/ viernes 23 de agosto de 2019

La criminalidad aumenta, los errores de Gobernación contribuyen en favor de la delincuencia

No hay una razón de estado para comprar voluntades de los jefes de cárteles y cartelitos para que sus huestes depongan las armas a cambio de dinero y proyectos productivos. La titular de Gobernación no es la primera vez que por el mal desempeño de su altísima responsabilidad comete errores garrafales que su jefe ha tenido que aclarar.

El primer error en política fue rechazar la propuesta de AMLO para la reducción a salarios de ministros, sin tener la prudencia de esperar sus efectos. Se le olvidó a la titular de Gobernación la recomendación de Maquiavelo a los príncipes: para mantener un estado tranquilo no hay que afectar el bolsillo de los colaboradores, a los subalternos importa más su salario que sus propias familias y la dignidad y el honor. De pena ajena la antes egregia figura de la exministra, ahora secretaria de Gobernación en las conferencias mañaneras donde ni siquiera recibió atenciones, dada su condición de mujer y su edad. Que se sepa, doña Olga nunca anduvo tras de un “hueso”, por ello debía reflexionar y en el momento más adecuado para su persona, renunciar al cargo.

Un presidente sin fuero y sin revocación de mandato fueron otros de los errores de Sánchez Cordero, el colmo de las propuestas de doña Olga es la Ley de Amnistía, sin castigo a culpables. ¿Y las víctimas? ¿Y sus familias? ¿No cuentan para el gobierno de la 4a. Transformación, ni para el nuevo régimen político? ¿Dónde quedó la Justicia sin perdón, ni olvido?

Crímenes dolosos, asesinatos en contra de familias enteras, secuestros, levantones y un promedio de 200 mil desaparecidos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, son apenas hechos que las fuerzas de seguridad pública no han podido combatir, por la protección institucional que garantiza la impunidad.

Obsoleta quedó la Ley de Atención a Víctimas que imponía una carga al gobierno para medio resarcir a familiares de las víctimas de los delitos mencionados; pero el presupuesto público no da para tanto y los titulares de la Hacienda Pública no han encontrado la fórmula para aumentar los ingresos, disminuir el gasto público e incrementar las partidas presupuestales para sufragar las indemnizaciones que proceden por la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas.

Doña Olga: El pueblo bueno espera justicia sancionadora y distributiva para las víctimas, en vez de comprar voluntades de los criminales al costo que sea.


No hay una razón de estado para comprar voluntades de los jefes de cárteles y cartelitos para que sus huestes depongan las armas a cambio de dinero y proyectos productivos. La titular de Gobernación no es la primera vez que por el mal desempeño de su altísima responsabilidad comete errores garrafales que su jefe ha tenido que aclarar.

El primer error en política fue rechazar la propuesta de AMLO para la reducción a salarios de ministros, sin tener la prudencia de esperar sus efectos. Se le olvidó a la titular de Gobernación la recomendación de Maquiavelo a los príncipes: para mantener un estado tranquilo no hay que afectar el bolsillo de los colaboradores, a los subalternos importa más su salario que sus propias familias y la dignidad y el honor. De pena ajena la antes egregia figura de la exministra, ahora secretaria de Gobernación en las conferencias mañaneras donde ni siquiera recibió atenciones, dada su condición de mujer y su edad. Que se sepa, doña Olga nunca anduvo tras de un “hueso”, por ello debía reflexionar y en el momento más adecuado para su persona, renunciar al cargo.

Un presidente sin fuero y sin revocación de mandato fueron otros de los errores de Sánchez Cordero, el colmo de las propuestas de doña Olga es la Ley de Amnistía, sin castigo a culpables. ¿Y las víctimas? ¿Y sus familias? ¿No cuentan para el gobierno de la 4a. Transformación, ni para el nuevo régimen político? ¿Dónde quedó la Justicia sin perdón, ni olvido?

Crímenes dolosos, asesinatos en contra de familias enteras, secuestros, levantones y un promedio de 200 mil desaparecidos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, son apenas hechos que las fuerzas de seguridad pública no han podido combatir, por la protección institucional que garantiza la impunidad.

Obsoleta quedó la Ley de Atención a Víctimas que imponía una carga al gobierno para medio resarcir a familiares de las víctimas de los delitos mencionados; pero el presupuesto público no da para tanto y los titulares de la Hacienda Pública no han encontrado la fórmula para aumentar los ingresos, disminuir el gasto público e incrementar las partidas presupuestales para sufragar las indemnizaciones que proceden por la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas.

Doña Olga: El pueblo bueno espera justicia sancionadora y distributiva para las víctimas, en vez de comprar voluntades de los criminales al costo que sea.