El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, envió al Congreso local una iniciativa en la que se aplican modificaciones a los cargos de servicios de algunas dependencias, a fin de fortalecer la Hacienda y establecer el precio de permisos para fomentar la transparencia.
La iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Derechos para el Estado, incluye, además, modificaciones a los cobros de los 21 Institutos Tecnológicos de Educación Superior, las dos Universidades Tecnológicas, la Universidad Politécnica y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
En el documento se refiere que las modificaciones a las cantidades en el pago de derechos, establecidas en Unidades de Medida y Actualización, únicamente buscan resarcir a la Hacienda Pública respecto de la erogación para que el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos, costos que genera al aparato administrativo la prestación de los mismos.
“Las erogaciones que deben realizar las dependencias y entidades se cubrirán atendiendo a la capacidad económica de los contribuyentes permitiendo la continuidad de dichos servicios y el fortalecimiento de la Hacienda Pública”, expone.
En el documento se establece que se modificará el catálogo de servicios de la Secretaría de Medio Ambiente en relación con las Leyes Estatales de Protección Ambiental, Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, así como de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.
Se actualizarán los servicios y las cuotas de los catálogos de derechos que corresponden a las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud y la Contraloría General del Estado.
Asimismo, se contemplan modificaciones al catálogo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca para las actividades de pesca comercial y de fomento. En este caso, se establece que se buscan transparentar los permisos que se otorgan a quienes se dedican a la pesca y acuacultura, con lo que se otorga la certidumbre jurídica y, al mismo tiempo, se propicia una mejor supervisión y control sobre dichas actividades.
A fin de generar una mayor certidumbre jurídica respecto a los servicios que otorgan y las cuotas que cobran los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz se modificarán sus catálogos.
En las modificaciones a realizar se incluye el catálogo del Instituto Veracruzano del Deporte, ya que se pretende permitir mejores condiciones para fomentar y sustentar una práctica deportiva de pleno acceso a la ciudadanía y, con ello, mejorar la calidad de vida de la población veracruzana.
En el documento enviado por el mandatario estatal se considera necesario incluir en el catálogo de servicios al Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, a fin de brindar certeza jurídica respecto a sus costos y propiciar la transparencia para la recepción de los mismos, a través de la oficina virtual de Hacienda.
En la lista de modificaciones también se incluyen los 21 Institutos Tecnológicos de Educación Superior, las dos Universidades Tecnológicas y la Universidad Politécnica, con presencia en el territorio veracruzano.
“Los servicios que prestan estos entes de educación superior son objeto constante de análisis considerando que a cada organismo le corresponde una realidad distinta por la vasta geografía del territorio, que tienen diferente infraestructura, por lo que los servicios que prestan son diferentes y que todos estos derivan de su tarea principal que es la formación superior tecnológica de jóvenes veracruzanos a los que se les proporcionan las herramientas para una mejor calidad de vida y de aportar en beneficios de la sociedad veracruzana”, señala.
También se incorpora en el ordenamiento a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), misma que se considera un organismo descentralizado que proporciona servicios educativos y de capacitación con la finalidad de formar, en los niveles educativos medio superior y superior, estudiantes y egresados responsables. Esta adición contribuye a los principios de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción.
Finalmente, el titular del Ejecutivo refiere que la labor fundamental del Estado es establecer un marco jurídico acorde a la realidad socioeconómica, transparente y garante de los principios constitucionales y legales a las que deben sujetarse las contribuciones.
“Se debe considerar el principio de legalidad al que se debe circunscribir toda actuación del sector público y, al mismo tiempo, propiciar un escenario en el que la Administración Pública se encuentre en condiciones de favorecer el crecimiento económico de la entidad y el bienestar común”, concluye.
