Esta mañana familiares de policías fallecidos y expolicías se manifestaron en la Torre Central de la Secretaria de Seguridad Publica para solicitar el pago por indemnizaciones y liquidaciones, tras la desaparición de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlan-Coatzintla.
En el edificio ubicado en la calle Ignacio Zaragoza esquina con Leandro Valle, los manifestantes recordaron que dicha policía fue eliminada durante la administración de Javier "N" y como pago supuestamente les habrían dado cheques que no pudieron cobrar porque sus firmas fueron falsificadas.
¿Cuántos elementos fueron afectados?
Los manifestantes dieron a conocer que 430 elementos se quedaron sin empleo cuando la Policía Intermunicipal desapareció, sin que a la fecha las autoridades hayan resuelto la situación. De éstos, 25 elementos fallecieron en espera de su liquidación y más del 70 por ciento de los que aún viven padecen enfermedades crónicas degenerativas.
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Al respecto, Óscar Juárez Téllez, asesor jurídico de los manifestantes, dio a conocer que son más de 100 millones de pesos los que se les adeuda por concepto de liquidaciones.
“Eran más de 430 elementos que en ese momento daban servicio en la zona norte del estado y se les dio prácticamente cheques de hule para las diferentes antigüedades”, dijo.
Indicó que la denuncia 808/2019 se encuentra estancada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la falsificación de firmas en más de 400 cheques que se habían otorgado como parte de su liquidación.
La corporación local fue desmantelada para que asumiera el control la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tras presuntas anomalías y nexos de los elementos municipales con la delincuencia.
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¿Cuándo fueron despedidos los expolicías?
Los elementos fueron despedidos el 1 de julio de 2015, pero 19 días después, los cheques fueron cobrados a su nombre por otras personas.
La denuncia fue presentada el 24 de octubre de 2019 y ratificada el 5 de diciembre y en esta se señala al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, y al exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
“No hay avances en el proceso legal porque desde Seguridad Pública se ha negado información a la Fiscalía Anticorrupción para el seguimiento del caso”, expuso el abogado.
Los manifestantes dijeron tener audiencia con Ulises Rodríguez Landa, jefe de la Unidad Administrativa de la dependencia.
