/ martes 23 de julio de 2019

Extorsión no cede en Veracruz: mil 745 delitos en poco más de 4 años

Entre enero y mayo de este año, el mayor número de extorsiones ocurrió en abril con 53 casos denunciados, mientras que en mayo bajó a 47

Desde 2015 hasta mayo de 2019, en Veracruz se reportaron mil 745 delitos de extorsión, de los cuales las cifras más altas corresponden a los periodos 2017 y 2018; a pesar de la ligera disminución registrada este año, la entidad se mantiene en el cuarto lugar nacional con más carpetas de investigación iniciadas.

Considerada como un delito de alto impacto, pues afecta sensiblemente la percepción de inseguridad en la población —al igual que los homicidios dolosos, el secuestro y el robo— la extorsión en Veracruz no cede, pues a través de sus modalidades, en su mayoría, mediante la extorsión telefónica, la delincuencia logra enganchar a sus víctimas bajo amenazas y violencia psicológica.

Las estadísticas oficiales sobre denuncias por extorsión reportadas a las autoridades muestran un disparo en el incremento de este delito en la entidad, principalmente en la administración encabezada por Miguel Ángel Yunes Linares, aunque las denuncias venían en alza desde el periodo de Javier Duarte de Ochoa.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportan que en 2015 se integraron 126 carpetas de investigación por el delito de extorsión; en 2016, 192 casos; en 2017, 609 registros; en 2018, la cifra fue de 578 y hasta mayo de 2019 se registraron 240 casos.

Asimismo, en un comparativo entre los primeros cinco meses de 2019 y 2018, los casos de extorsión registrados para el actual periodo indican una ligera disminución al sumar 240 casos, mientras que en el periodo anterior alcanzó un total de 261 delitos, una variación de 8%.

Para el presente año, entre enero y mayo, el mayor número de extorsiones ocurrió en abril con 53 casos denunciados, mientras que en mayo bajó a 47.

Las entidades con mayor número de casos registrados son el Estado de México (791), Jalisco (395), Ciudad de México (394), Veracruz (240), Nuevo León (198), Tabasco (160), Zacatecas (138), Querétaro (105), Quintana Roo (103) y Baja California Sur (99).

En cambio, al realizar la conversión a tasas por cada 100 mil habitantes, los resultados arrojan que Veracruz ocupa la posición 14 con 2.90 delitos de extorsión por cada 100 mil habitantes, aún por encima del promedio nacional de 2.72, con ello la lista la encabezan Baja California Sur, Zacatecas, Tabasco, Quintana Roo, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes y Nuevo León.

Bajo esta medición, en el periodo 2015 hasta mayo de 2019, el delito de extorsión en la entidad veracruzana se incrementó durante los años 2017 y 2018, con promedios de 7.46 y 7.03 por cada 100 mil habitantes, respectivamente, y para este año descendió a 2.90 casos por cada 100 mil habitantes.

En 2015 el Centro Nacional de Información del SESNSP registró para Veracruz 1.57 delitos por cada 100 mil habitantes; en 2016, la cifra fue de2.37.

Por su parte, el Semáforo Delictivo en Veracruz registra a Coatzacoalcos, Xalapa, San Andrés Tuxtla, Ixtaczoquitlán, Martínez de la Torre, Minatitlán y Huatusco como los municipios con mayor número de casos de extorsión ocurridos el pasado mes de mayo.

ORÍGENES Y DINÁMICA

Según datos de la Policía Federal (PF), el fenómeno de la extorsión telefónica en México se originó a principios de 2000, con la ampliación del acceso a la telefonía celular, con ello los delincuentes utilizaron los aparatos de comunicación para contactar a sus posibles víctimas.

Desde situaciones de riesgo o peligro para la posible víctima y/o familiares, como amenazas de daño físico, patrimonial, secuestros de familiares, así como actividades de organizaciones delictivas que “vendían” seguridad, los mecanismos usados por la delincuencia evolucionaron hasta incluir falsos premios obtenidos.

En la extorsión la violencia psicológica es un elemento básico usado por la delincuencia para intimidar a las víctimas, las cuales —en su mayoría— son elegidas al azar, mediante el uso de directorios telefónicos, la obtención de datos personales a través de las redes sociales que comparte la propia persona, lo cual permite conocer su nivel socioeconómico y a su familia.

Asimismo, la amenaza y el engaño forman parte de la estrategia delincuencial para que las víctimas realicen depósitos de dinero.

El artículo 390 del Código Penal Federal considera que la extorsión la comete quien “sin derecho obligue a otro dar, hacer, dejar hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

También establece que a quien cometa este delito se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa. Las penas aumentarán hasta un tanto más si se realiza por una asociación delictuosa, un servidor público, exservidor público, o por miembro o exmiembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas.

Tanto en Veracruz como en el país las autoridades han encaminado sus acciones en la promoción de la denuncia en casos de extorsión, a través de números de emergencia; así como la difusión de recomendaciones para alentar a los ciudadanos a tomar las medidas de autocuidado y conocer los modos de operar de la delincuencia, sin embargo, no se ha logrado su erradicación.

De acuerdo con el reporte presentado por Insight Crime y la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Global Iniciative Against Transnational Organized Crime) titulado “Una Cultura Criminal: extorsión en Centroamérica”, de manera general, la extorsión se construye sobre amenazas de violencia, bajo un número de variables, “como la naturaleza de la amenaza y la forma de pago, o la fuente que da poder al extorsionador, que se unen para crear un abanico de diferentes tipos de extorsiones”.

Estos hallazgos sobre la operación del delito encuentra similitudes con casos reportados en México y en la entidad, convirtiéndose en una práctica común y preocupante que erosiona la seguridad ciudadana.

Una de estas modalidades es la extorsión telefónica, la más común, el extorsionador y la víctima nunca se encuentran físicamente. Y, regularmente, los grupos delincuenciales utilizan este tipo de extorsión cuando actúan desde los penales.

En Centroamérica, por ejemplo, los delincuentes dependen de sus cómplices fuera de prisión para cobrar el dinero o llevar a cabo amenazas de muerte si la víctima se resiste, también los grupos imitadores utilizan este método.

LLAMADAS DESDE CÁRCELES

Aunque la dinámica de la extorsión varía, diversos informes y estudios han apuntado que generalmente las llamadas telefónicas de extorsión provienen de centros penitenciarios.

Recientemente el obispo auxiliar de Xalapa, Rafael Palma Capetillo, dio a conocer que las extorsiones telefónicas de las que han sido víctimas los sacerdotes católicos proceden desde cárceles de Guadalajara o el Estado de México.

Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) también ha documentado que la extorsión telefónica se realiza desde centros de reclusión estatales y federales, a través de equipos celulares, a pesar de que por ley se estableció que todos los centros penitenciarios del país debieron adquirir un equipo inhibidor de frecuencias, regla que tuvo como plazo máximo el 1 de octubre de 2018.

Cabe recordar que el 4 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron los Lineamientos de Colaboración entre Autoridades Penitenciarias y los Concesionarios de Servicios de Telecomunicaciones y Bases Técnicas para la Instalación y Operación de Sistemas de Inhibición.

La Dirección General de Política Penitenciaria argumentó que en México, desde el interior de los centros penitenciarios y en coordinación con bandas delictivas en libertad, “se llevan a cabo delitos de extorsión con amenazas de secuestro o de muerte, y fraudes telefónicos contra la sociedad, así como acciones de amenaza a familiares de internos, intimidación de testigos, custodios y personal penitenciario”.

Dichos delitos se convirtieron en “asunto de prioridad nacional”; pero tales medidas no han detenido las llamadas de extorsión.

LAS TENDENCIAS

El delito de extorsión es cada vez más generalizada en el país, para este año alcanzó un total de 3 mil 424 denuncias, con la mayor cifra registrada en mayo, un acumulado de 697.

La práctica de esta conducta delictiva se ha incrustado en la vida diaria de ciudadanos, empresas, diversos sectores sociales, y ha permitido a los grupos delincuenciales establecer la extorsión como una fuente ingreso y una forma de vida.

Para Insight Crime, este delito causa daños intergeneracionales y a través de la violencia, obstaculiza el crecimiento potencial de individuos, familias, jóvenes, emprendedores y negocios establecidos.

En su investigación, además de ofrecer un amplio panorama de la naturaleza e impacto de los diferentes tipos de extorsión perpetrados por pandillas, particularmente en los tres países que conforman la región Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), documenta las estrategias de extorsión con la que operan y ofrece algunas respuestas implementadas para frenar la extorsión e iniciativas para mitigar el impacto de la delincuencia en la sociedad.

Entre los apuntes destacados por esta fundación dedicada a la investigación y análisis de las tendencias criminales en Latinoamérica, se detalla que en los casos en los que se ha involucrado a varios actores de la sociedad civil y la iniciativa privada, el potencial de impacto ha sido considerable y sugiere que un enfoque totalmente comunitario para enfrentar la extorsión puede ser una práctica propicia y replicable.

Desde 2015 hasta mayo de 2019, en Veracruz se reportaron mil 745 delitos de extorsión, de los cuales las cifras más altas corresponden a los periodos 2017 y 2018; a pesar de la ligera disminución registrada este año, la entidad se mantiene en el cuarto lugar nacional con más carpetas de investigación iniciadas.

Considerada como un delito de alto impacto, pues afecta sensiblemente la percepción de inseguridad en la población —al igual que los homicidios dolosos, el secuestro y el robo— la extorsión en Veracruz no cede, pues a través de sus modalidades, en su mayoría, mediante la extorsión telefónica, la delincuencia logra enganchar a sus víctimas bajo amenazas y violencia psicológica.

Las estadísticas oficiales sobre denuncias por extorsión reportadas a las autoridades muestran un disparo en el incremento de este delito en la entidad, principalmente en la administración encabezada por Miguel Ángel Yunes Linares, aunque las denuncias venían en alza desde el periodo de Javier Duarte de Ochoa.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportan que en 2015 se integraron 126 carpetas de investigación por el delito de extorsión; en 2016, 192 casos; en 2017, 609 registros; en 2018, la cifra fue de 578 y hasta mayo de 2019 se registraron 240 casos.

Asimismo, en un comparativo entre los primeros cinco meses de 2019 y 2018, los casos de extorsión registrados para el actual periodo indican una ligera disminución al sumar 240 casos, mientras que en el periodo anterior alcanzó un total de 261 delitos, una variación de 8%.

Para el presente año, entre enero y mayo, el mayor número de extorsiones ocurrió en abril con 53 casos denunciados, mientras que en mayo bajó a 47.

Las entidades con mayor número de casos registrados son el Estado de México (791), Jalisco (395), Ciudad de México (394), Veracruz (240), Nuevo León (198), Tabasco (160), Zacatecas (138), Querétaro (105), Quintana Roo (103) y Baja California Sur (99).

En cambio, al realizar la conversión a tasas por cada 100 mil habitantes, los resultados arrojan que Veracruz ocupa la posición 14 con 2.90 delitos de extorsión por cada 100 mil habitantes, aún por encima del promedio nacional de 2.72, con ello la lista la encabezan Baja California Sur, Zacatecas, Tabasco, Quintana Roo, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes y Nuevo León.

Bajo esta medición, en el periodo 2015 hasta mayo de 2019, el delito de extorsión en la entidad veracruzana se incrementó durante los años 2017 y 2018, con promedios de 7.46 y 7.03 por cada 100 mil habitantes, respectivamente, y para este año descendió a 2.90 casos por cada 100 mil habitantes.

En 2015 el Centro Nacional de Información del SESNSP registró para Veracruz 1.57 delitos por cada 100 mil habitantes; en 2016, la cifra fue de2.37.

Por su parte, el Semáforo Delictivo en Veracruz registra a Coatzacoalcos, Xalapa, San Andrés Tuxtla, Ixtaczoquitlán, Martínez de la Torre, Minatitlán y Huatusco como los municipios con mayor número de casos de extorsión ocurridos el pasado mes de mayo.

ORÍGENES Y DINÁMICA

Según datos de la Policía Federal (PF), el fenómeno de la extorsión telefónica en México se originó a principios de 2000, con la ampliación del acceso a la telefonía celular, con ello los delincuentes utilizaron los aparatos de comunicación para contactar a sus posibles víctimas.

Desde situaciones de riesgo o peligro para la posible víctima y/o familiares, como amenazas de daño físico, patrimonial, secuestros de familiares, así como actividades de organizaciones delictivas que “vendían” seguridad, los mecanismos usados por la delincuencia evolucionaron hasta incluir falsos premios obtenidos.

En la extorsión la violencia psicológica es un elemento básico usado por la delincuencia para intimidar a las víctimas, las cuales —en su mayoría— son elegidas al azar, mediante el uso de directorios telefónicos, la obtención de datos personales a través de las redes sociales que comparte la propia persona, lo cual permite conocer su nivel socioeconómico y a su familia.

Asimismo, la amenaza y el engaño forman parte de la estrategia delincuencial para que las víctimas realicen depósitos de dinero.

El artículo 390 del Código Penal Federal considera que la extorsión la comete quien “sin derecho obligue a otro dar, hacer, dejar hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

También establece que a quien cometa este delito se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa. Las penas aumentarán hasta un tanto más si se realiza por una asociación delictuosa, un servidor público, exservidor público, o por miembro o exmiembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas.

Tanto en Veracruz como en el país las autoridades han encaminado sus acciones en la promoción de la denuncia en casos de extorsión, a través de números de emergencia; así como la difusión de recomendaciones para alentar a los ciudadanos a tomar las medidas de autocuidado y conocer los modos de operar de la delincuencia, sin embargo, no se ha logrado su erradicación.

De acuerdo con el reporte presentado por Insight Crime y la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Global Iniciative Against Transnational Organized Crime) titulado “Una Cultura Criminal: extorsión en Centroamérica”, de manera general, la extorsión se construye sobre amenazas de violencia, bajo un número de variables, “como la naturaleza de la amenaza y la forma de pago, o la fuente que da poder al extorsionador, que se unen para crear un abanico de diferentes tipos de extorsiones”.

Estos hallazgos sobre la operación del delito encuentra similitudes con casos reportados en México y en la entidad, convirtiéndose en una práctica común y preocupante que erosiona la seguridad ciudadana.

Una de estas modalidades es la extorsión telefónica, la más común, el extorsionador y la víctima nunca se encuentran físicamente. Y, regularmente, los grupos delincuenciales utilizan este tipo de extorsión cuando actúan desde los penales.

En Centroamérica, por ejemplo, los delincuentes dependen de sus cómplices fuera de prisión para cobrar el dinero o llevar a cabo amenazas de muerte si la víctima se resiste, también los grupos imitadores utilizan este método.

LLAMADAS DESDE CÁRCELES

Aunque la dinámica de la extorsión varía, diversos informes y estudios han apuntado que generalmente las llamadas telefónicas de extorsión provienen de centros penitenciarios.

Recientemente el obispo auxiliar de Xalapa, Rafael Palma Capetillo, dio a conocer que las extorsiones telefónicas de las que han sido víctimas los sacerdotes católicos proceden desde cárceles de Guadalajara o el Estado de México.

Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) también ha documentado que la extorsión telefónica se realiza desde centros de reclusión estatales y federales, a través de equipos celulares, a pesar de que por ley se estableció que todos los centros penitenciarios del país debieron adquirir un equipo inhibidor de frecuencias, regla que tuvo como plazo máximo el 1 de octubre de 2018.

Cabe recordar que el 4 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron los Lineamientos de Colaboración entre Autoridades Penitenciarias y los Concesionarios de Servicios de Telecomunicaciones y Bases Técnicas para la Instalación y Operación de Sistemas de Inhibición.

La Dirección General de Política Penitenciaria argumentó que en México, desde el interior de los centros penitenciarios y en coordinación con bandas delictivas en libertad, “se llevan a cabo delitos de extorsión con amenazas de secuestro o de muerte, y fraudes telefónicos contra la sociedad, así como acciones de amenaza a familiares de internos, intimidación de testigos, custodios y personal penitenciario”.

Dichos delitos se convirtieron en “asunto de prioridad nacional”; pero tales medidas no han detenido las llamadas de extorsión.

LAS TENDENCIAS

El delito de extorsión es cada vez más generalizada en el país, para este año alcanzó un total de 3 mil 424 denuncias, con la mayor cifra registrada en mayo, un acumulado de 697.

La práctica de esta conducta delictiva se ha incrustado en la vida diaria de ciudadanos, empresas, diversos sectores sociales, y ha permitido a los grupos delincuenciales establecer la extorsión como una fuente ingreso y una forma de vida.

Para Insight Crime, este delito causa daños intergeneracionales y a través de la violencia, obstaculiza el crecimiento potencial de individuos, familias, jóvenes, emprendedores y negocios establecidos.

En su investigación, además de ofrecer un amplio panorama de la naturaleza e impacto de los diferentes tipos de extorsión perpetrados por pandillas, particularmente en los tres países que conforman la región Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), documenta las estrategias de extorsión con la que operan y ofrece algunas respuestas implementadas para frenar la extorsión e iniciativas para mitigar el impacto de la delincuencia en la sociedad.

Entre los apuntes destacados por esta fundación dedicada a la investigación y análisis de las tendencias criminales en Latinoamérica, se detalla que en los casos en los que se ha involucrado a varios actores de la sociedad civil y la iniciativa privada, el potencial de impacto ha sido considerable y sugiere que un enfoque totalmente comunitario para enfrentar la extorsión puede ser una práctica propicia y replicable.

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