/ viernes 26 de octubre de 2018

Irregularidades en recurso del Fondo Minero destinado para municipios veracruzanos

Actualmente, la Subsecretaría de Minería tiene registrados cinco proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero, todas de origen canadiense

Con retrasos en la ministración de recursos, obras incompletas e inconsistencias administrativas fueron ejercidos 11.5 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros en la entidad veracruzana, asignados por la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y provenientes de la recaudación de impuestos aplicados a la actividad minera.

Desde 2014 la SEDATU registró un saldo pendiente de 14 millones 466 mil 765.40 pesos para ejercer en la entidad veracruzana como parte del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero, asignados a obras del Gobierno del Estado y seis municipios: Coatzacoalcos, Huayacocotla, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, San Juan Evangelista y Chinameca.

En 2017, luego de diversas modificaciones en la lista de beneficiarios, proyectos y montos autorizados­ por parte de la SEDATU, esta dependencia federal autorizó un presupuesto total de 11 millones 557 mil 198.52 pesos para la entidad veracruzana, apoyada en la gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), a cargo de Alejandro Zairick Morante, como miembro del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en Veracruz.

Dichos recursos fueron distribuidos entre ocho proyectos de inversión física en beneficio de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan y San Juan Evangelista; sin embargo, de acuerdo con los Informes del Resultado de Fiscalización a las Cuentas Públicas 2017, realizado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), dichos municipios incurrieron en faltas administrativas graves con respecto al ejercicio del Fondo Minero.

Con un monto aprobado de un millón 451 mil 672.71 pesos para Coatzacoalcos, el Orfis detectó que la administración municipal, presidida por Joaquín Caballero Rosiñol, efectuó una erogación por concepto de anticipo de obra por un monto de 422 mil 436.75 pesos mismos que no fueron recuperados o amortizados al 31 de diciembre de 2017, por lo que pidió presentar las pólizas contables y la documentación comprobatoria de las erogaciones, pues con ello incumplieron los servidores públicos con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Código Hacendario del Municipio de Coatzacoalcos.

A través del Simver (Sistema de Información Municipal), el Ayuntamiento de Coatzacoalcos reportó que como parte del programa de urbanización municipal, una obra de pavimentación tuvo un costo total de un millón 391 mil 328.72 pesos y que, al cierre del ejercicio 2017, le fueron pagados en su totalidad el monto autorizado del Fondo Minero.

Mientras que en Ixhuatlán del Sureste, durante el gobierno de José Santos Luis Bartolo, contaron con 687 mil 399.59 pesos para la rehabilitación de una plazoleta ubicada en el centro de la cabecera municipal; sin embargo, los funcionarios públicos incumplieron con la Ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz, pues se detectaron faltantes en documentos de actas de entrega-recepción de la obra del contratista, así como el acta donde se señale a la comunidad que la obra está terminada.

Durante el ejercicio 2017, el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste no reportó acciones y obras relacionadas con el Fondo Minero, dentro del Simver.

En el municipio de San Juan Evangelista, en la gestión de Abel Vázquez González, se realizaron pagos de anticipo a contratistas, pero dichas erogaciones no fueron comprobadas. De 976 mil 377.82 pesos, como presupuesto autorizado del remanente del Fondo Minero, el gobierno municipal destinó 292 mil 913.35 pesos por concepto de anticipo de obra.

Durante el proceso de solventación al pliego de observaciones realizadas en la Cuenta Pública 2017, los servidores públicos argumentaron la falta de ministración de los recursos del Fondo Minero, asimismo presentaron oficios emitidos por el alcalde en los que solicitaba la liberación de los recursos.

Mientras tanto en el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales, el municipio de San Juan Evangelista reportó un avance de pago de 60.2% y un monto ejercido de 587 mil 641.52 pesos destinado al mantenimiento de un camino local rural.

En la administración de Miguel Ángel Bahena Viveros, el Ayuntamiento de Jáltipan contó con un presupuesto autorizado de un millón 485 mil 885.40 pesos para la ejecución de dos obras de pavimentación de calles, de las cuales el municipio reportó fotográficamente que se encontraban operando; sin embargo, en el proceso de auditoría técnica se detectó que una obra se ejecutó únicamente en 50%, “debido a que los recursos del fondo minero llegaron incompletos”.

Del total del remanente del Fondo Minero, Jáltipan ejerció el 70% (un millón 172 mil 250. 32 pesos), en el ejercicio fiscal 2017.

Es preciso señalar que el monto autorizado para el ejercicio fiscal 2017 (11.5 millones de pesos) se integró por recursos provenientes de los ejercicios 2014 y 2015 del Fondo Minero, de los cuales se destinaron 4 millones 997 mil pesos para la construcción de un edificio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV) Plantel número 19, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos; y 6 millones 560 mil 198.72 pesos fueron aprobados para la realización de proyectos de inversión física directa en Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan y San Juan Evangelista, como parte de los montos acumulados en los ejercicios 2014 (4.6 millones de pesos) y 2015 (1.9 millones de pesos).


FONDO MINERO, EN LA OPACIDAD

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros fue creado en 2014, derivado de la reforma a la Ley Federal de Derechos, y ha servido para compensar la explotación y obtención de minerales con una aportación en la infraestructura social en entidades y comunidades.

Se integra del 100% de la recaudación por el pago de nuevos derechos mineros, de los cuales 20% se destina a la Federación y 80% al Fondo Minero.

De acuerdo con la normatividad vigente, los recursos deberán ser usados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano, así como elevar la calidad de vida de habitantes de zonas de extracción minera.

En 2016, el Fondo dispuso de 2 mil 074 millones de pesos para ser ejercidos por 199 municipios de 25 estados. En 2017, la Secretaría de Economía reportó que por pago de derechos mineros se recaudaron 4 mil 206 millones de pesos.

Sin embargo, el Centro de Análisis e Investigación Fundar ha señalado inconsistencias en la recaudación de los ingresos del Fondo Minero, apoyados también en los datos aportados por la Cuenta Pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues no se cuenta con un padrón de concesiones mineras confiable, donde existen diferencias y variaciones en cuanto al número de concesiones mineras existentes.

Otra de las preocupaciones son las inconsistencias en la aplicación del Fondo: desde la integración de los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, que tienen como mandato definir el destino de los recursos provenientes en las entidades y municipios, hasta el destino del 20% de los recursos otorgados a la Federación y el 80% al Fondo Minero que va a entidades federativas (37.5%) y municipios (62.5%).

En su análisis, Fundar apunta que existen municipios que recibieron recursos del Fondo Minero, pero la mayoría de ellos ha reportado mucho menos de lo que recibieron; los casos más preocupantes se dan en municipios que no publican el destino de los recursos recibidos, o bien los informes de la SEDATU no lo reflejan.

En el caso de los Comités de Desarrollo Regional hasta ahora no se ha hecho pública la información sobre las personas que los integran, ni las minutas y los acuerdos a los que han llegado acerca de los Proyectos de Inversión Física aprobados, no existe alguna otra información que permita saber cómo se han tomados las decisiones para definir estos proyectos.

Al respecto, en el caso de Veracruz sólo se tiene registro que la instalación del Comité de Desarrollo Regional de Estados y Municipios Mineros fue el 26 de noviembre de 2015. Posteriormente, en el Primer Informe de Gobierno 2016-2017, la Sedecop dio a conocer que funge como representante del Gobierno del Estado dentro del Comité que está integrado “por distintos representantes de los tres órdenes de gobierno, las distintas comunidades indígenas o núcleos agrarios, así como de las empresas mineras”.

Hasta el momento se desconocen los nombres de dichos integrantes que tienen la encomienda de definir la aplicación de los recursos del Fondo Minero asignado a la entidad veracruzana.

Para Fundar es urgente mejorar los niveles de transparencia en todo lo que refiere al ejercicio del Fondo Minero, y recomienda que la Sedatu haga pública la información relacionada con la asignación, avance y grado de implementación de los proyectos de inversión física, que tanto la dependencia federal como los gobiernos estatales cumplan con lo que estipular la Ley Federal de Derechos y que publiquen trimestralmente, a través de su página oficial de internet la información relativa a los montos que reciban, y el ejercicio y destino del Fondo, pues al no hacerlo “la SEDATU está violando la ley”.

Asimismo considera que tanto la SE y la SEDATU deben realizar una evaluación profunda en el nivel municipal, para conocer la forma en que se han invertido los recursos del Fondo Minero y garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos.


LAS PROPUESTAS DE LA CAMIMEX

Actualmente para poder acceder a los recursos del Fondo Minero es necesario que los municipios presenten proyectos de inversión a la SEDATU con el monto preautorizado, y es el Comité de Desarrollo Regional de las Zonas Mineras el encargado de definir el destino de los recursos, de acuerdo con los proyectos de mayor impacto social para la región.

Sin embargo, en la reciente Asamblea General Ordinaria de la Cámara Minera de México (Camimex) se manifestó la propuesta de que las Reglas de Operación deben incluir que las empresas mineras puedan presentar proyectos para la aprobación del comité correspondiente y que éstos utilicen metodologías como las del “Presupuesto Participativo” en las que se identifiquen las necesidades de las comunidades para poder incluirlas en los proyectos.

También la Camimex considera necesario “destinar un porcentaje del Fondo Minero a la Dirección General de Minas (de la SE) como responsable de garantizar la seguridad jurídica de toda la actividad minera del país”.


PRODUCCIÓN Y PROYECTOS MINEROS

De acuerdo con el Informe Anual 2018 de la Camimex, la industria minero-metalúrgica generó —hasta diciembre de 2017— un total de 14 mil 273 empleos en la entidad veracruzana: las industrias metálicas básicas (9,155), empresas de productos de minerales no metálicos (3,253), grupo industrial de carbón, grafito y otros minerales no metalúrgicos (1,611), y las industrias de minerales metálicos (254).

Asimismo, durante 2017, en el municipio de Huayacocotla se generó la producción minera más destacada por parte de la entidad veracruzana con un registro de 2 mil 641 toneladas de caolín.

Por su parte la empresa Mexichem destaca por la producción de sal en el municipio de Jáltipan, para la industria del cloro. Y dentro de los estados con la producción más alta de arena sílica se ubica a Veracruz, Coahuila y Nuevo León.

Actualmente, la Subsecretaría de Minería, dependiente de la Secretaría de Economía (SE), tiene registrados cinco proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero dentro del estado de Veracruz, todas de origen canadiense: el proyecto “El Cobre”, a cargo de Almadex Minerals; el proyecto “Caballo Blanco”, de la empresa Candelaria Mining Corp; el proyecto “Tatatila”, de Chesapeake Gold Corp; los proyectos “La Miqueta” y “Las Minas”, de Mexican Gold Corp.

Dichos proyectos mineros se encuentran en etapa de exploración que corresponden a metales como el oro, plata, cobre y hierro.



Con retrasos en la ministración de recursos, obras incompletas e inconsistencias administrativas fueron ejercidos 11.5 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros en la entidad veracruzana, asignados por la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y provenientes de la recaudación de impuestos aplicados a la actividad minera.

Desde 2014 la SEDATU registró un saldo pendiente de 14 millones 466 mil 765.40 pesos para ejercer en la entidad veracruzana como parte del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero, asignados a obras del Gobierno del Estado y seis municipios: Coatzacoalcos, Huayacocotla, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, San Juan Evangelista y Chinameca.

En 2017, luego de diversas modificaciones en la lista de beneficiarios, proyectos y montos autorizados­ por parte de la SEDATU, esta dependencia federal autorizó un presupuesto total de 11 millones 557 mil 198.52 pesos para la entidad veracruzana, apoyada en la gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), a cargo de Alejandro Zairick Morante, como miembro del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en Veracruz.

Dichos recursos fueron distribuidos entre ocho proyectos de inversión física en beneficio de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan y San Juan Evangelista; sin embargo, de acuerdo con los Informes del Resultado de Fiscalización a las Cuentas Públicas 2017, realizado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), dichos municipios incurrieron en faltas administrativas graves con respecto al ejercicio del Fondo Minero.

Con un monto aprobado de un millón 451 mil 672.71 pesos para Coatzacoalcos, el Orfis detectó que la administración municipal, presidida por Joaquín Caballero Rosiñol, efectuó una erogación por concepto de anticipo de obra por un monto de 422 mil 436.75 pesos mismos que no fueron recuperados o amortizados al 31 de diciembre de 2017, por lo que pidió presentar las pólizas contables y la documentación comprobatoria de las erogaciones, pues con ello incumplieron los servidores públicos con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Código Hacendario del Municipio de Coatzacoalcos.

A través del Simver (Sistema de Información Municipal), el Ayuntamiento de Coatzacoalcos reportó que como parte del programa de urbanización municipal, una obra de pavimentación tuvo un costo total de un millón 391 mil 328.72 pesos y que, al cierre del ejercicio 2017, le fueron pagados en su totalidad el monto autorizado del Fondo Minero.

Mientras que en Ixhuatlán del Sureste, durante el gobierno de José Santos Luis Bartolo, contaron con 687 mil 399.59 pesos para la rehabilitación de una plazoleta ubicada en el centro de la cabecera municipal; sin embargo, los funcionarios públicos incumplieron con la Ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz, pues se detectaron faltantes en documentos de actas de entrega-recepción de la obra del contratista, así como el acta donde se señale a la comunidad que la obra está terminada.

Durante el ejercicio 2017, el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste no reportó acciones y obras relacionadas con el Fondo Minero, dentro del Simver.

En el municipio de San Juan Evangelista, en la gestión de Abel Vázquez González, se realizaron pagos de anticipo a contratistas, pero dichas erogaciones no fueron comprobadas. De 976 mil 377.82 pesos, como presupuesto autorizado del remanente del Fondo Minero, el gobierno municipal destinó 292 mil 913.35 pesos por concepto de anticipo de obra.

Durante el proceso de solventación al pliego de observaciones realizadas en la Cuenta Pública 2017, los servidores públicos argumentaron la falta de ministración de los recursos del Fondo Minero, asimismo presentaron oficios emitidos por el alcalde en los que solicitaba la liberación de los recursos.

Mientras tanto en el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales, el municipio de San Juan Evangelista reportó un avance de pago de 60.2% y un monto ejercido de 587 mil 641.52 pesos destinado al mantenimiento de un camino local rural.

En la administración de Miguel Ángel Bahena Viveros, el Ayuntamiento de Jáltipan contó con un presupuesto autorizado de un millón 485 mil 885.40 pesos para la ejecución de dos obras de pavimentación de calles, de las cuales el municipio reportó fotográficamente que se encontraban operando; sin embargo, en el proceso de auditoría técnica se detectó que una obra se ejecutó únicamente en 50%, “debido a que los recursos del fondo minero llegaron incompletos”.

Del total del remanente del Fondo Minero, Jáltipan ejerció el 70% (un millón 172 mil 250. 32 pesos), en el ejercicio fiscal 2017.

Es preciso señalar que el monto autorizado para el ejercicio fiscal 2017 (11.5 millones de pesos) se integró por recursos provenientes de los ejercicios 2014 y 2015 del Fondo Minero, de los cuales se destinaron 4 millones 997 mil pesos para la construcción de un edificio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV) Plantel número 19, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos; y 6 millones 560 mil 198.72 pesos fueron aprobados para la realización de proyectos de inversión física directa en Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan y San Juan Evangelista, como parte de los montos acumulados en los ejercicios 2014 (4.6 millones de pesos) y 2015 (1.9 millones de pesos).


FONDO MINERO, EN LA OPACIDAD

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros fue creado en 2014, derivado de la reforma a la Ley Federal de Derechos, y ha servido para compensar la explotación y obtención de minerales con una aportación en la infraestructura social en entidades y comunidades.

Se integra del 100% de la recaudación por el pago de nuevos derechos mineros, de los cuales 20% se destina a la Federación y 80% al Fondo Minero.

De acuerdo con la normatividad vigente, los recursos deberán ser usados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano, así como elevar la calidad de vida de habitantes de zonas de extracción minera.

En 2016, el Fondo dispuso de 2 mil 074 millones de pesos para ser ejercidos por 199 municipios de 25 estados. En 2017, la Secretaría de Economía reportó que por pago de derechos mineros se recaudaron 4 mil 206 millones de pesos.

Sin embargo, el Centro de Análisis e Investigación Fundar ha señalado inconsistencias en la recaudación de los ingresos del Fondo Minero, apoyados también en los datos aportados por la Cuenta Pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues no se cuenta con un padrón de concesiones mineras confiable, donde existen diferencias y variaciones en cuanto al número de concesiones mineras existentes.

Otra de las preocupaciones son las inconsistencias en la aplicación del Fondo: desde la integración de los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, que tienen como mandato definir el destino de los recursos provenientes en las entidades y municipios, hasta el destino del 20% de los recursos otorgados a la Federación y el 80% al Fondo Minero que va a entidades federativas (37.5%) y municipios (62.5%).

En su análisis, Fundar apunta que existen municipios que recibieron recursos del Fondo Minero, pero la mayoría de ellos ha reportado mucho menos de lo que recibieron; los casos más preocupantes se dan en municipios que no publican el destino de los recursos recibidos, o bien los informes de la SEDATU no lo reflejan.

En el caso de los Comités de Desarrollo Regional hasta ahora no se ha hecho pública la información sobre las personas que los integran, ni las minutas y los acuerdos a los que han llegado acerca de los Proyectos de Inversión Física aprobados, no existe alguna otra información que permita saber cómo se han tomados las decisiones para definir estos proyectos.

Al respecto, en el caso de Veracruz sólo se tiene registro que la instalación del Comité de Desarrollo Regional de Estados y Municipios Mineros fue el 26 de noviembre de 2015. Posteriormente, en el Primer Informe de Gobierno 2016-2017, la Sedecop dio a conocer que funge como representante del Gobierno del Estado dentro del Comité que está integrado “por distintos representantes de los tres órdenes de gobierno, las distintas comunidades indígenas o núcleos agrarios, así como de las empresas mineras”.

Hasta el momento se desconocen los nombres de dichos integrantes que tienen la encomienda de definir la aplicación de los recursos del Fondo Minero asignado a la entidad veracruzana.

Para Fundar es urgente mejorar los niveles de transparencia en todo lo que refiere al ejercicio del Fondo Minero, y recomienda que la Sedatu haga pública la información relacionada con la asignación, avance y grado de implementación de los proyectos de inversión física, que tanto la dependencia federal como los gobiernos estatales cumplan con lo que estipular la Ley Federal de Derechos y que publiquen trimestralmente, a través de su página oficial de internet la información relativa a los montos que reciban, y el ejercicio y destino del Fondo, pues al no hacerlo “la SEDATU está violando la ley”.

Asimismo considera que tanto la SE y la SEDATU deben realizar una evaluación profunda en el nivel municipal, para conocer la forma en que se han invertido los recursos del Fondo Minero y garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos.


LAS PROPUESTAS DE LA CAMIMEX

Actualmente para poder acceder a los recursos del Fondo Minero es necesario que los municipios presenten proyectos de inversión a la SEDATU con el monto preautorizado, y es el Comité de Desarrollo Regional de las Zonas Mineras el encargado de definir el destino de los recursos, de acuerdo con los proyectos de mayor impacto social para la región.

Sin embargo, en la reciente Asamblea General Ordinaria de la Cámara Minera de México (Camimex) se manifestó la propuesta de que las Reglas de Operación deben incluir que las empresas mineras puedan presentar proyectos para la aprobación del comité correspondiente y que éstos utilicen metodologías como las del “Presupuesto Participativo” en las que se identifiquen las necesidades de las comunidades para poder incluirlas en los proyectos.

También la Camimex considera necesario “destinar un porcentaje del Fondo Minero a la Dirección General de Minas (de la SE) como responsable de garantizar la seguridad jurídica de toda la actividad minera del país”.


PRODUCCIÓN Y PROYECTOS MINEROS

De acuerdo con el Informe Anual 2018 de la Camimex, la industria minero-metalúrgica generó —hasta diciembre de 2017— un total de 14 mil 273 empleos en la entidad veracruzana: las industrias metálicas básicas (9,155), empresas de productos de minerales no metálicos (3,253), grupo industrial de carbón, grafito y otros minerales no metalúrgicos (1,611), y las industrias de minerales metálicos (254).

Asimismo, durante 2017, en el municipio de Huayacocotla se generó la producción minera más destacada por parte de la entidad veracruzana con un registro de 2 mil 641 toneladas de caolín.

Por su parte la empresa Mexichem destaca por la producción de sal en el municipio de Jáltipan, para la industria del cloro. Y dentro de los estados con la producción más alta de arena sílica se ubica a Veracruz, Coahuila y Nuevo León.

Actualmente, la Subsecretaría de Minería, dependiente de la Secretaría de Economía (SE), tiene registrados cinco proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero dentro del estado de Veracruz, todas de origen canadiense: el proyecto “El Cobre”, a cargo de Almadex Minerals; el proyecto “Caballo Blanco”, de la empresa Candelaria Mining Corp; el proyecto “Tatatila”, de Chesapeake Gold Corp; los proyectos “La Miqueta” y “Las Minas”, de Mexican Gold Corp.

Dichos proyectos mineros se encuentran en etapa de exploración que corresponden a metales como el oro, plata, cobre y hierro.



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