La Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH conformada por 44 organizaciones de la sociedad civil, exhortó a los diputados locales a fortalecer sus competencias en materia del VIH-Sida en Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) para lograr la armonización de la legislación local con la federal, a fin de favorecer los principios pro persona y de progresividad de los derechos humanos.
Mediante un comunicado, firmado por Patricia Ponce Jiménez, vocera nacional de la Red, se recordó que el pasado 30 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la modificación al artículo 158 del Código Penal del Estado de Veracruz, realizada el primero de diciembre de 2015. Dicha modificación adicionó al artículo referente al “delito de peligro de contagio” el término “infecciones de transmisión sexual” a fin de que quienes las tuvieran pudieran ser sancionados “por poner en peligro de infectar a otras personas”, misma que fue invalidada por la SCJN.
Sin embargo, según señala el documento, el pasado 24 de mayo la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, María Elisa Manterola Sáinz, "aseguró en entrevistas realizadas en Xalapa, que las y los diputados no están obligados a acatar la resolución de la SCJN que declaró inconstitucional la reforma al Código Penal en el estado que tipifica el delito de contagio para las personas con VIH”.
"La diputada Manterola Sáinz afirmó 'que una vez que la SCJN notifique al Congreso, los diputados deberán analizar en comisiones si toman en cuenta o no las consideraciones de la Suprema Corte, puesto que no están obligados a sujetarse a lo que digan. Como Poder Legislativo tenemos que demostrar primeramente la autonomía, y demostrar lo que los veracruzanos nos exigen (…) Se tiene que analizar, tendrá que haber una respuesta de nuestra parte y las comisiones encargadas presentarán la propuesta'", expone el escrito.
Ante ello, se puntualizó que los principios pro persona y de progresividad de los derechos humanos son indispensables para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana.
Asimismo se señaló que la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, suscrita al HIV Justice Worldwide (Justicia por el VIH en todo el mundo) movimiento global para poner fin a la criminalización del VIH, pide que se respete la determinación de la SCJN, quien es el Máximo Tribunal Constitucional del país, en virtud de lo cual, tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar, de manera definitiva, otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad.
"La sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ya declaró la invalidez de la norma impugnada incluso con efectos retroactivos, por lo que el Congreso del Estado de manera libre, pero responsablemente, en uso de sus atribuciones legislativas deberá corregirla", indica el documento.
