia, con la finalidad de que se puedan adoptar las medidas más adecuadas para su bienestar.

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