La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, señaló que en la revisión de la Cuenta Pública 2021, correspondiente al último año del ejercicio constitucional de los anteriores ayuntamientos, los actuales diputados locales que anteriormente fueron alcaldes deben excusarse para no generar conflicto de intereses.
Indicó que durante el proceso de fiscalización se genera información valiosa que los diputados van conociendo de primera mano, por lo que deben ser cuidadosos para evitar cualquier incidencia en los resultados.
“Yo estoy segura que hay la madurez y el profesionalismo de parte de ellos para no incidir o no pretender incidir en alguna situación”, expuso.
Destacó que en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas se prevén las excusas cuando se pueda generar algún conflicto de interés.
“En esos casos me parece que la Ley puede dar solución cuando hay intereses de los propios diputados en un tema en particular, ya sea porque ellos mismos pueden ser objeto de revisión de fiscalización o que algún familiar cercano esté en esa circunstancia. En esos casos debe haber una excusa”, dijo.
En la revisión se encuentran cuatro diputados locales que durante el ejercicio fiscal 2020 fueron observados por presunto daño patrimonial.
Se trata de Sergio Lenin Guzmán Ricardez, exalcalde de Morena en el municipio de Agua Dulce; Othón Hernández Candanedo, exalcalde panista de Misantla, quien actualmente es vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, instancia que revisa y dictamina las Cuentas Públicas.
Citlali Medellín Careaga, exalcaldesa por el Partido Verde Ecologista de México en Tamiahua.
Así como Luis Fernando Cervantes Cruz, exalcalde de Pueblo Viejo abanderado por PES, quien es secretario de la Comisión de Vigilancia.
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Entre los cuatro exalcaldes, ahora diputados locales, dejaron un presunto daño patrimonial por 17 millones 700 mil 729 pesos correspondiente a la Cuenta Pública 2020.
En la Cuenta Pública 2021 se auditará a partir de la segunda quincena de mayo Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, exalcalde de Agua Dulce, dejó un presunto daño patrimonial de un millón 709 mil 982.13 pesos; Othón Hernández Candanedo, exalcalde de Misantla, por 4 millones 66 mil 890.12 pesos; Citlali Medellín Careaga, exalcaldesa de Tamiahua, por 8 millones 696 mil 767.16 pesos y Luis Fernando Cervantes Cruz, exalcalde Pueblo Viejo, por 3 millones 227 mil 90.29 pesos
