Más allá del tema presupuestal, la falta de un penal en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río representa la violación de los derechos humanos y fundamentales de la población reclusa de al menos 10 municipios denuncia Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz.
El abogado detalla que desde hace más de 12 años, la población reclusa del distrito es dividida entre las cárceles de diversos puntos de la entidad lo que implica gastos de traslados para sus familiares y abogados.
"Esta violación abarca a los familiares de sus personas porque para visitarlos tienen que desplazarse para municipios como Papantla, Tuxpan, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y muchas veces no tienen los recursos económicos para desplazarse.
Lo mismo ocurre cuando tienen que contratar abogados que también tienen que acudir a asesorarlos", explica.
Detalla que el apoyo que las familias es fundamental ya que muchas veces son ellos quienes se encargan de proporcionar medicamentos a los reos.
Aunado a esto, Pozos Marín dio a conocer que debido a que los procesos penales se siguen llevando a cabo en el distrito judicial de Veracruz, durante las audiencias del proceso penal acusatorio o inquisitivo tiene que ser trasladados lo que en materia de Covid-19 implica además un riesgo en materia de salud.
"Se estableció un sistema de videoconferencias pero hay muchos centros que no cuentan con este sistema y eso complica las cosas", dijo Pozos Marín. desde hace más de 12 años la población reclusa del distrito y sus familiares se han visto perjudicados por lo que califican una violación a sus derechos humanos.
