Después de la ceremonia de toma de protesta yo estaba realmente inquieto y con muchas preguntas por hacer, como dicen ahora los muchachos: “sacado de onda”.
Nunca había estado en mis planes trabajar para la administración pública, jamás me había planteado la posibilidad de ocupar un puesto destacado como el de Contralor General del Gobierno del Estado y ni siquiera se me había ocurrido hablar de eso con nadie.
Mi primera reflexión fue que las miles de auditorías en las que había participado, muchas de ellas para dependencias públicas federales, estatales y municipales, mi trato con cientos de servidores públicos de distintas administraciones, el contacto que habíamos tenido durante las campañas electorales y el hecho de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, muy probablemente habían sido las razones por las que el Gobernador me había nombrado.
Casi de inmediato me hicieron pasar a su despacho; lo recuerdo sentado en su escritorio, con un librero repleto de libros detrás de él. Apenas me vio empezó a reír y me dijo: ya sé que nunca te dije nada, pero ahora tienes mucho trabajo por hacer. Yo no he estado acostumbrado nunca a las formalidades políticas y aunque siempre trato de ser respetuoso, no pude evitar bombardearlo con preguntas y, evidentemente, todas y cada una de ellas las estaba esperando.
Mi conclusión –aunque nunca me lo expresó directamente— es que probablemente pensó que si me hacía una invitación formal, probablemente yo habría declinado. La verdad es que a estas alturas, partiendo del principio de que el “hubiera” no existe, es ya irrelevante, porque rendí protesta, acepté el nombramiento y, tampoco voy a negar que si bien no tuve tiempo para reflexionarlo, el asunto me emocionó y se convirtió en un nuevo reto profesional que asumí con mucho entusiasmo y ganas.
Recuerdo haberle dicho que él ya sabía de mi carácter, de mi imposibilidad estructural para callarme las cosas con las que no estaba yo de acuerdo y que mucho menos podía ser cómplice de nadie. Volvió a sonreír y me dijo que precisamente por eso me había escogido. Le pregunté exactamente qué esperaba de mí y su respuesta fue clara y precisa, de hecho la memoricé: “quiero un gobierno ordenado y eficaz y nadie mejor que tú para ayudarme a lograrlo”.
Me pidió que pusiera especial atención al registro patrimonial de los servidores públicos y, al menos durante el tiempo en que estuve a cargo de la Contraloría, puedo decir que dicho registro se hizo a conciencia, realizando los análisis de evolución patrimonial que ordena la ley. No sé qué ocurrió con todo ese trabajo después de mi salida de la Contraloría, pero por fortuna, durante la primera parte del gobierno el censo de los bienes e ingresos de los funcionarios se realizó con rigor, verificando por ejemplo la congruencia entre las declaraciones de impuestos y las patrimoniales.
Yo no tenía compromisos con nadie y tampoco un equipo al que darle “huesos”, así que contrariamente a lo que suele ocurrir en la administración pública, empecé por darle un voto de confianza a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y, si bien en la mayoría de los casos los rotamos y cambiamos de adscripción, permitimos que tuvieran la oportunidad de mostrar sus capacidades y su trabajo honesto. Varios de ellos decidieron por sí mismos renunciar y fue de manera paulatina y progresiva que logramos integrar un conjunto de servidores públicos no sólo honorables, sino también responsables y “entrones”, listos para ejercer sus deberes sin temor.
El Gobernador dispuso que toda la deuda heredada de las anteriores administraciones fuera rigurosamente revisada por la Contraloría. Y así se hizo. Lo primero que aseguramos fue que todos los compromisos y gravámenes de cualquier tipo estuvieran soportados, acreditados y, lo más importante, registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Puedo decir con mucho orgullo que está documentado y probado que en la revisión de pasivos le ahorramos al Gobierno de Veracruz casi cinco mil millones de pesos, gracias a que las deudas se verificaron a detalle, las obras y servicios se supervisaron, se evitaron cobros duplicados y se cancelaron facturas que dictaminamos improcedentes; el Gobierno no tuvo que enfrentar ningún litigio y, en cambio, logramos esas importantes economías.
Personalmente y junto con un numeroso equipo de trabajo, recibimos a decenas de proveedores, de los que recuerdo especialmente a dos: Transportes Chiltoyac y una modesta óptica del centro de Xalapa que durante años estuvieron intentando cobrar sin éxito pequeños adeudos; apenas comprobamos que realmente habían prestado sus servicios y que ello estaba correctamente documentado, la Secretaría de Finanzas les liquidó. Como esos, hubo muchos otros actos de “justicia administrativa”, pero también cancelamos decenas de contratos y órdenes de pago que no cumplían con los requisitos de ley.Algo de mucha relevancia, no sólo para el orden legal sino para el correcto funcionamiento del Gobierno, fue la confección de nuevos manuales de organización y de procedimientos para todas las dependencias.
Nos esforzamos mucho en trascender el enfoque burocrático y superar la idea de sólo cumplir el mero requisito, aprovechando la oportunidad para dotar a las oficinas estatales de sistemas de trabajo y de un marco operativo claro y posible, facilitador de sus funciones y orientado a servir a la gente; por supuesto no fueron documentos impuestos por la Contraloría General sino consensuados con las distintas áreas, bajo un conjunto de principios homogéneos, orientados a la productividad y la transparencia y producto de miles de horas de trabajo de servidores públicos y de especialistas en administración y procedimientos.Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Apenas empezaba la administración, recibimos verdaderas legiones de auditores, sobre todo de la Auditoría Superior de la Federación; un camino largo, complejo y con muchas secuelas, del que hablaré en mi próxima colaboración.
