/ martes 18 de agosto de 2020

Gobernador devuelve al Congreso iniciativas de violencia política y género

El objetivo es que sea discutida nuevamente en el Congreso local en un plazo no mayor a 15 días contando a partir de su recepción

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, devolvió al Congreso local el Decreto 582 que reformó diversas leyes en materia de paridad de género y violencia política en contra de las mujeres en razón de género y con el que se pretendía evitar que quienes hubieran cometido violencia política anteriormente pudieran postularse a cargos de elección popular.

El mandatario determinó devolver estas reformas al Congreso con observaciones, a fin de que sea discutida nuevamente en el Congreso local en un plazo no mayor a 15 días contando a partir de su recepción.

El documento llegó mediante la correspondencia que se leyó en la sesión de la Diputación Permanente, realizada este día.

En este se determina que el asunto se relaciona con las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vía Libre de Violencia, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y el Código Penal.

Las mismas contemplaban reformar ordenamientos estatales para hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación en materia político-electoral para las mujeres, como la armonización al Código Electoral estatal, la persona que haya sido sancionada o sentenciada por violencia política en razón de género no podrá cubrir el requisito de elegibilidad, si se postula a una candidatura, y se considerará como una falta grave si comenten violencia política contra mujeres que ejerzan un cargo público o político.

Los diputados aprobaron las reformas con 46 votos a favor con el objetivo de fortalecer la participación política de las mujeres en Veracruz y garantizar su acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de los procesos electorales en el desempeño de sus cargos públicos, y en todo tipo de participación o actuación en dicho ámbito.

El documento considera que la reforma federal aprobada en el Congreso de la Unión en febrero y frente al proceso electoral 2021 permitirá que más de siete millones de electores en la entidad decidan mediante el voto la integración de 30 diputaciones locales, 20 diputaciones federales de mayoría relativa y los gobiernos de los 212 municipios.

Con la aprobación del dictamen, se inscribe en el régimen local hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación en materia político y electoral para las mujeres inscribiendo que en Veracruz se previene, atiende y sanciona la violencia política contra las mujeres que pudieran impedir el acceso en condiciones de igualdad a los puestos de elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género.

Los partidos políticos o coaliciones deberán postular a mujeres en el 50% de sus candidaturas, tanto en la elección para diputaciones como para la conformación de los Ayuntamientos en los que también deberá prevalecer la paridad vertical, es decir, la alternancia de género en los cargos edilicios y en la conformación de las direcciones de los ayuntamientos.

Mientras que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Electoral se busca renovar el concepto de Violencia Política, dotando de nuevas atribuciones al OPLE como procurar el respeto de los derechos humanos de las mujeres, promover una cultura de la no violencia, prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, devolvió al Congreso local el Decreto 582 que reformó diversas leyes en materia de paridad de género y violencia política en contra de las mujeres en razón de género y con el que se pretendía evitar que quienes hubieran cometido violencia política anteriormente pudieran postularse a cargos de elección popular.

El mandatario determinó devolver estas reformas al Congreso con observaciones, a fin de que sea discutida nuevamente en el Congreso local en un plazo no mayor a 15 días contando a partir de su recepción.

El documento llegó mediante la correspondencia que se leyó en la sesión de la Diputación Permanente, realizada este día.

En este se determina que el asunto se relaciona con las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vía Libre de Violencia, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y el Código Penal.

Las mismas contemplaban reformar ordenamientos estatales para hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación en materia político-electoral para las mujeres, como la armonización al Código Electoral estatal, la persona que haya sido sancionada o sentenciada por violencia política en razón de género no podrá cubrir el requisito de elegibilidad, si se postula a una candidatura, y se considerará como una falta grave si comenten violencia política contra mujeres que ejerzan un cargo público o político.

Los diputados aprobaron las reformas con 46 votos a favor con el objetivo de fortalecer la participación política de las mujeres en Veracruz y garantizar su acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de los procesos electorales en el desempeño de sus cargos públicos, y en todo tipo de participación o actuación en dicho ámbito.

El documento considera que la reforma federal aprobada en el Congreso de la Unión en febrero y frente al proceso electoral 2021 permitirá que más de siete millones de electores en la entidad decidan mediante el voto la integración de 30 diputaciones locales, 20 diputaciones federales de mayoría relativa y los gobiernos de los 212 municipios.

Con la aprobación del dictamen, se inscribe en el régimen local hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación en materia político y electoral para las mujeres inscribiendo que en Veracruz se previene, atiende y sanciona la violencia política contra las mujeres que pudieran impedir el acceso en condiciones de igualdad a los puestos de elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género.

Los partidos políticos o coaliciones deberán postular a mujeres en el 50% de sus candidaturas, tanto en la elección para diputaciones como para la conformación de los Ayuntamientos en los que también deberá prevalecer la paridad vertical, es decir, la alternancia de género en los cargos edilicios y en la conformación de las direcciones de los ayuntamientos.

Mientras que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Electoral se busca renovar el concepto de Violencia Política, dotando de nuevas atribuciones al OPLE como procurar el respeto de los derechos humanos de las mujeres, promover una cultura de la no violencia, prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

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