Ciudad de México.- La iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, para cambiar el gasto de este año ante la crisis que se avecina por el coronavirus, lleva tintes de autoritarismo, buscando su aprobación en una sesión que se hace fuera de lo que establece la Ley, indicó el senador Julen Rementería del Puerto.
“No se puede ceder graciosamente todo el poder al Presidente, vulnerando los artículos que establece la constitución, concentrando en una sola persona poderes constitucionales que están destinados a poderes distintos”, explicó el senador.
En su calidad de integrante de la Comisión Permanente, Rementería del Puerto puntualizó que no se puede convocar a una sesión, exclusivamente para discutir una iniciativa que solo es para beneficiar a una persona, otorgándole más poder.
No sé cómo vamos a discutir o cómo se pretende convocar a un periodo extraordinario, que por su puesto 13 senadores vamos a votar en contra, como es mi caso, de que haya una sesión extraordinaria, un periodo extraordinario, exclusivamente para eso, como lo pretenden hacer, si no hay dictamen, no tenemos materia para poder llevar acabo un periodo extraordinario, no existe a la fecha y no lo existirá mañana, tampoco un dictamen
Asimismo, dijo que dicha propuesta vulnera claramente artículos de la constitución, el 49 y el 103, deja de lado lo que establece el 74 que son las facultades de la propia Cámara de Diputados y luego también vulnera la legalidad y certeza jurídica que están en el 14 y 16 constitucional.
Cabe destacar que la convocatoria es para todos los diputados y senadores nombrados por su respectiva Cámara para integrar la Comisión Permanente, y donde en este nuevo periodo de sesiones sólo estaría enfocado a debatir, votar y aprobar las reformas a la Ley de Responsabilidad Hacendaria propuestas por el Presidente de la República.
Estas darían al Ejecutivo Federal hacer cambios en el presupuesto de este año en casos de "emergencia económica", y poder así redirigir recursos a las obras o programas que él considere prioritarios; y dichas propuestas y cambios al artículo 21 establecerían y aplicarían a través de la Secretaría de Hacienda, sin considerar las opiniones diputados y senadores.
